Megacausa 14: particularidades del juicio más grande de la provincia

Fotografía de Elías Cura - El Diario del Juicio

Esta semana empiezan los alegatos en la Megacausa 14. “La particularidad más importante es que se trata del juicio más grande”, señala el fiscal Pablo Camuña refiriéndose al proceso en el que se juzga a 25 imputados –entre ex miembros de la policía local, la Gendarmería Nacional y el Ejército- por un total de 335 casos de violaciones a los derechos humanos. Pero más allá de eso, tanto para militantes de derechos humanos, familiares y abogados como para los mismos trabajadores del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOCF) es un juicio diferente. Para entender por qué hay que tener en cuenta:

Que los hechos que se juzgan se cometieron durante el período anterior a la dictadura militar, conocido como Operativo Independencia (febrero 1975 - marzo 1976). Que esta es una segunda parte de la megacausa llamada Operativo Independencia I, en tanto existe Operativo Independencia II. Que si bien estos casos ya fueron juzgados en esa primera parte, ahora son otros los imputados, pero también se sumaron casos de juicios concluidos como Jefatura II - Arsenales. Que la pandemia y su consecuente aislamiento planteó un nuevo escenario y nuevas estrategias para darle continuidad a las audiencias.

Megacausa 14: Operativo Independencia I - segunda parte

Cada juicio que se realizó en la provincia tiene un nombre que lo identifica públicamente, sea este por centro clandestino de detención o por el nombre de alguna causa o algún imputado en particular. Así, por ejemplo, se habla de Jefatura I para referirse a una de las primeras megacausas en las que se encuentran acumulados los casos de víctimas que estuvieron detenidos ilegalmente en el edificio de la Jefatura de Policía. O de Jefatura II - Arsenales, que da cuenta de un circuito represivo. O la causa Vargas Aignasse, el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia, en 2008, en el que fueron condenados Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. 

Esta megacausa es una segunda parte de otra que se realizó entre 2016 y 2017: Operativo Independencia I. “Pero no es Operativo II, que está aún en investigación”, explica Camuña. Lo que ocurrió es que esta megacausa se separó en dos partes con un criterio inusual: autorías materiales y mediatas por un lado, y partícipes necesarios, por el otro. “Nosotros hemos presentado un solo requerimiento de instrucción con 270 casos y 120 imputados, y el juzgado tomó la decisión de dividirlo en dos partes. Entonces hablamos de Operativo I primera parte -2016/17- y Operativo I segunda parte, iniciada en diciembre de 2019”, sostiene el fiscal, que se prepara para el inicio de los alegatos esta semana. 

Nuevos imputados, nuevos casos, un fugitivo

Desdoblar la megacausa teniendo en cuenta las responsabilidades de los imputados, como lo decidió el juzgado, redunda en tener otras personas sentadas en el banquillo. Además, muchos testimonios deberían repetirse ya que lo vivido involucra a los imputados en el proceso de 2016 como a los que ahora están siendo juzgados. Para los sobrevivientes, en tanto, volver a declarar los secuestros y torturas implica una revictimización que puede y debe evitarse. 

Ante ese panorama, y con el compromiso manifiesto de no exponerlos a esto, el tribunal tomó la decisión de que algunos testimonios ya escuchados en juicios anteriores sean leídos o se los dieran por incorporados. Esto significó extensas jornadas de salas casi vacías con lecturas monótonas y, a la vez, un juicio mucho más breve -apenas cuatro meses de debate-. 

Los testigos que asistieron a la sala de audiencias fueron, en su mayoría, por dos causas que no habían sido juzgadas antes: los secuestros y desapariciones de Dardo Molina y Osbaldo Muñoz. Los restos de ambos fueron encontrados en el pozo de Vargas, una fosa común de donde aún faltan extraer fósiles y que tiene ya más de 110 personas identificadas.

“Además se sumaron imputados de otras causas, como Jefatura de Policía”, dice Camuña y cuenta que uno de ellos es Juan Francisco Nougués, militar retirado que fuera subjefe de Policía en enero y febrero de 1976. “Lo que ocurrió es que lo encontramos en Bolivia cuando ya había concluido el juicio de Jefatura y por eso se lo juzga recién ahora”. 

El terrorismo de Estado antes del golpe

“En los alegatos vamos a señalar que se trata de un solo aparato clandestino represivo estatal que va cambiando a lo largo del tiempo, pero que sigue la misma lógica”, dice el fiscal. 

Los abogados defensores arguyen que los hechos ocurridos antes del golpe de Estado estuvieron amparados por un decreto presidencial del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, en las condenas de la megacausa Operativo Independencia I -primera parte -septiembre de 2017- se califica de delitos de lesa humanidad a los cometidos en ese período. “Este fallo implica que se tiene por acreditada la existencia de un plan destinado a cometer un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Reconoce que en Tucumán existió un plan de violación sistemática a los derechos humanos y esto no es algo que afirmen únicamente los familiares de las víctimas, sino que también es un pronunciamiento de la Justicia”, decía al finalizar la lectura de aquel fallo la entonces fiscal ad hoc Julia Vitar. 

En la sentencia de la causa Jefatura de Policía I dictada en 2010, el TOCF ya había advertido que si bien la ruptura total y completa del Estado de derecho puede datarse el 24 de marzo de 1976, múltiples normas y prácticas anteriores a esa fecha dan cuenta de un progresivo deterioro de las garantías constitucionales y de un creciente incremento de la autodeterminación de las fuerzas de seguridad. En ese mismo documento, el tribunal consideró que el ejemplo más acabado de este fenómeno es Tucumán, donde el plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil fue montado desde principios de 1975. 

“Los ciclos de este aparato son los mismos, en cualquier momento: identificación del blanco, secuestro, sometimiento a tortura y la decisión sobre la vida de esas personas: si eran blanqueadas (detenidas legalmente con una causa penal), liberadas o desaparecidas”, dice Camuña, adelantando el punto de partida de su alegato. 

El nuevo escenario ante una pandemia

Si bien la implementación del aislamiento obligó a todos los tribunales del país a continuar las audiencias por videoconferencia, la Megacausa 14 no se vio muy afectada. “Lo más difícil de resolver en los juicios con este formato son los testimonios y nosotros habíamos terminado esa etapa. En otras jurisdicciones fue difícil discernir cómo se hace el acompañamiento a los testigos víctimas, y cómo garantizar que los testimonios sean de verdad un acto reparatorio sin que eso se pierda en una videollamada”, explica el fiscal. 

Este megajuicio está entrando en su fase final. Este jueves abren los alegatos los representantes de las querellas- el jueves los abogados de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero y el viernes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- la semana siguiente seguirá la fiscalía y finalizará la defensa.