Foto: Ignacio López Isasmendi | La Palta (Archivo 2017)

La Legislatura de Tucumán se prepara para discutir el proyecto que busca adecuar la normativa provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que reúne tres proyectos que fueron tratados en la Comisión de Legislación General, podría llegar al recinto en la sesión prevista para este miércoles 30 de septiembre. El debate ocurre mientras la nueva legislación nacional ya está vigente y establece, entre otros cambios, la incorporación al sistema penal de adolescentes de 14 y 15 años. En este escenario, ¿con qué dispositivos cuenta Tucumán para aplicar este régimen y garantizar un abordaje especializado para adolescentes en conflicto con la ley penal?

Desde la Fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) advierten que uno de los puntos más problemáticos del proyecto está en el capítulo referido a los establecimientos especializados. Allí se reconoce al pabellón 8 del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, donde funciona el establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero (conocido como “Cura Brochero”), como dispositivo especializado para adolescentes privados de libertad. “Desde el traslado mismo de los adolescentes a Benjamín Paz venimos señalando que ese dispositivo no reúne las condiciones necesarias para ser un dispositivo adecuado y especializado para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”, sostiene Florencia Vallino, abogada y directora ejecutiva de ANDHES.

Para la organización, que una norma reconozca al pabellón como establecimiento especializado no modifica las condiciones concretas en las que funciona. Vallino cuestiona especialmente la infraestructura y la arquitectura penitenciaria del lugar, además de la participación de agentes del Servicio Penitenciario en la intervención cotidiana con los adolescentes. “La presencia de agentes penitenciarios en ese marco, y la posibilidad de que sean esos agentes del servicio penitenciario de adultos quienes intervengan en situaciones de conflicto en el espacio adolescente, es un punto muy problemático”, señala.

En este sentido, la abogada remarca que el personal que interviene con adolescentes en conflicto con la ley penal debe contar con una formación específica y especializada. “El derecho internacional de los derechos humanos y los compromisos asumidos por nuestro país plantean que quienes trabajan con adolescentes en conflicto con la ley penal deben ser personal especializado en la materia, específicamente formado para un abordaje adecuado”, explica.

El traslado al complejo penitenciario también aparece en la discusión sobre la infraestructura con la que cuenta la provincia. Vallino advierte que Tucumán no dispone actualmente de un dispositivo de alojamiento especializado para adolescentes en conflicto con la ley penal. A partir del trabajo que realiza la fundación se cuestiona el desmantelamiento del Instituto Julio Argentino Roca y considera que su reemplazo por el pabellón 8 de Benjamín Paz fue una decisión equivocada.

Según estipula el nuevo régimen nacional existen objetivos vinculados con la educación, la protección y la reinserción social de los adolescentes. En Tucumán, esos objetivos entran en tensión con un dispositivo que conserva características propias del sistema penitenciario de adultos. “Es imposible alcanzar ese objetivo si alojamos a los adolescentes en un dispositivo que no es el adecuado, donde tienen contacto con el mundo adulto y que replica lógicas penitenciarias y dinámicas de poder que ponen en el centro el uso de la fuerza”, afirma Vallino.

De acuerdo al proyecto provincial la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia debería ser la autoridad de aplicación del régimen. En este punto, Florencia señala que no se observa una modificación sustancial del esquema existente, sino la formalización de una función que la Secretaría ya desempeña dentro del sistema de protección integral. En tal caso, resulta adecuado que los programas y dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal dependan de esa área del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto también establece funciones para los establecimientos, prevé equipos de trabajo y contempla mecanismos de coordinación entre organismos. Además, diseña un circuito para el ingreso al sistema a partir de una sentencia condenatoria y la posterior aplicación de una pena. El problema, explica la especialista, aparece cuando esas previsiones deben traducirse en las condiciones concretas de intervención.

La discusión sobre la edad de imputabilidad

Foto: Ignacio López Isasmendi | La Palta (archivo 2018)

El otro punto que se cuestiona desde ANDHES está en el origen mismo del nuevo régimen nacional. La organización sostiene que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años constituye un retroceso en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Vallino menciona como antecedente el fallo de la jueza porteña Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1° de la nueva ley en el caso de un adolescente de 14 años. La decisión fue posteriormente revocada por la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. “Nosotras adherimos a los fundamentos expresados por la Jueza en este punto y entendemos que ese artículo es inconstitucional. Por lo tanto para que en verdad sucedan adecuaciones provinciales respetuosas de los derechos de los adolescentes hay que poder superar ese primer punto regresivo”, plantea la letrada.

La discusión nacional atraviesa así el debate que comienza a darse en Tucumán. Mientras la Legislatura avanza en una norma para ordenar la aplicación provincial del nuevo régimen, ANDHES pone el foco en las condiciones materiales y humanas con las que esa legislación deberá implementarse. Para la organización, la existencia de una norma que defina procedimientos, autoridades y establecimientos no alcanza si el dispositivo destinado a alojar adolescentes continúa funcionando dentro de una estructura penitenciaria de adultos.

La pregunta que queda abierta, entonces, no es solamente cómo Tucumán va a adecuar sus normas al nuevo régimen penal juvenil. También es qué condiciones está dispuesto a garantizar el Estado provincial para que la intervención sobre adolescentes en conflicto con la ley penal pueda sostener efectivamente los objetivos de educación, acompañamiento y reinserción que la propia legislación plantea.