Criminalizar un derecho
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Fotografía de Gaelx bajo licencia Creative Commons
En Argentina el aborto no es punible cuando peligra la vida o la salud de la mujer gestante o cuando el embarazo es producto de una violación. Así lo establecen la Constitución Nacional y los diferentes tratados internacionales a los que el país ha adherido.
El 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fallo “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, exhortó a los responsables de los gobiernos y de los sistemas de salud de las provincias a implementar protocolos adecuados para garantizar el acceso a los abortos permitidos. Pero en Tucumán se siguen dando situaciones donde los profesionales de la salud no atienden estos casos.
La semana pasada, impidieron que una adolescente acceda a la interrupción legal de su embarazo producto de una violación. Desde la Maternidad, a cargo de la doctora Rossana Chahla, la derivaron de manera clandestina al Hospital Argerich de Buenos Aires, donde finalmente se realizó el aborto.
Además de no atender a la adolescente, las autoridades de la Maternidad judicializaron el caso, violando el principio de confidencialidad médico-paciente, y con ello el juramento hipocrático, pasando por alto el fallo de la Corte.
Para Vicky Disatnik, de la Casa de las Mujeres, “lo que hizo el hospital constituye violencia institucional”. La institución revictimizó a la joven, le negó un derecho previsto por ley. Una negación basada en “un reproche moral que debe ser relegado a la conciencia propia, que es donde es preciso permanezcan este tipo de convicciones personales”, escribía Soledad Deza. (1)
Ninguna mujer violada debe ser obligada a llevar el embarazo a término. El Estado debe garantizar el derecho al aborto en estos casos. Las instituciones hospitalarias violan derechos si obstaculizan o dificultan el acceso a esta práctica.
“Reclamamos el derecho a la salud. No al aborto, sino a la salud”, comentaba Disatnik. Y este derecho solo puede ser garantizado si hay una decisión firme por parte del gobierno y, por lo tanto, de los hospitales.
Desde la Casa de las Mujeres y otras organizaciones se presentaron notas al SIPROSA y al Ministerio de Salud, exigiendo que se determinen responsabilidades civiles, penales y administrativas para los responsables de que la chica no pudiera realizarse el aborto en el territorio de la provincia. Además se exigió que la provincia adhiera, inmediatamente, a la Guía Técnica para la atención integral de abortos no punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Marianella Triunfetti
mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar
(1) Soledad Deza, abogada. www.comunicarigualdad.com.ar