La economía social como herramienta para acabar con los femicidios

Fotografía de ProHuerta

El interés por erradicar la violencia de género está presente en diversos organismos e instituciones. Más allá de las campañas, las marchas y la exposición de los casos, hay algo fundamental al momento de implementar acciones para terminar con este problema social. Sin el compromiso de quienes tienen herramientas para brindar soluciones y sin la decisión política de juntar diferentes recursos, no se puede avanzar en la tarea de decir “Ni una menos”. Según la ley 26.485, se entiende como violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual y económica. 

Pero poco se puede hacer respecto a esa independencia económica que expresa la ley sin articulaciones que brinden respaldo a las víctimas. Por eso, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Mujeres decidieron unir sus esfuerzos y pensar un trabajo conjunto que articule sus labores a favor de la lucha contra los femicidios. A través de un convenio entre los organismos, el Programa ProHuerta se ofrece como herramienta sustancial para el empoderamiento económico, la autosustentabilidad y la autoestima de las mujeres que están sufriendo violencia de género. Y es la economía social la alternativa para conseguir que las mujeres víctimas de esta problemática encuentren un rol activo y sustentable al momento de eliminar la violencia de sus vidas. 

Cabe aclarar que el ProHuerta es un programa de autoproducción agropecuaria puesto en marcha a partir de una alianza estratégica que articula la territorialidad del Ministerio de Desarrollo Social y el INTA. Así se multiplican los procesos de producción y se desarrollan proyectos regionales que impulsan las economías sociales. “Somos conscientes que existen distintas situaciones que necesitan la articulación con otras áreas de gobierno. No solo en el desarrollo de economías regionales, sino en el desarrollo de los procesos de salud, de educación y de reconocimiento de temas como el género”, dijo Liliana Periotti, Subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Teniendo en cuenta esto, el pasado 7 y 8 de julio se llevó a cabo la “Primera Jornada de Capacitación en Prevención sobre la Violencia de Género y Empoderamiento Familiar en el marco del Programa ProHuerta”. La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación Nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, del Consejo Nacional de las Mujeres, en conjunto con el INTA. El objetivo fue concientizar acerca de la importancia de la ley y mostrar los posibles abordajes a partir del ProHuerta. Además, estuvo destinada a técnicos y promotores del programa en Tucumán y Santiago del Estero. “Durante años el tema de género estaba alambrado en varios sectores. Era un tema de ONG y donde el Estado solo aportaba el dinero para que otros hagan políticas institucionales propias. Yo creo que hoy hay una voluntad política de erradicar el problema y es ahí donde está la solución”, expresó Francisco Zelaya, Coordinador del Programa ProHuerta en Tucumán.

A través de talleres que abordaron cuestiones como los estereotipos de género, las desigualdades económicas y el acceso de la mujer a la tierra, la jornada permitió que los técnicos del ProHuerta se interioricen respecto a la ley y conozcan cómo pueden ayudar a una víctima de violencia de género. “La huerta es una herramienta para el empoderamiento familiar y una salida de la violencia económica. Muchas veces las mujeres que atraviesan una situación de violencia vuelven a sus hogares por no poder solucionar esta problemática. Entonces, tenemos que apuntar a ese problema con una solución de fondo, como lo es el empoderamiento a través de la huerta”, explicó Felicitas Fuertes, tallerista del Consejo Nacional de Mujeres. Los talleres trataron casos reales de mujeres víctimas de violencia, en contraste con posibles soluciones que brinda el ProHuerta, surgidas de la puesta en común de diferentes grupos de trabajo. De esta manera se capacitó a los técnicos en el abordaje concreto a la violencia de género. Además los huerteros se sumaron en la participación a campañas como "Sacá tarjeta roja al maltratador", que lleva a cabo la línea de denuncia telefónica 144.

“El ProHuerta da herramientas a las mujeres y les brinda independencia económica. Al darle a la mujer conocimiento técnico acerca de cómo se prepara una huerta orgánica, también le da una independencia en los saberes. Así hablamos del ProHuerta como emancipador de género”, dijo Javier Ortega, Director de la Fundación Argeninta. Sin dudas, este convenio hecha luz sobre los huecos que aún existen a la hora de otorgar soluciones a las mujeres víctimas. Y así lo expresó Daniela Bustos, Directora del Centro Regional INTA de Tucumán y Santiago del Estero: “basta de violencia. Tolerancia cero para esta violencia. Abramos este horizonte y una luz en el camino para todas las mujeres”.