“Hemos tenido que volver a las calles a exigirle a un Estado cada vez más ausente”

Fotografìa: Elena Nicolay.

“'Cuando los Estados se debilitan, quienes sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables de la sociedad: los pobres, las mujeres, los niños'. Y aquí tenemos eso: pobres, mujeres y niñas. Asesinadas no solamente por la violencia machista sino, y por sobre todo, por la ausencia del Estado ”, dice Adriana Guerrero , integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). 

La frase inicial sobre la que Adriana reflexiona no le pertenece, la escuchó hace unos años en un encuentro de Cladem regional en la ciudad de México. Allí, la teórica feminista española Rosa Cobo Bedia -doctora en Ciencias Políticas y Sociología- hablaba de las consecuencias de un Estado ausente haciendo referencia a los femicidios de Ciudad Juárez. En esta oportunidad, Guerrero analiza los casos de las víctimas de los femicidios en Tucumán en las últimas semanas: Abigail Riquel , Abigail Luna y Paola Tacacho .

El crimen de Paola Tacacho, la profesora de inglés que denunció en 14 oportunidades a su acosador Mauricio Parada Parejas deja en evidencia que el Estado desoye las demandas de las mujeres. “Paola fue profesora del femicida en 2015, en un terciario, y desde ese momento no dejó de ser acosada y de recibir amenazas de muerte. Cerró sus redes sociales por el hostigamiento que recibía. Pese a realizar distintas denuncias no recibió respuestas. Sólo tenía una restricción de acercamiento que no impidió que el acosador cumpliera su cometido ”, señala el documento que leyó el colectivo Ni Una Menos Tucumán en la marcha que se realizó el lunes para exigir justicia por la víctima. 

“El Estado es responsable porque hay leyes que no se cumplen. En el caso de Paola hubo medidas de restricción que se han vencido, lo que también prueba que no hubo ningún control. Hablamos de una víctima que recurrió a la justicia más de una decena de veces, que por causa de su hostigador modificó su vida para sobrevivir. Decimos que el Estado es responsable y hablamos con nombre y apellido: uno de ellos es el juez Francisco Pisa , un funcionario cuyas intervenciones en procesos judiciales muestran una evidente misoginia y carecen de perspectiva de género ”, dice Marieta Urueña Russo , integrante de Ni Una Menos Tucumán y secretaria del Sindicato de Trabajadores Judiciales Tucumán (Sitraju). 

“Sin juicio político a Francisco Pisa no hay justicia para Paola” fue, de hecho, una de las consignas de la marcha del lunes. El juez de instrucción de la tercera nominación firmó el sobreseimiento de Paredes Parejas, argumentando que lo contrario generaría “un dispendio jurisdiccional innecesario”. Explica Urueña Russo: “con esta sentencia el juez dice que la prueba aportada por la víctima no era suficiente para dar cuenta de que había un delito. Que elevar a juicio esta causa generaría un gasto innecesario. En definitiva, lo que respondió fue: 'no me hagas perder tiempo, estoy para cosas más importantes' ”. 

“Los femicidios de Abigail y de Paola muestran la falta de respuesta de un Estado provincial al que lo único que se le ocurre es decir 'voy a hacer reuniones, firmar un convenio, ver si modifico un protocolo'. Recién después de 16 femicidios en 2020 se dan cuenta que había un protocolo por modificar para agilizar las respuestas ”, sostiene Marieta. 

En dos semanas dos marchas

Fotografìa: Elena Nicolay.

“En el caso de Abigail Riquel y Abigail Luna el Estado también estuvo ausente”, señala Guerrero que también es integrante del colectivo Ni Una Menos. Riquel tenía 9 años; apenas se perdió, el domingo 18 de octubre, el padre intentó hacer la denuncia en la comisaría de su zona. Le respondieron que debía esperar 24 horas. Ningún policía salió a buscarla. El cuerpo de la niña fue encontrado por los mismos vecinos en la zona de avenidas Francisco de Aguirre y América. Semienterrado. Golpeado. Con indicios de asfixia y abuso sexual. 

“Los agentes policiales, que son el Estado, no la buscaron. Y después, ¿no pudo encontrar al presunto femicida? ¿De verdad un grupo de vecinos lo pudo encontrar antes que la Policía? ¿De verdad llegan a esos niveles de inoperancia? Me cuesta creer que tampoco pudo impedir el linchamiento del sospechoso siendo que estaban en ese momento, en ese lugar ”, dice Guerrero. Por su parte, Marieta pregunta: “¿Dónde está la capacitación hacia las fuerzas de seguridad que responden que tienen que esperar 24 horas para buscar una persona”.

Abigail Luna tenía dos años y también murió el 18 de octubre. El padrastro la habría golpeado hasta matarla. El hombre, finalmente, quedó detenido. “Hablamos de una mujer que convivía con un violento por miedo. No tenía ningún lugar donde recurrir con su niña. Que haya llegado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con su hija muerta, diciendo que no lo denunció antes porque le daba miedo, da cuenta de la ausencia del Estado ”, agrega la referencia de Cladem Tucumán. 

“Los sectores más débiles en esta estructura social necesitamos un Estado, como institución democrática, presente. Esa ausencia absoluta a través de sus agentes -la policía o la justicia- dejó a estas niñas vulnerables frente a acciones criminales, ya un sospechoso en manos de un grupo de personas indignadas que piensan que hacen lo que corresponde. Esta descomposición social nos pone en riesgo, en una situación de indefensión frente a los violentos que toman decisiones y acciones en sus manos ”, remata Guerrero.

La marcha de esta semana fue por Paola, la anterior fue por Abigail. ¿Hay que pensar por quién será la siguiente? “Tuvimos que volver a las calles a exigirle a un Estado cada vez más ausente que haga lo que tiene que hacer. Son las personas en las que, como sociedad, hemos delegado el poder. Nosotras no podemos hacerlo, no tenemos los recursos ni las estructuras. Respuestas como 'no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia' son declaraciones que podemos hacer nosotras, no el gobernador. A él le corresponda decirnos esos son las medidas que va a tomar para que esto no se repita ”. 

Capacitación en perspectiva de género en todos los ámbitos estatales es una de las principales exigencias. “Cuando exigimos la adhesión a la ley Micaela no era porque queríamos ver una seguidilla de funcionarios sacándose fotos participando en una charla. Buscábamos un cambio en la mirada de los poderes del Estado en las situaciones que viven las mujeres. Y no estamos viendo diferencias ”, lamenta Urueña Russo. 

Cada vez que se sale a pedir justicia es porque hay un femicidio que se pudo evitar y porque el grito desesperado de 'paren de matarnos' volvió a ser ignorado.