La narrativa de las falsas denuncias como herramienta de impunidad

Foto: Marcha 8M (2022) - Alejandro Sarmiento | La Palta

“Lo que sostiene el poder patriarcal es tanto la violencia sexual como el silenciamiento. Entonces para que se pueda mantener ese poder es importante sostener muchas estrategias y tecnologías de impunidad”, dice la psicóloga Lourdes García Posse. Una de esas tecnologías de impunidad es la narrativa de las falsas denuncias. 

Desde 2022, la senadora de la UCR por Santa Fe, Carolina Losada, impulsa un proyecto de modificación del Código Penal argentino en torno a las falsas denuncias. El 8 de abril de este año, la iniciativa obtuvo dictamen para ser tratado en la Cámara de Diputados.  Actualmente, la falsa denuncia o falso testimonio se encuentra tipificada en el país como un delito en el artículo 245 del Código Penal. El mismo establece una pena de dos meses a un año. Con la reforma se busca agravar la condena, con penas de tres a seis años, cuando involucren situaciones de violencia de género, abuso sexual o cuando la víctima sea menor de edad. 

La narrativa de las falsas denuncias desestima los relatos de mujeres e infancias víctimas de delitos sexuales y violencia de género. “Esto permite situar la violencia de género como un problema de “exceso”, de “mal uso” de los derechos, y no como una manifestación de las desigualdades estructurales”, dice el informe federal, realizado por la Red de Medios Digitales, “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última frontera de la ultraderecha”. Además, este discurso sostiene que las denuncias se realizan para ejercer manipulación política, conseguir un beneficio económico, por venganza o como una campaña de desprestigio. 

Según la investigación colaborativa realizada por La Nota Tucumán, Periódicas, Enfant Terrible y Feminacida, se identificaron 44 actores —entre organizaciones, fundaciones, profesionales del derecho y funcionarios—, que participan en la producción y circulación de discursos en contra de lo que denominan “ideología de género”, vinculados a una supuesta “industria de las falsas denuncias”. Cerca del 30% de estos actores surgieron entre 2024 y 2025, con fuerte presencia en Tucumán y Santa Fe. 

El informe explica que esta narrativa opera de forma discursiva, instalando la idea de que quienes denuncian mienten. En el plano mediático, se apoya en la difusión de casos aislados de denuncias falsas, mientras que, en el plano institucional, se traduce en la propuesta de reformas y proyectos de ley que avalan ese relato. Sin embargo, los datos demuestran otra realidad. Según el Consejo de la Magistratura, en 2025 menos del 3% de denuncias penales fueron falsas y estuvieron vinculadas a delitos económicos. A nivel mundial, estas representan el 1% en casos de violencia de género, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

“Con este proyecto lo que se intenta hacer es disciplinar, amedrentar y generar la sospecha de antemano de esa denuncia”, dice García Posse. Además, explica que en casos de violencia sexual contra infancias, por ley, tanto profesionales como familiares, deben realizar la denuncia. “En este caso es una encerrona para las madres porque ellas tienen que denunciar. Si lo hacen se tendrá la sospecha de que puede ser falsa. Entonces lo que van a lograr es que no se denuncie y eso implica una desprotección total para las infancias y adolescencias”, explica la profesional. 

Estas narrativas se profundizan en un contexto donde el Gobierno nacional desfinancia políticas de género como la Educación Sexual Integral, realiza despidos en la línea 144 y elimina el ministerio de Género y Diversidades. En 2025, según los datos del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, se registraron 262 femicidios, de los cuales sólo en el 18% de los casos se pudo realizar una denuncia penal previa y menos del 5% contaba con medidas de protección. Por otro lado, en la actualidad 1 de cada 4 mujeres denuncia casos de violencia de género, según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). 

En cuanto a los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes, se registraron 15.699 casos en Argentina entre el 2017 y el 2023, en los que el 83,9% de los agresores eran familiares o personas conocidas de las víctimas. “De por sí el sistema judicial falla muchísimo en la protección de las infancias. Falta mucha formación en todos los actores que entran en juego en el abordaje y en el sistema de protección. Es muy difícil, luego de las denuncias, llegar a juicio y de los juicios lograr una condena”, sostiene la psicóloga.

En la actualidad, no existen estadísticas oficiales que indiquen que las denuncias falsas constituyen un problema extendido, por lo tanto el problema no radica en su falsedad, sino en la falta de denuncias. “La violencia de género no se resuelve únicamente con la denuncia individual, sino que exige políticas, instituciones y una sociedad que garanticen la igualdad real y la protección de las víctimas”, concluye el relevamiento de la Red de Medios.