Tras 14 años de demoras judiciales, comenzó el juicio por María Magdalena

Foto: Pañuelazo 2019 - Elena Nicolay | La Palta

Este lunes, en el Juzgado Correccional Conclusional de Tucumán, comenzó el juicio por María Magdalena. Tenía 26 años cuando, la noche del 14 de enero del 2012, ingresó al Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes con un fuerte dolor abdominal. Allí se enteraría de que tenía un aborto en curso, de un embarazo que no conocía.

María Magdalena fue atendida por la tocoginecóloga Claudia Callejas, quien se encontraba como jefa de guardia, junto a la residente Alejandra Berenguer. La mujer denunció haber padecido violencia obstétrica y la violación del secreto profesional médico-paciente, como consta en su presentación judicial: “La madrugada fue para mí insoportable, no sólo por los dolores físicos sino por el maltrato psicológico. En todo momento se me agredía verbalmente y las médicas que me atendían en ese momento emitían juicios de valor sobre mi conducta que ya habían juzgado como delictiva y cruel”. 

Callejas y Berenguer fueron quienes habrían denunciado a María Magdalena ante la policía por un aborto provocado, que no era tal. Los agentes de la fuerza de seguridad la interrogaron en la camilla de una sala de partos comunitaria, frente a su esposo, su madre y las demás pacientes. Además del maltrato verbal recibido, le practicaron un legrado sin anestesia.

La mujer fue asistida, en un primer momento, por psicólogas del Servicio de Salud Mental de la Maternidad. Fueron ellas quienes solicitaron que se realizara una investigación interna en el hospital, pero, tanto la abogada de la institución Daniela de Francesco como la directora de aquel momento, Rossana Chahla (actual intendenta de San Miguel de Tucumán), afirmaron que era “una obligación denunciar el posible delito”, avalando así el accionar de las médicas. 

Los tiempos de la justicia

La audiencia de inicio de este juicio sucede 14 años después de los hechos. Esta historia empezó con una mujer procesada por el, entonces, delito de abortar. Desde 2012 hasta 2015, año en que fue sobreseída, para el Poder Judicial de Tucumán, María Magdalena fue la única culpable y no una víctima de violencia institucional y obstétrica.

En 2013, su abogada, Soledad Deza, también defensora de Belén, fue quien formalizó la demanda contra Callejas y Berenguer. La causa fue archivada por pedido del fiscal Arnoldo Suasnabar con el mismo argumento utilizado por las autoridades de la Maternidad, poniendo el foco solo en el delito que María Magdalena no cometió e ignorando las denuncias que realizó. A pesar de todos los pedidos de Deza para la revisión del fallo, el expediente quedó, junto con tantos otros, juntando polvo en algún despacho judicial. 

Recién en febrero de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Corte de la provincia que pusiera su atención en el caso. Para abril de ese año, el fiscal Mariano Fernández solicitó la elevación a juicio oral para la tocoginecóloga, mientras que para la residente pidió el sobreseimiento, argumentando que habría actuado bajo las órdenes de su superior. El juicio debía comenzar en septiembre de 2025, pero el juez interviniente Guillermo Puig dio lugar al pedido de suspensión presentado por Callejas por supuesta prescripción del delito, aun cuando ese recurso le había sido rechazado en 2024 por la corte tucumana. Una vez más, el tiempo de la justicia hizo de las suyas.

María Magdalena no fue el primero ni el último caso con estas características. Soledad Deza deberá asistir nuevamente el próximo mes ante los tribunales a defender a Eva, una joven que también sufre la persecución judicial tras haber sufrido un parto en avalancha en el baño del Hospital Parajón Ortiz de Famaillá, en 2023.

El colectivo Ni Una Menos Tucumán advirtió en el marco del 8M del año pasado: “El Gobierno de Milei como el de Jaldo están incumpliendo la ley 27.610, vulnerando nuestro derecho a decidir y exponiendo nuestra salud. Atacando un derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes que nos costó años de lucha en las calles”. 

Ante esta situación, la alerta feminista del cuidado de estos derechos permanece activa, porque aunque en los casos mencionados no hubo interrupciones voluntarias, estos ataques de parte de las instituciones y los profesionales demuestran que la criminalización pesa aún sobre las mujeres y cuerpos con capacidad de gestar. Como sentenciaron desde el colectivo feminista: “La IVE están en riesgo, la ILE está en riesgo, nosotras estamos en riesgo, lo estan nuestras hijas e hijes”.