Las trans marchan en Tucumán

 Fotografía de Ignacio López Isasmendi 

Fotografía de Ignacio López Isasmendi 

“No existe una ola de violencia hacia la comunidad trans”, opina Claudina, integrante de LOTO (Libertad y Orgullo Trans Organizadxs), la primera organización trans de Tucumán. “Esta violencia que se está publicitando en las últimas semanas es la misma que vivimos siempre, la única diferencia es que estamos pudiendo denunciarla públicamente, estamos pudiendo visibilizarla”. 

Es que la situación de las mujeres trans no mejoró mucho desde mayo de 2012, cuando el Congreso de la Nación aprobó la ley de Identidad de género, que supuso una gran conquista al reconocer la existencia y poner en discusión algunas de las problemáticas de esta minoría. “El problema es que creen que con darnos un DNI basta, y no es así. No existe un protocolo de atención integral a las personas trans, en los hospitales no se nos proveen los tratamientos que la ley nos reconoce ni el respeto mínimo que cualquier ser humano merece a la hora de llegar a un centro de salud. Los tratamientos hormonales (contemplados en la ley) recién se están dando, pero los insumos no siempre están”, continúa Claudina. 

Tampoco están reconocidas actualmente las intervenciones quirúrgicas -contempladas en la ley- que las ayudan construirse físicamente como se perciben, por lo tanto recurren a cirugías clandestinas en las que se les inyecta aceites modelantes o silicona líquida, procedimientos peligrosos que terminan perjudicándolas.

Pero los problemas de la comunidad no se agotan en lo que concierne a la salud. La cuestión laboral es uno de los mayores escollos para la inserción social de las personas trans. Los prejuicios de una sociedad heteronormativizada les impiden acceder a trabajos genuinos y en condiciones dignas, por lo que la prostitución suele ser una de las pocas opciones laborales. Conscientes de estas condiciones y luego del asesinato de Ayelén Gómez, la mujer trans que fue encontrada estrangulada bajo las tribunas del Lawn Tennis el 14 de agosto de 2017, la comunidad trans apoyada por diversas organizaciones presentó en la Legislatura provincial un proyecto de cupo laboral trans. La iniciativa fue consensuada con los distintos bloques políticos y el 30 de agosto llegó al recinto para su aprobación con dictamen favorable de las comisiones de Legislación Social y Derechos Humanos, y acuerdo de Labor Parlamentaria. Sin embargo, a último momento, hubo un fuerte lobby (proveniente de sectores de la Iglesia católica, según se comentaba en los pasillos de la Legislatura) y el proyecto fue devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Aquel día el encargado de frenar la ley fue el legislador radical Raúl Albarracín, que tuvo la precaución de esconder sus prejuicios bajo la alfombra del constitucionalismo. Así, en lugar de argumentar en contra del proyecto de ley y enfrentarse a la opinión pública, decidió patear el debate sin pensar en las necesidades de esta minoría. “Estimo que el tenor de este proyecto entra en colisión con principios constitucionales, específicamente (con) el artículo 16 de la Constitución Nacional, en donde para acceder a los empleos es requisito la idoneidad y no una condición personal -esgrimió el legislador-. La igualdad deriva del derecho a la libertad y la admisión en los empleos requiere de una condición que es la idoneidad, en virtud de ello, no son condiciones de idoneidad sino condiciones personales el sexo, la religión, las creencias políticas, por lo que sería inconstitucional que una norma se apoye en estos supuestos”. 

La aparente preocupación de Albarracín por asegurar la legalidad del proyecto de ley choca con la ley 6.830, vigente en la provincia, que en su artículo 10 incorpora el cupo laboral en las reparticiones del Estado para personas con discapacidades. Las discapacidades, hasta donde se sabe, son condiciones personales, y en tanto que representan una desventaja a la hora de conseguir empleo, esta ley constituye un contrapeso a las injusticias del mercado laboral. Por si esto no fuera suficiente, la ley 4.783 de la provincia de Buenos Aires, que incorpora el cupo laboral trans, desarma totalmente el argumento de violación del artículo 16 de la Constitución Nacional. Pese a todo, el proyecto fue cajoneado con el apoyo del bloque oficialista.
Claudina analiza el problema político que las excluye: “nos dimos con que los legisladores estaban totalmente extrañados de que la realidad trans sea la que estamos viviendo. Para ellos no es tan así, desconocen nuestra realidad y así es imposible conseguir derechos. Porque no solo no quieren reconocernos, tampoco quieren enterarse”. 

La indiferencia de los funcionarios públicos parece ser generalizada. Descontando el maltrato en comisarías, que es habitual y denunciado constantemente, la integrante de LOTO también se siente defraudada por la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde denunciaron en reiteradas oportunidades los maltratos recibidos por las mujeres trans que asisten a los hospitales públicos. El último desplante de la cartera conducida por Erica Brunotto fue la promesa incumplida de brindar asesoramiento legal a la familia de Lourdes Reinoso, que fue asesinada junto a su tía abuela Francisca Palacio, de 80 años, en su casa de Río Nio. Según expresó Claudina y confirmó una familiar de Lourdes, la funcionaria de Derechos Humanos dejó de responderle los mensajes y la ayuda legal nunca apareció.
Pero el problema central, y del que derivan todos los demás, es cultural. Es el miedo a la diferencia por parte de la sociedad heteronormativizada lo que provoca la exclusión y la violencia generalizada hacia la comunidad trans. Desde los medios de comunicación suele destratarse a las mujeres trans y vulnerar su derecho a la identidad. “Son los comunicadores los que transmiten un mensaje de intolerancia hacia nosotras. Nos tratan en masculino y pocas veces atienden nuestras denuncias públicas. No hay ninguna intención de respetarnos e incluirnos”, concluye Claudina. 

flyer LGBTI

Y es que si desde los medios de comunicación, que suelen ser una marca de referencia de los discursos sociales, se vulnera la autopercepción de las personas trans y se invisibilizan las problemáticas cotidianas de la comunidad, contribuyendo a la exclusión y a la marginación, poco se puede esperar de la ciudadanía presa de los prejuicios y el miedo a la diferencia.
Es así que este miércoles 7 la marcha convocada a las 18.30 partirá desde plaza Urquiza y se dirigirá a plaza Independencia exponiendo las consignas de:

  • Ley de cupo laboral trans.
  • Implementación de la ley de Identidad de género.
  • Basta de transfemicidios
  • Trabajo digno y genuino