Patronato de Liberados de Tucumán

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En 1936, durante la gobernación del Dr. Jorge Luis Campero, nació en la provincia el Patronato de Internos y Liberados de Tucumán. A lo largo del tiempo el organismo varió por buenas, regulares y malas etapas, acordes a los vaivenes socio-políticos del país. Desde el momento de su creación el patronato tiene como objetivo disminuir la criminalidad y reincidencia al delito de la población asistida, mediante un abordaje e intervención multidisciplinario, que por imperio de las leyes les es conferido. Esta población esta formada por personas de ambos sexos, mayores de 18 años, que cometieron un delito y que pueden o no tener una condena.

Al pasar de los años, las instalaciones de la institución cambiaron de sitio hasta llegar a la sede ubicada en Avenida Francisco de Aguirre 630. El edificio actual tiene una estructura muy precaria, donde la pintura amarilla de las paredes, raspada por el agua y sus divisores de madera terciada, demuestran los años al servicio de los internos tucumanos. En el lugar trabajan profesionales en psicología, trabajo social y personal administrativo, quienes tratan de no perder de vista los objetivos planteados, a pesar de los escasos recursos con los que cuentan.

Manuel Villar, licenciado en trabajo social, es una de las personas que trabaja en el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Ciudadana provincial. Los 25 años de servicio le dieron la posibilidad de recordar cada detalle de los procedimientos que se siguen para contactarse con los internos del penal y trabajar con ellos.

El primer acercamiento que tiene la institución con el preso se da mediante un oficio judicial, enviado por las diversas cámaras penales, que expresan sintéticamente que determinada persona, una vez cumplidos los dos tercio de la condena, solicita la libertad condicional que por ley le corresponde. A partir de ahí diferentes organismos del estado, incluido el patronato, deben evaluar y fundamentar la viabilidad de dicha solicitud. Es aquí donde el patronato ocupa un lugar decisivo para el preso.

Para mandar su respuesta profesional, el personal del patronato se dirige al penal donde entablan entrevistas psicológicas y sociales con el interno penado. En lo que respecta a los internos con libertad provisional o con prisión domiciliaria, algo que aumentó en los últimos tiempos dado a que el sistema carcelario se encuentra colapsado e imposibilitado de albergar nuevos internos, el patronato se traslada al domicilio y entabla el primer contacto o el ingreso de la persona. Además de entrevistar al preso, los trabajadores sociales estudian si el medio que lo albergará es positivo, si la familia quiere recibirlo, si tendrá salida laboral y si el hábitat en general está en condiciones.

Durante este proceso el patronato resulta fundamental ya que al finalizar debe elevar un informe a la cámara, donde se encuentra un diagnostico profesional, que puede ser positivo o no. Luego la cámara decidirá si se concede la libertad condicional o provisional y establece reglas de comportamientos, que la mayoría de la veces están incluidas en el artículo 13 del código penal, que contiene cuatro incisos que dictan que el interno deberá adoptar un oficio, arte o profesión, establecer un domicilio, no cometer nuevos delitos, no ingerir bebidas alcohólicas o tóxicas. A esto se suma que deberá someterse al cuidado y control del Patronato de Internos y Liberados de la provincia.

Hay ocasiones en donde los presos que residen en zonas rurales y por el hecho de vivir lejos, son supervisados por personal policial del distrito más cercano pero este control, en las palabras del Licenciado Villar, es nulo. “Esto no es real porque lo único que hace el preso es presentarse en la comisaría, ya que tiene copia del oficio o porque se anotició que está en libertad condicional y lleva un cuaderno de tapada dura donde se registra con su firma las presentaciones quincenales o mensuales. Lo único que hace la comisaría es tener el cuaderno en la guardia y entregárselo al preso para firmar. También sabemos que el interrogatorio que se le debiera realizar no es hecho, lo deja de lado algunos tópicos que nosotros abordamos y además se corre el riesgo de que el personal policial, que no entiende la parte final del proceso, termine realizando un análisis no reflexivo de la situación y mediante comentarios como `seguro ya andas gateando de nuevo´ termina estigmatizando al interno”, expresó.

Una vez concedida la libertad condicional, el patronato comienza trabajar con el interno, a quien se brinda asistencia psicología, social y se trata de reinsertarlo laboralmente, cosa que la institución no puede asegurar dado que no disponen de los recursos económicos y del apoyo de las empresas tucumanas.

A principio de 1987, época en cual el organismo volvió a tener autarquía institucional, existía una división de bolsa del trabajo y promoción, lo que respondía a un enfoque metodológico integral y asistencial. Por falta de recursos, como ser dinero y personal que nunca fueron destinados por el Estado, el personal no llegaba a cubrir los trabajos necesarios para sostener la bolsa y el sistema fue dejado de lado. A lo que se le suma que el 70% de las empresas dieron una respuesta negativa a los diferentes pedidos del patronato para incluir a ex presidiarios. “Hubo instituciones como bancos o el correo argentino que por reglamento tiene prohibido contratar personas con antecedentes delictivos. También había compañía de seguros que sostenían lo mismo y en donde se considera que si estuvo en la cárcel será por algo, entonces es una persona no confiada”, comentó Villar. Cabe recordar que, aún habiendo cumplido la condena, por 10 años una persona tendrá un certificado de buena conducta negativa, lo que imposibilita a los ex presidiarios reinsertarse en el mercado laboral.

Lo que respecta al 30% restante de las empresas, estas aceptaron contratar internos pero con una intensiva supervisión de los psicólogos del organismo, lo que dio como resultado una experiencia muy buena pero con resultados muy parciales.

Actualmente la institución cambió su forma de trabajo para adherirse al denominado “Trabajo en Red”, construida a lo largo de su historia y mediante convenios con otras instituciones, como ser hospitales, Secretaria de Trabajo, Ministerios, entre otras. Esto alivió mucho el problema de la inserción del preso en el mercado laboral, lo que posibilitó que una buena parte de la población asistida, integrada por 600 internos, pueda acceder a un puesto de trabajo en instituciones y en algunas empresas del medio. Aún así existen compañías que se oponen a contratar ex presos y las que lo desean muchas veces se ven obstaculizadas por los grandes procesos burocráticos que deben enfrentar ante los organismos del Estado.

El patronato desde hace años intenta seguir de pie para cumplir los objetivo planteados. A pesar de no contar con los medios necesarios para llevar su labor, resulta curioso pensar que, si contaran con todos ellos,  sería posible reinsertar a las personas que estuvieron en la cárcel dentro de una sociedad que los rechaza y excluye. Una sociedad donde un ex interno del penal representa un peligro inminente, que acecha a los habitantes y que, para algunos, seguirá siendo un delincuente toda su vida.

Exequiel Reinoso

ereinoso@colectivolapalta.com.ar