El infierno existió, le decían Arsenales

Fotografía cortesía de Bruno Cerimele

“Hubo un plan sistemático, que los operativos se hacían conjuntamente con todas las fuerzas de seguridad, que los planes represivos habían comenzado en el año 75 en Tucumán, que la metodología del secuestro era lo que aseguraba la indefensión total, que se emplearon los métodos más crueles de torturas… La Comisión llegó a la conclusión de que hubo un plan sistemático hecho por todas las fuerzas de seguridad actuando conjuntamente pero siempre bajo la supervisión del ejército”, esa fue la respuesta de Liliana Susana Vitar ante la pregunta de la ficalía sobre la conclusión del informe elaborado por la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral, donde Liliana Vitar fue asesora Ad Honorem, fue creada por ley durante el gobierno de Fernando Riera para la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En el informe presentado por esta comisión se explica cómo fue la metodología represiva empleada antes y durante el terrorismo de Estado, cómo fue el funcionamiento de los grupos operativos. En ese informe se destacó  tres aspectos relevantes de los actos represivos: el secreto, la clandestinidad y la impunidad. “La impunidad garantizaba el secreto y la clandestinidad”, afirmó la actual magistrada penal. Explicó también que desde la “Bicameral” se reconoció que las víctimas durante el terrorismo de Estado no solo eran militantes políticos sino que también se persiguió a obreros,  artistas, profesionales (principalmente abogados como el doctor Lorenzo Pisarello o el doctor Dardo Molina), estudiantes universitarios y secundarios. Señaló también el secuestro de jóvenes de entre 16 y 17 años e incluso de menos edad y algunas familias como el caso de los Rondoletto.

La declaración de la doctora Vitar, de alguna manera, respondió a esa pregunta que tantas veces se hace: ¿Por qué no denunció antes?. La magistrada contó cómo ella, junto a otras dos abogadas con las que realizaban las investigaciones, recibió amenazas, intimaciones y denuncias ya durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Contó también, cómo el mismo Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas presionaba a los familiares y víctimas para que retiren las declaraciones realizadas ante la Comisión Bicameral. Sin embargo fueron 487 las denuncias recibidas tanto de víctimas liberadas como de familiares de desaparecidos.

El infierno en la tierra

El doctor Alberto Argentino Augier estuvo detenido durante cinco meses aproximadamente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Su testimonio llegó a esta audiencia a través de la lectura de sus seis declaraciones realizadas en diferentes instancias. Esta situación demuestra, una vez más, que muchos dejaron su vida en la lucha por alcanzar la justicia. Aunque todos ellos no hayan podido presenciar este juicio, legaron su esfuerzo para que un tribunal juzgue y condene a los responsables de las aberraciones cometidas durante el terrorismo de Estado.

El relato que Alberto Augier hiciera de lo que vio y vivió durante su secuestro en “Arsenales” fue escalofriante. Describió detalladamente en qué consistían los mecanismos de tortura conocidos como el “submarino”, “el arrastre”, “el entierro”, así como también la picana y la cama eléctrica. Alberto sufrió varias de esas torturas: “Tenía la sensación que mis brazos y piernas se quebraban y mis órganos internos estallaban… Esos días que permanecí enterrado no recuerdo nada, había muerto”.

En ese lugar, al que describió una y otra vez como el purgatorio o el infierno, vio que asesinaron a un padre delante de su hijo. Augier, que era médico, indicó que aquel niño tendría aproximadamente 11 años. Como no se sabe de ningún caso de un padre y un hijo de esa edad que hayan estado en el Arsenal, se cree que, o bien se trata de alguien cuya desaparición no ha sido denunciada o bien el estado de desnutrición del joven haya ocasionado una confusión en la apreciación del médico.

Los primeros testimonios de “Arsenales”

Después de las dilaciones provocadas por los pedidos de nulidad por parte de la defensa, llegaron los primeros testimonios de las víctimas sobrevivientes que estuvieron secuestrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Muchos de los testigos de esta etapa realizan por primera vez su declaración en un juicio oral y público. Por ello, a muchos de ellos se le preservará su identidad.

Tal como lo indica el Protocolo de Tratamiento a los testigos víctimas de delitos sexuales, la sala fue desalojada para escuchar a la primera testigo que declaró el día viernes 3 de mayo. Su desgarrador relato deja a las claras que  además de genocidas, torturadores, saqueadores se trata – como lo indicó Susana Chiarotti* - de vulgares violadores.

NC señalo los apodos de quienes la secuestraron:‘El petizo’, ‘el ganso’ y otro cuyo nombre no recuerda. Describió a uno de los más crueles interrogadores, al que le decían ‘El indio’ y señaló al imputado Juan Carlos Benedicto como uno de los entregadores que trabajaban para el Servicio de Inteligencia. Pero de los nombres que dio la testigo, los que revisten una particular importancia son los de aquellos otros detenidos que vio, escuchó o supo que estaban. Es que para muchos familiares y amigos que asisten a las audiencias, tener un mínimo dato de qué sucedió con sus seres queridos es impagable. Por eso, tanto abogados querellantes como el público presente escucharon con especial atención cuando dijo que había podido conversar con Teresa Guerrero y José Díaz Saravia (esposos), que vio a Juan Carlos Pastori, a Ana de Reynaga, a Trinidad Iramain, que habló con Luis Falú, con Rodolfo Lerner. Cuando la querellante Valentina García Salemi le mostró la fotografía de Enrique Sánchez pudo identificarlo. Recordó también que aquel joven le había pedido que les avise a sus padres que se encontraba con vida. La testigo aseguró que vio cuando llegaron al Arsenal una señora y un señor mayor con una chica que estaba embarazada, se trataba de los miembros de la familia Rondoletto. Todos ellos permanecen desaparecidos. Muchos de ellos también fueron señalados como compañeros de cautiverio por Alberto Augier.

Prohibido pensar

“Juro por las víctimas del genocidio y por todos los que lucharon por hacer posible estos juicios”, respondió CM cuando el presidente del Tribunal le tomó juramento. Esta testigo víctima secuestrada en 1975 y trasladada al Arsenal Miguel de Azcuénaga recordó con mucha emotividad a Julio Campopiano. Julito, le decía mientras recordaba a aquel “poeta inteligente y excelente persona” de 17 años de edad al que vio con vida en el penal de Villa Urquiza. Hoy, Julito permanece desaparecido.

Esta testigo recordó, mientras presionaba un pañuelo entre sus manos, que le preguntaron por Adriana Mitrovich y por Ricardo Torres Correa. Que compartió cautiverio con una jovencita analfabeta de apenas 16 años, cuya familia vivía del desmonte, a la que le decían “la piojosa”. Que habló con Trinidad Iramain y con Teresa Guerrero. Que ya en democracia recibió presiones para retirar su declaración ante la Comisión Bicameral y la CoNaDep (Comisión Nacional de Desaparecidos) y para que ratificara una declaración firmada bajo tortura. Recordó también que cuando estuvo en Villa Urquiza, Hidalgo le dijo que allí recluían mujeres para que se vuelvan locas o se mueran.

Esta mujer, a la que Zimmerman le dijo que “en este país no solo estaba prohibido decir o hacer, sino también pensar", a la que le decían que era una “subversiva” y que no usaba zapatos con tacos para poder correr y escalar, también indico al ‘Indio’ como uno de los más crueles torturadores. "Es muy duro después de 37 años que los testigos sigan esperando 9 horas para declarar”, dijo CM antes de retirarse. Y es que los planteos realizados por los abogados ocasionaron que durante la mañana del viernes no se avanzara con las declaraciones testimoniales.

La jornada terminó con el último testigo alrededor de las 20 horas. “Yo no puedo describir con palabras el trato en ese campo de concentración… lo que es perder la dignidad humana”, dijo MM cuando por fin pudo contar su secuestro. Este testigo también habló del temor que lo acompañó cuando ya se había recuperado la democracia. “Incluso en ese momento las Fuerzas Armadas tenían tanto poder como cuando me llevaron a mí”, explicó. Pero esa siniestra trama de miedo y dolor se fue desarmando con los años, aunque sean muchos más de los que algunos pudieron resistir.

Cada jueves y viernes los imputados son llevados ante el Tribunal. Ahí, a la vista de todos, son juzgados. Ser parte de este momento histórico es más que un deber de ciudadano, es una deuda de toda la sociedad con las 30.000 personas que no tuvieron la oportunidad de un juicio justo. Si eran culpables o inocentes de algo nadie puede asegurarlo porque, como lo dijo Liliana Vitar, “era una total privación de la justicia... los abogados eran asesinados”. Pero qué podía importar la inocencia o la culpabilidad cuando el mismo genocida Antonio Domingo Bussi, según contó Alberto Augier, había asegurado que ‘es preferible matar a un inocente a que se escape un subversivo’. Ningún familiar de desaparecidos apeló a la venganza, todos esperaron y siguen esperando que un tribunal los juzgue así, con las garantías de los derechos que ellos mismos negaron.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar