Un año de justicia

 Fotografía de Julio Pantoja | Agencia Infoto

Fotografía de Julio Pantoja | Agencia Infoto

215 víctimas: 118 de Jefatura, 97 de ‘el Arsenal’. 55 víctimas tenían hijos. 4 mujeres estaban embarazadas, 3 hombres esperaban el nacimiento de sus hijos. No los conocieron. Números que son más que eso, son historias. Historias de vidas que por más de 30 años parecían que iban a quedar solamente en la memoria de quienes los amaron. Historias que un puñado de hombres, que se creían dueños de todo, decidieron cambiar. Que hoy, a pesar de todo lo hecho por silenciarlas, se cuentan, se escriben, se gritan. El martes 12 se cumple un año desde que empezó el juicio por delitos de lesa humanidad más grande del noroeste argentino, la ‘megacausa’ Jefatura II Arsenales. A lo largo de este año pasaron más de 400 testigos y se leyó el testimonio de otras 400 personas. Se visitó uno a uno los lugares donde muchos de esos sobrevivientes padecieron el infierno. Jefatura de Policía, Escuela de Educación Física, Reformatorio, Nueva Baviera, ‘Escuelita’ de Famaillá, Comisaría de Monteros, Caspinchango, Santa Lucía, Arsenales. Y los lugares que preservaron los restos, la prueba irrefutable: las fosas en el Arsenal y el Pozo de Vargas. Y llegó el momento de los alegatos, “la justicia está en los alegatos”, dice una de las familiares. Es que allí no solo se habla, se reivindica, e independientemente de la sentencia, se hace justicia en la palabra y con la palabra.

El jueves 7 terminaron de presentar los alegatos todas las querellas. Entre los últimos en hacerlo estuvieron Daniel Mendivil y Juan Cárlos Véliz. Los abogados hablaron de la usurpación del inmueble de calle Frías Silva al 200. En esa vivienda vivía el matrimonio de Diana Oesterheld y Carlos Araldi. La pareja alquilaba la casa a don Onésimo Marini cuando, en 1976, Diana fue secuestrada junto a su hijo de poco más de un año. Carlos fue asesinado y el pequeño fue abandonado en la Casa Cuna de donde fue retirado por sus abuelos paternos. Diana, que estaba embarazada de más de 6 meses, permanece desaparecida. La propiedad en la que el matrimonio se encontraba viviendo fue ocupada, según indican varios testimonios,  por María Elena Guerra. Ella y Roberto Heriberto Albornoz, quien estuvo a cargo del secuestro de Oesterheld, habrían mantenido una relación amorosa. María Elena Guerra se encuentra imputada por esta usurpación.

Los querellantes indicaron que la imputada no pudo explicar cómo llegó a vivir en la propiedad de los Marini. Sostuvieron que se contradijo en las diferentes declaraciones. Que los testigos presentados por la defensa incurrieron en falso testimonio. Solicitaron que la fiscalía los investigue por este delito, al igual que a los abogados defensores quienes, según indicaron, actuaron con ‘mala fe procesal’. Finalmente hicieron la petición de la pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por el delito de usurpación de la propiedad, con calificación de delito de lesa humanidad.

A continuación se refirieron al caso de la familia Osores. Carlos Osores, militante comunista, permanece desaparecido. La familia fue víctima de tres operativos en los que los saquearon y los golpearon. En el primero de ellos violaron a una menor de 15 años que se encontraba en la vivienda. Los testimonios presentados por esta causa contaron con detalle lo sucedido. Afirmaron haber reconocido, entre los secuestradores, a Francisco ‘Pancho’ Orce y a Mario ‘Malevo’ Ferreyra. Mendivil y Véliz no pidieron pena para Ernesto Rivero y Héctor Montes de Oca – imputados en esta causa- por no tener la querella formal, pero sí hicieron valoración de las pruebas producidas a lo largo del proceso.

El último querellante en hablar fue Daniel Villagra, representante de la causa de la desaparición del empresario José Guetas Chebaia. Chebaia, que además fuera secretario de planeamiento, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. El abogado Daniel Villagra, que tampoco pudo pedir pena para los imputados, dijo que estaba seguro que la fiscalía supliría con creces esta falta.

Alegatos de la fiscalía

“Esta prueba se consiguió a pesar de los esfuerzos sostenidos, sistemáticos durante 37 años, de los imputados, para que este juicio no se produzca. Esta prueba tiene que leerse en ese contexto”, dijo el fiscal ad hoc Pablo Camuña. Así comenzó a valorar el caudal probatorio en contra de los imputados. Al referirse a la cantidad no dudó en remarcar que se tratan de “cien mil fojas. Si nosotros apiláramos toda esa información tendríamos un edificio de 30 pisos”. Pero la valoración de la prueba no fue solamente por su cantidad sino por la calidad de la misma. “El 80% de tiempo de este debate es de prueba testimonial”, sostuvo el fiscal que además rescató el esfuerzo que significó, para cada testigo, revivir tanto dolor.

Del total de víctimas de esta ‘megacausa’, Camuña señaló que 72 fueron liberadas, “de las 140 personas desaparecidas, asesinadas, siete ‘reaparecieron’. Siete fueron encontradas en las fosas comunes en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en el cementerio de Tacanas”, recordó el fiscal. Y a continuación planteó a la audiencia y al tribunal lo que para él fue una de las preguntas guías de la investigación: ¿Cómo terminan en la misma fosa común en Arsenal, el senador Damián Márquez y Rosario Argañaráz, un agricultor de Simoca, junto con Ricardo Salinas, egresado del Gymnasium militante del Grupo Evolución Tucumán (GET)? ¿Por qué Ana Cristina Corral, una chica de 16 años militante de la Unión de Escuelas Secundarias (UES) va al mismo centro clandestino que René Quinteros, el gringo Quinteros de Caspinchango de 63 años de edad? ¿Qué tenían en común?

Camuña dijo “nosotros analizamos a estas víctimas… y así pudimos saber que dentro de estas víctimas habían estudiantes secundarios, estudiantes, universitarios; actores, escritores, docentes, maestros y profesores, operarios, obreros, jornaleros, amas de casa, electricistas, agricultores, enfermeros, comerciantes, médicos, psicólogos, abogados, contadores públicos, ingenieros, empleados, dirigentes, diputados, camioneros, peladores de caña, no docentes, chapistas, jugadoras de básquet, empleadas domésticas, empresarios, panaderos, mecánicos, herreros, publicistas, vendedores ambulantes, policías, carteros, martilleros públicos, conscriptos, pintores, canillitas”. De este modo presentó la heterogeneidad de los secuestrados, no solo por su ocupación sino también por su militancia política, estudiantil y/o religiosa. “Eran enemigos, eran enemigos de este plan criminal”, concluyó como respuesta a sus preguntas.

Explicó cómo se había construido el concepto de enemigo y la transformación de ese concepto del sentido bélico al sentido político. Se creó la figura del enemigo “porque supone una guerra y supone que a ese enemigo se lo puede matar”, aseveró. Se refirió a la idea del ‘enemigo subversivo’ que se lo presentaba como un cáncer que había que extirpar. Una definición tan amplia que determinaba como campo de acción la sociedad en su conjunto.

La extensa presentación de Camuña incluyó el rol que jugaron los civiles y algunos sectores de la Iglesia Católica. Habló puntualmente del empresariado, de su complicidad; de la Justicia Federal, que rechazó 225 recursos de Hábeas Corpus; de la Universidad Nacional de Tucumán y su colaboración en esa especie de ‘caza’.

El viernes 8, el fiscal federal subrogante Leopoldo Peralta Palma y el fiscal ad hoc Patricio Rovira comenzaron con la exposición de las causas pertenecientes al universo procesal de Jefatura de Policía. El nombre, las pruebas, las historias de estas 118 víctimas fueron recordadas, valoradas y cruzadas unas con otras. Rovira advirtió que, a los fines explicativos y para ordenar el relato, la secuencia de la exposición sería en orden cronológico.

El miércoles próximo la audiencia reanudará con la presentación de las víctimas que son parte de lo que se conoce como ‘Arsenal’. Entre jueves y viernes se espera que la fiscalía termine de alegar. Para esos días se harán las imputaciones, se hablará de la responsabilidad, la calificación legal, la cadena de mando y finalmente la solicitud de las penas para los 41 imputados. Además, está previsto que la Secretaría de Derechos Humanos realice sus alegatos el viernes 15 por la tarde.

Después de 37 años de impunidad, de dolor, de desesperanza; a un año de iniciado este juicio, lo que sostiene a los sobrevivientes, a los familiares, a los amigos es la posibilidad de un poco de justicia. Quizás no toda la que se quisiera, no toda la que se necesita, pero sí toda la que sea posible. Y, claro está, la esperanza de encontrarlos, de saber dónde están. Para cerrar una etapa, la más desgarradora; para cicatrizar las heridas, las más profundas; para rendirles homenaje, el más merecido.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar