Solo tarda un poco más
/Fotografía de Julio Pantoja | Agencia Infoto
“¿Se puede pedir una mejor prueba de lo que estamos diciendo? ¿Podemos seguir diciendo que las víctimas mintieron por más de 30 años?”, fue la pregunta que hizo el fiscal Leopoldo Peralta Palma después de referirse a los restos hallados en las fosas del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Precisó que de los 13 cuerpos 12 fueron identificados. Tres de ellos pertenecen a víctimas de esta ‘megacausa’: Rosario Argañaraz, Ricardo Salinas y Guillermo Corroto. Patricio Rovira (fiscal ad hoc) se refirió a las pericias realizadas en el galpón N°9, donde estuvieron alojados los secuestrados, y señaló las coincidencias con las descripciones de los testigos. “Las 19 marcas indican que había 20 boxes de cada lado, o sea una capacidad de 80 boxes”, precisó Rovira. SA (testigo protegida) había dicho que en el período que ella estuvo vio pasar por ese Centro Clandestino de Detención (CCD) alrededor de mil personas. La semana de audiencias empezó el día miércoles. El Ministerio Público Fiscal realizó sus alegatos durante cuatro días. Valoró la prueba por cada una de las 212 víctimas y en contra de los 41 imputados que son juzgados de esta ‘megacausa’. Expuso las razones por las que los delitos que aquí se juzgan deben ser considerados de lesa humanidad y por qué se diferencian de los delitos comunes. Dejó claro que la pena, que sería solicitada el último día de los alegatos, debía ser cumplida en cárcel común. Explicó cómo convivía una cadena de mando centralizada con acción descentralizada (lo que daba cierta autonomía) y una estructura regular con una excepcional. Esta era la organización que “producía ese sistema represivo y la existencia de los Centros Clandestinos de Detención que los imputados insisten en llamar, eufemísticamente, ‘lugar de reunión de detenidos’”, dijo el fiscal.
La extensa exposición de la fiscalía hasta el día jueves, incluyó el funcionamiento de la inteligencia militar, la conformación del llamado ‘circuito clandestino de represión’ con cada uno de sus ‘nodos’, que eran los CCD (Jefatura de Policía, Escuela Universitaria de Educación Física, el Motel, el Reformatorio, el Arsenal y los que funcionaban en el sur de la provincia: el ingenio Nueva Baviera, la base militar de Santa Lucía, Caspinchango, escuelita de Famaillá, Comisaría de Monteros). Los fiscales leyeron las imputaciones, marcaron las responsabilidades de cada uno de los imputados, respaldaron las imputaciones no solamente con los testimonios, sino también con los legajos y otros documentos que fueron incorporados como prueba durante las audiencias.
Penas máximas, bajas deshonrosas y cárcel común
Fotografía de Julio Pantoja | Agencia Infoto
El viernes 15 de noviembre fue una de las jornadas más largas desde iniciado el juicio. Estaba previsto empezar a las 8.30 de la mañana. Era poco más de las 9 cuando el presidente del tribunal dijo “se reabre la audiencia”. Restaban leer las últimas imputaciones y recién por la tarde la fiscalía hizo el pedido de pena. Prisión perpetua para 33 imputados: 13 militares: Camilo Ángel Colotti, Pedro Osvaldo Caballero, Hugo Enzo Soto, Augusto Leonardo Neme, Fernando Torres, Luis Orlando Varela, Mario Miguel D’Ursi, Jorge Omar Lazarte, Luis Orlando Ocaranza, Ramón Ernesto Cooke, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore y Ramón Alfredo Ojeda Fuente. 5 gendarmes: Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Benito Palomo, Tomás Adolfo Güemes y Alberto Héctor Rafael Montes de Oca. 14 policías: Roberto Heriberto Albornoz, Juan Alberto Abraham, María Luisa Acosta de Barraza, Miguel Chuchuy Linares, Luis Armando De Cándido, Hugo Javier Figueroa, Oscar Humberto Gómez, Antonio Esteban Versellone, Ángel Custodio Moreno, Pedro José Pasteris, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Guillermo Agustín Ugarte y Félix Insaurralde. Y un civil: Juan Carlos Jesús Benedicto.
El resto de las penas solicitadas fueron entre 4 y 25 años. Se solicitó que se revoquen las excarcelaciones, que se dé la baja deshonrosa del ejército a los militares, la exoneración a los miembros de la policía y la destitución a los gendarmes. Los ocho imputados restantes les correspondería, según la solicitud de la fiscalía, las penas de 25 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para Carlos Eduardo Trucco y Ariel Orlando Valdiviezo; 18 años de prisión para Marcelo Omar Godoy; 15 años para Celso Barraza y el cura José Eloy Mijalchyck. Para el policía Ramón César Jodar 12 años; en tanto para los civiles Francisco López Guerrero 13 años de prisión y, por el delito de usurpación, cuatro años de prisión para María Elena Guerra.
“Nuestra tu alegría”
Así se llama el poema que Julia Salinas leyó al finalizar su declaración testimonial en abril de este año. Ricardo Salinas lo había escrito en 1976 cuando supo que su hermano Alfredo había sido secuestrado. Ricardo es uno de los 12 cuerpos identificados en las fosas del Arsenal Miguel de Azcuénaga, uno de los ‘desaparecidos reaparecidos’ víctimas en esta ‘megacausa’. Patricio Rovira leyó un fragmento de ese poema: “Tal vez no sepamos nunca qué fue lo último que viste. Quizás un nogal centenario, enardecido en la selva. Quizás el sol milenario, arriba de todo. Quizás el negro monstruoso de la venda en los ojos, de los torturados. Tal vez no sepamos nunca exactamente a qué hora, qué día, bajo qué lluvia…”, decía los primeros versos que leía el fiscal mientras algunos parientes de los imputados se retiraban de la sala. “…Aunque ellos tengan, Dios sabe dónde, tu cadáver. Yo me he quedado con tu risa, y abrazada al fuego casi loco, es nuestra tu alegría”, finalizó la emotiva lectura.
De esto modo, con el aplauso y la emoción de todos los que dejaron años de su vida en la búsqueda, terminó el Ministerio Público Fiscal sus alegatos. “Justicia es perpetua en cárcel común”, decía el cartel que sostenían en alto los familiares de las víctimas. Los mismos familiares que cada jueves y viernes llegan en los momentos que pueden hasta el Tribunal Oral Federal. Los que escucharon por ya más de un año los testimonios desgarradores, los que aun cuando llegaron a pensar que la justicia era un imposible, que encontrarlos era una utopía, no se dieron por vencidos. “Lo imposible solo tarda un poco más”, no es para ninguno de ellos una frase hecha. Es una convicción y una realidad.
Sobre distancias siderales
“La presencia de esta secretaría de Derechos Humanos obedece a una política de Estado respetuosa de los Derechos Humanos. Esos mismos Derechos Humanos que los imputados violaron y que continúan violando hoy negándose a aportar información”, dijo Pablo Gargiullo, uno de los abogados querellantes por parte de esa secretaría. Las últimas palabras después de haber expuesto y valorado las pruebas, de haber solicitado las penas, apuntaron a marcar claras diferencias entre ese Estado ‘terrorista y criminal’ y el actual.
Bernardo Lobo Bougeau y Pablo Gargiullo tienen a su cargo la representación de las víctimas que estuvieron cautivas en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En su alegato hablaron de los centros clandestinos de detención, recordaron las comparaciones que realizaron otros querellantes con los campos de concentración de Auswitchz y decidieron concentrarse en una de las principales diferencias. “La finalidad de los campos nazis era la aniquilación, la de los CCD viene dado por la escuela francesa”, puntualizó uno de los letrados.
También hablaron de la ‘conducta de los sobrevivientes’. “Esa conducta solo puede ser juzgada por aquellos que pasaron por lo mismo… cualquier juicio, de cualquiera de nosotros, sería un acto de soberbia”, dijo Gargiullo haciendo referencia a lo que cada sobreviviente hizo, dijo o dejó de hacer por un día más de vida, por una picaneada menos, porque le ‘aflojen’ un poco al dolor que desgarraba hasta el alma. “Los secuestrados fueron reducidos a animales, porque así era más fácil someterlos”, sostuvo. “Los delitos sexuales se pueden equiparar a los tormentos, pero no se los puede subsumir”, afirmó Gargiullo y recordó los aportes realizados por Susana Chiarotti como testigo experta. “La violencia sexual fue sistemática y generalizada”, concluyó.
Cuando habló de las víctimas enfatizó en los actos solidarios de los que muchos testimonios dieron cuenta. El doctor Augier, que asistía con sus conocimientos y su buena voluntad; Ana María Sosa y su contención maternal; Julito Campopiano, que con sus 17 años fue recordado por los sobrevivientes; ‘Lucho’ Falú y tantos otros. “A pesar del miedo, del tormento, no pudieron evitar que tengan actos de solidaridad”, dijo y emocionó a toda la audiencia.
Por su parte, Bernardo Lobo Bougeau tiene a su cargo, además, las querellas particulares de Luis ‘Lucho’ Falú y de Alberto Gallardo. Valoró las pruebas y realizó el pedido de pena. “En el caso de ‘Lucho’ Falú estamos hablando de un homicidio triplemente calificado”, dijo el abogado. "Él conocía su destino. Sabía cuál era su final. Estuvo siete meses cautivo, fue estaqueado durante tres días, desnudo… Las mismas víctimas tenían que hacer su propia tumba”, explicó así una de las razones del agravamiento del homicidio. Al finalizar leyó “Los hilos de la trama”, un poema del escritor tucumano Juan González en homenaje a Luis Eduardo Falú.
Después de hacer el pedido de pena, tanto por las querellas particulares como por la secretaría de Derechos Humanos, Pablo Gargiullo se dirigió al imputado Ariel Orlando Valdiviezo. Valdiviezo en indagatoria dijo ser una ‘víctima de esta política de Estado que solo sirve para amparar a los terroristas’. “Yo quiero decirle al señor Valdiviezo que entre esta política de Estado y aquella política criminal y terrorista con la que colaboró, existe una distancia sideral”, dijo, y en él se dirigió a todos los imputados. “La misma distancia que separa la cama donde duerme el señor Valdiviezo de la colcha hedionda y sucia que tenían por toda posesión los detenidos en Arsenal Miguel de Azcuénaga. La ducha en la que se higieniza y el sanitario donde hace sus necesidades de los baldazos de agua fría que recibieron con la ropa puesta y el campo lleno de espinas donde eran obligados a hacer sus necesidades los desaparecidos. Los medicamentos que recibe el señor Valdiviezo de las hilachas de estopa y de desinfectante para piso que tenía como todo medicamento el doctor Augier para curar las heridas de los prisioneros en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. La ambulancia que hay en la puerta del tribunal por si alguno de los imputados se descompone o le sube la presión, del brazo agusanado por la gangrena de Víctor Zafarov o del cuerpo agonizante y muriéndose de tétanos de Julio César Campopiano sin más atención médica que el consuelo desesperado de todos sus compañeros (…). Es la misma distancia sideral entre este juicio con todos los abogados defensores, con sus jueces con sus recursos y sus garantías de las ejecuciones sumarias que eran llevadas en el Arsenal sin más trámites que arrodillar a un prisionero delante de una fosa, pegarle un tiro en la cabeza y después prenderle fuego”. El aplauso, las lágrimas, la extraña mezcla de dolor, ansiedad y esperanza inundó la sala.
Pedido de penas
Fotografía de Julio Pantoja | Agencia Infoto
La secretaría de Derechos Humanos solicitó la pena de Prisión perpetua para los militares: Camilo Ángel Colotti, Carlos Eduardo Trucco, Ariel Orlando Valdiviezo, Pedro Osvaldo Caballero, Hugo Enzo Soto, Augusto Leonardo Neme, Fernando Torres, Luis Orlando Varela, Mario Miguel D’Ursi, Jorge Omar Lazarte, Luis Orlando Ocaranza, Ramón Ernesto Cooke, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente y el gendarme Benito Palomo
Para el militar Luis Daniel De Urquiza se solicitó 25 años y para los gendarmes Ernesto Rivero, Omar Marcelo Godoy, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, José Carlos Sowinski y el civil Juan Carlos del Jesús Benedicto, 20 años de prisión. Para Francisco López Guerrero (civil) 18 años y para José Eloy Mijalchyck 15 años. La menor pena fue pedida para el gendarme Celso Alberto Barraza a 10 años de prisión. Además, Lobo Bougeau le solicitó al tribunal que, cuando la sentencia quede firme, se libre un exhorto a la Iglesia Católica pidiendo la excomunión del cura Mijalchyck por haber violado el Código de Derecho Canónico.
El viernes 15, después de más de 13 horas de debate, terminaron los alegatos de todas las querellas y la fiscalía. La audiencia se reanuda el miércoles 27 a las 8.30 de la mañana. Será el momento para que las defensas hagan lo propio. 41 imputados, más de 800 testimonios entre los que asistieron a este juicio y los que se incorporaron por lectura, 212 víctimas, más de un año de audiencias. 30 pisos de fojas si se apilase toda la prueba producida, había dicho el fiscal ad hoc Pablo Camuña. Más de 30 años después, la justicia es posible aunque se haya hecho todo para evitarla.
Gabriela Cruz
gcruz@colectivolapalta.com.ar