Que sea justicia
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Fotografía de Bruno Cerimele | Agencia Infoto
El sexto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán llega a su fin. Esta semana, las expectativas están puestas en la única audiencia que queda, la del viernes 13 de diciembre. Es que ese día será la sentencia y todos esperan lo mismo. La semana que pasó estuvo cargada de reacciones diversas, de climas cambiantes. Alegatos, réplicas, dúplicas, últimas palabras. El miércoles se reanudó la audiencia, el tribunal había decidido agregar esa fecha para garantizar que la sentencia no se retrase. Los alegatos del Ministerio Público de la Defensa no habían terminado. Los abogados hablaron de los imputados que habían sido miembros del Destacamento 142: Luis Orlando Varela, Fernando Torres, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Marcelo Omar Godoy, Ramón Ojeda Fuentes y Francisco López Guerrero. Los alegatos versaron, en general, sobre los legajos de los imputados. Que no estuvieron en los lugares donde se cometieron los delitos o en las fechas indicadas, que los testigos no identificaron con precisión a sus defendidos, que desconocían lo que sucedía.
“Es un hombre muy mayor con problemas muy graves cardiológicos. Es un anciano”, dijo Bonnin respecto a Luis Orlando Varela. El imputado había sido identificado en una rueda de reconocimiento fotográfico por BM, ha sido señalado por otros testigos más. Todos coincidieron en que se hacía llamar 'Naso' o 'Vargas'. La fiscalía pidió para él la pena de prisión perpetua y el defensor oficial sostuvo que “no valoraron sus condiciones de salud”. Tras pedir la exclusión de los testimonios que involucran a su representado, afirmó que no hay suficiente prueba para condenarlo. Respecto a Fernando Torres, el letrado sostuvo que no estuvo en el Arsenal, que por ser tucumano tenía a cargo “hacer análisis de comunicación social y medir la imagen del gobierno”. Este imputado, que los testimonios lo señalan como la persona que visitaba a Anabel Cantos mientras estuvo cautiva en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, “no sabía de esta cuestión del plan sistemático”, según el abogado defensor. “Recién en este juicio se relacionó 'Moreno' con Güemes”, dijo Martín Galliano haciendo referencia al alias que, según los testigos, utilizaba el imputado. “Van acomodando su relato”, disparó el letrado respecto a uno de los testigos víctimas que declararon en esta 'megacausa'. Y esa fue la tesitura que sostuvieron los defensores: “no son víctimas, fueron entregadores”.
Réplicas, cruces y tensiones
El tribunal acotó en cuatro puntos, los que serían objeto de las réplicas: la nulidad parcial de las acusaciones, la exclusión probatoria de algunos testigos, la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y la inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita. Sobre estos puntos, las querellas y la fiscalía hablaron durante la tarde del jueves 5 de diciembre, esta vez acompañados por los familiares de las víctimas. Aquellos que habían decidido no ingresar a la sala y seguir la audiencia desde una antesala porque las palabras de los abogados defensores les había resultado, cuanto menos, irrespetuosas. En muchas de ellas, según expresaron, se hizo apología del delito de genocidio, del exterminio, se les faltó el respeto; y no estaban dispuestos a escuchar y ver como los torturaban una vez más.
La primera en hablar fue la abogada querellante por Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC –, Laura Figueroa. Explicó las razones por las que el tribunal debía desestimar, una vez más, la nulidad planteada; justificó el pedido de prisión perpetua; se refirió al valor probatorio de los testigos que la defensa pretende apartar. “No hubo un perdón, no hubo un acto de arrepentimiento, ni siquiera hubo un acto humanitario para decirnos dónde están las víctimas”, sostuvo la querellante, “No los encontramos, no porque no quisimos, sino porque no pudimos”, manifestó recordando todo lo que se hizo para ocultar los cuerpos, para desaparecerlos.
“Cuando ellos dicen 'entregadores', yo me pregunto: ¿a quién los entregaban?”, reflexionó Emilio Guagnini al referirse a la solicitud de la defensa de sacar algunos testimonios. Recordó que los testigos empezaron a hablar cuando pudieron, que sus familias estaban amenazadas, que los responsables del miedo, del silencio, de lo que sea se haya hecho para sobrevivir eran ‘ellos’: los represores, los torturadores.
“No se ha violado ninguna garantía constitucional”. “No se produjo prueba en contra de los testigos (a los que ellos llaman entregadores), salvo lo dicho por sus defendidos, en indagatoria y sin juramento”. “Nosotros no tenemos solamente los testimonios, sino que tenemos prueba documental”, despachó Julia Vitar cuando hizo la réplica. Afirmó que cada palabra declarada por los testigos que los defensores quieren excluir está respaldada por la documentación presentada y que, además, otras declaraciones testimoniales confirman esas palabras. Cabe mencionar que los únicos que declaran bajo juramento son los testigos, los imputados no. En resguardo del derecho constitucional a no autoincriminarse es que los imputados hablan sin estar obligados a decir la verdad, sin que pese sobre ellos ninguna sanción al respecto. Y con esas consideraciones deben ser valoradas por el tribunal una y otra declaración.
Los abogados querellantes de ANDHES -Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales- también se refirieron a los cuatro puntos dispuestos por el tribunal como objeto de réplica. Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg presentaron además las leyes y jurisprudencia existentes que respaldan que ni las penas solicitadas ni los delitos de asociación ilícita son inconstitucionales.
Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió durante la réplica a cargo de los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos. “Asistimos a un nuevo intento de la estrategia de la Defensa Pública de extirpar lo que a ellos no les conviene”, dijo Pablo Gargiullo. Gargiullo y Bernardo Lobo Bouggeau son los abogados querellantes por esta Secretaría. El primero en hablar fue Lobo Bouggeau. Sostuvo que el planteo de inconstitucionalidad no podía prosperar y después de exponer los argumentos, cedió la palabra a su compañero y colega. Los encendidos dichos del letrado generaron malestar e interrupciones por parte de miembros de la defensa oficial. “Primero traicionaron a sus compañeros y después nos traicionaron a nosotros”, recordó que había dicho en la sala de audiencias el imputado Mario Miguel D'Ursi. Señaló que sus abogados defensores habían 'comprado' lo que sus defendidos les dijeron, pero luego ironizó “lo que no les dijeron, o quizás sí, entre abrazo y abrazo es: 'cómo no los matamos cuando pudimos'”. En ese momento Manuel Bonnin, miembro del Ministerio Público de la Defensa, se levantó irritado de su silla. El clima de tensión que antes se había producido entre los familiares de las víctimas y de los imputados se trasladó, esta vez, al sector de los abogados.
La mañana del viernes 6 empezó con las réplicas del Ministerio Público Fiscal integrado por Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira. Luego tuvieron la posibilidad de responder los defensores, tanto particulares como oficiales. Camuña refirió al planteo de nulidades y recordó que fue un recurso constantemente utilizado por la defensa. Rescató la responsabilidad con la que se trabajó desde la fiscalía que decidió bajar más de 120 acusaciones formales y analizó por qué debe ser rechazada la nulidad parcial. “La exclusión de testigos no está contemplada en nuestro sistema judicial”, dijo Peralta Palma, quien aseveró que es un mecanismo del derecho anglosajón. Indicó que lo que debía pedirse era el falso testimonio pero que la defensa no puede sostener esa acusación, por tanto recurre a una exclusión probatoria inviable.
Con respecto a las inconstitucionalidades, tanto de la pena como del delito de asociación ilícita, Camuña esgrimió los antecedentes existentes, citó la causa Vargas Aignasse y aseguró que solo se pidió la pena que establece el Código Penal valorando, eso sí, el daño producido por el delito. “No hacemos acusaciones por lo que los imputados son, sino por lo que hicieron”, le respondió de este modo a las palabras vertidas durante los alegatos de la defensa.
Las dúplicas fueron realizadas por el defensor particular Facundo Maggio y por los oficiales Ciro Vicente Lo Pinto, Alfredo Bertini, Vanessa Lucero, Mariano Galleta, Martín Galliano y Manuel Bonnin. “No responderé agravios del Ministerio Público Fiscal”, señaló apenas empezó Lo Pinto. “Que no se tenga en cuenta la réplica respecto a la inconstitucionalidad de prisión perpetua”, solicitó Bertini. De este modo concluyó la última intervención de los letrados. Solo restaba escuchar a los imputados en su derecho a decir las últimas palabras antes de la lectura de la sentencia.
Palabras finales
Los imputados se dirigieron al tribunal y a toda la audiencia. Luis Daniel De Urquiza, Ariel Orlando Valdiviezo, Tomás Adolfo Güemes y Ramón Ernesto Cooke se encuentran en el penal de Ezeiza. Desde allí y por el sistema de teleconferencia hicieron uso de este derecho. De Urquiza se dirigió al “público sufriente o al público doliente”, a ese público, dijo “que le falta alguien, que tiene un desaparecido, que ha sido victimizado”. Y tras afirmar que él no cometió ninguno de los delitos que se le imputan, pidió perdón por “cualquier tipo de delito que se haya cometido en nombre del Ejército Argentino”. “Este soldado solo cumplió órdenes, como lo hicieron los guerrilleros”, concluyó Ariel Orlando Valdiviezo después de asegurar que no tiene de qué arrepentirse porque jamás mató a nadie.
Güemes habló del número de las víctimas del terrorismo de Estado, citó a Graciela Fernández Meijide para determinar la cifra de desaparecidos. Se lamentó por sí mismo y por otros como él que eran “jóvenes oficiales” y que hoy viven este calvario por la “incomprensible desaparición de personas”. El último en hablar desde Buenos Aires fue Ramón Ernesto Cooke. Dijo que comprendía que “el dolor de la pérdida de un hijo es irreparable”. Luego se centró en las afecciones de su salud debido a su avanzada edad.
“Llevo 40 meses en cárcel común por un simple abuso deshonesto. Reitero mi inocencia”, dijo, en la sala, Celso Barraza. “Le pido a Dios que guíe a los jueces”, cerró su breve deposición Benito Palomo que aseguró que nunca mató, robó, ni maltrató a persona alguna. Hugo Enzo Soto, Luis Armando De Cándido, Juan Carlos del Jesús Benedicto, Hugo Javier Figueroa hablaron por la tarde. De Cándido, que fue condenado en Jefatura I, afirmó que pagó durante 10 años crímenes que no cometió. Benedicto, que ingresó a la sala después de varios meses sin hacerlo, se limitó a decir “soy ajeno a todo lo que se me imputa. No tengo ninguna relación con esto”. Por su parte Hugo Javier Figueroa agradeció que lo dejen expresarse y, entre lágrimas, juró por sus familiares y por sus creencias que es inocente.
La audiencia se reanudará el día viernes 13. Será la última jornada de este juicio que es histórico. Histórico porque además de tener 41 imputados, de haberse iniciado con más de 230 víctimas, de haber juzgado los delitos en dos centros clandestinos de detención que fueron fundamentales en el circuito represivo del noroeste argentino y de haber demostrado que uno de ellos fuera un centro de exterminio, le puso rostro a cada víctima, le puso historia, lucha y vida cotidiana a esos rostros. Le devolvió la esperanza de la justicia a cientos de tucumanos. Es el sexto juicio “pero ninguno es este”, había dicho una militante que asistió a cada uno de los cinco anteriores. Muchas cosas pasaron por primera vez en este juicio, muchos se atrevieron a hablar por primera vez. Margarita Lascowski y Ernestina Yackel se encontraron y se reconocieron por primera vez en una de las audiencias. Por primera vez familiares encontraron dónde dejar una flor. Ahora solo resta esperar, esperar hasta el viernes, esperar que sea justicia.
Gabriela Cruz
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