Justicia violenta sobre víctimas del Estado

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Fotografía de Marianella Triunfetti | Colectivo La Palta

Son muchos los casos en los que la impunidad, el poder político y la corrupción pasan por encima los derechos de ciudadanos comunes. Pero son más las causas en las que estas mismas razones denigran, atropellan y humillan la justicia de las víctimas de gatillo fácil, abuso policial, desaparecidos y torturados bajo el aparo de una ley inconstitucional. La violencia institucional también está latente en el Poder Judicial, y no hace falta poner el ojo sobre una causa mediatizada, como el caso de Paulina Lebbos o Marita Verón, para considerar que hay sectores que gozan de ciertos resguardos en el recinto. 

Hace unas semanas finalizó el juicio a dos policías tucumanos. Aníbal Leiva, imputado por violar a una adolescente, y Juan González, acusado de ser partícipe necesario del hecho, son los policías que el 22 de mayo de 2012 se convirtieron en delincuentes. Con una sentencia que otorgó diez años de prisión al violador y cinco años de cárcel al encubridor, el pasado lunes 23 de febrero se convocó a una audiencia para dar lectura a los fundamentos de la sentencia. Esta instancia, contemplada en el Código Procesal Penal como parte final de todo juicio oral, es obligatoria hacia los imputados. La importancia se debe a que, a partir de la lectura de los fundamentos de la sentencia, los imputados pueden presentar recursos de casación y, posteriormente, apelaciones que retracten parte de la condena. De la misma manera, la víctima y su familia tienen el derecho a escuchar los fundamentos que determinan, por ejemplo, por qué no se tuvo en cuenta la disidencia de una de las abogadas. Sin embargo, en este juicio solo se hizo la lectura de la condena sin dejar en claro el porqué y resignando el resto de los fundamentos para ser leídos, cual libro de verano, en una fotocopia que se les entregó a las partes. “La formalidad, de alguna manera, hace que se complete el juicio oral. Era completar ese trámite. Lamentablemente esta víctima no tenía una querella constituida”, expresó Julia Albarracín, abogada de la causa de Ismael Lucena, quien estuvo presente en el juicio oral de la causa que condenó a Leiva y González. “No estuve acompañada por ningún abogado porque en ese momento yo quise que la lucha sea mía. No quería que nadie sepa. Estaba perseguida y amenazada”, contó la madre de la víctima, quien fue extorsionada con dinero para que declarase que su hija mantenía un vínculo amoroso con Leiva.  

A esta decisión de no hacer lectura de los fundamentos, se sumaron situaciones de hostigamiento que dejaron en claro la postura de la Fiscalía y el Tribunal. “En primer lugar no se designó la sala en el momento del acto. Por lo tanto, cuando llegaron los ya condenados ex policías se pararon, frente al grupo que acompañaba a la víctima, junto a custodios del D2 de inteligencia, que no están uniformados. Además no había custodios en el recinto ni en la sala, cuando se conocía la situación. Cuando preguntamos el porqué, nos contestaron que no era necesario”, denunció Albarracín destacando que dentro del edificio de Fiscalía, donde se llevó a cabo el acto, se podía apreciar la presencia de personal de seguridad que podría haberse dispuesto para este caso. “Todas las pruebas daban que eran culpables. Las cámaras de seguridad, la declaración de los testigos, el ADN”, dijo la madre de la víctima. 

Además se procuró el resguardo de la identidad de los condenados a través de la Fiscal, quien hizo el pedido a la prensa de no tomar fotografías a los ex policías. “El delito de violación es de instancia pública. Los juicios son públicos y la sociedad necesita estar al tanto de que esta rigurosidad del debate público se cumple. Estamos juzgando delitos que afectan a la sociedad entera. No entendemos por qué este gran cuidado que los hace salir con las caras tapadas”, contó Albarracín. 

Por otro lado, las autoridades no permitieron el ingreso de la abogada, ni siquiera manifestando el patrocinio de la causa. Dicho patrocinio sirve para el acompañamiento de una de las partes y es una función que puede ejercer cualquier abogado, en cualquier instancia, ante las autoridades judiciales. Cabe aclarar que la madre de la víctima solo recibió una copia simple de las 80 fojas de los fundamentos, excusándose en la falta de insumos para imprimir el documento. “Estas cuestiones afectan mucho a la víctima, porque la víctima acude a la sentencia no solamente por una sentencia sino frente a un proceso que es garantía de justicia para la víctima. Si el proceso presenta tales desórdenes, lamentablemente la víctima no encuentra resguardo en la justicia y se siente desprotegida”, explica la abogada de la causa de Ismael, aclarando la revictimización de la persona que ya sufrió el acto delictivo y que tuvo que esperar durante casi dos años para una condena. “La verdad que no me sentí respaldada por la Justicia”, afirmó la madre de la joven y agregó “me sentí mal porque fue un trato feo. Mi hija tenía 16 años, imaginate lo que le costó vivir todo esto”. Por ello, denuncia a la fiscal que solicitó que no se tomaran fotografías de los condenados "por respeto a su familia". También denuncia a la jueza que hostigó a su hija mientras prestaba declaración para que dijera que "lo que Leiva le había metido no era una paquete de harina. ¿Sabés lo que le costó a mi hija decir la palabra 'pene'?".

Esta situación permite observar la violencia que genera para la víctima tener que encontrarse con su violador resguardado y custodiado. Al mismo tiempo pone en un lugar de vulnerabilidad a los afectados. “Son necesarios ciertos protocolos que estudien cómo afecta a la víctima estos procesos y que dispongan el acompañamiento a las personas”, manifestó Albarracín, teniendo en cuenta que es el Estado es el que violó los derechos de las personas a través de sus agentes.

La necesidad de reparar en la víctima y en la gravedad de que el Estado esté implicado en estas causas hace repensar las exigencias en el sistema que todo ciudadano debe proponer. Tucumanos que renieguen de situaciones como la inconstitucional Ley de Contravenciones Policiales. Ciudadanos que luchen contra las leyes que otorgan facultades y poderes al personal policial para detener y juzgar a cualquier sujeto por portación de rostro o por hacer uso de su derecho a manifestarse. Personas que comprendan que la 'inseguridad' se oculta detrás del abuso de poder de instituciones, como la policía tucumana, que dicen garantizar la 'seguridad' mientras tienen el camino libre hacia la corrupción, la extorsión y la impunidad.