El derecho de los imputados

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Fotografía de Paloma Cortes Ayusa

Una nueva audiencia de la megacausa Operativo Independencia empieza este jueves. La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal comenzó con la lectura de lo que se conoce como requerimiento de elevación a juicio. Un documento donde se concentra, en no muy pocas páginas, el contexto, los hechos y las pruebas. El relato pormenorizado del contexto sentó las bases del marco histórico en el que sucedieron los hechos que aquí se juzgan. Hechos que no habían sido llevado a juicio antes, ni siquiera durante lo que se conoció como el juicio a las Juntas, por haberse perpetrado durante un gobierno constitucional. Durante la lectura, el fiscal federal Pablo Camuña dejó claro que los delitos entonces cometidos fueron constatados ya en el año 1984.

“El llamado Operativo Independencia consistió en la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror”, leyó Pablo Camuña. A continuación aclaró que si bien la intervención se produjo durante un gobierno democrático, el llamado Operativo Independencia marcó el compás del creciente proceso de ‘autonomización’ de las fuerzas armadas respecto de los poderes constitucionales. Camuña citó en este punto a Daniel Feierstein, quien señalara que el Operativo Independencia se transformó en un temprano laboratorio de las prácticas sociales genocidas en el conjunto de la sociedad. “Constituyó, en una palabra, la primera experiencia de un terror estatal total en Argentina”, aseveró el fiscal.

“El Operativo Independencia constituyó, en una palabra, la primera experiencia de un terror estatal total en Argentina.”

A pesar de que, como se dijera antes, los secuestros y las torturas habían sido constatados apenas iniciada la democracia por la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán y por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), no fueron juzgadas por considerarse que el régimen constitucional seguía vigente con todas sus garantías. Recién en el año 2010 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal consideró que el deterioro de las garantías constitucionales fueron previas al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Es por esto que este juicio tiene un valor histórico diferente a todos los anteriores realizados ,no solamente en la provincia de Tucumán sino en todo el territorio argentino.

Esta será entonces la segunda semana de esta megacausa. A la fiscalía le queda terminar de leer una última parte del documento de elevación a juicio. Luego, se tratarán algunas cuestiones preliminares y finalmente el tribunal escuchará las declaraciones de los imputados. Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga deberán llamar uno por uno a los imputados para que declaren, por un lado, sus datos personales. Luego, los imputados podrán decidir si quieren hablar sobre los hechos en los que se los involucra. “Si ellos no quieren declarar, y realizaron alguna declaración en la indagatoria, se las leerá”, explicó el secretario del Tribunal, Mariano García Zavalía. “Esto nos va a llevar tiempo por lo que es posible que estemos el jueves toda la jornada e incluso el viernes hasta el mediodía”, agregó.

Los 270 casos que en este juicio se debatirán implican la presencia de, al menos, 700 testigos. Ninguno de ellos empezará a dar su testimonio esta semana. Recién la semana próxima están citados los que se conoce como testigos de contexto. Es decir, aquellos que no están relacionados con alguna causa en particular, sino los que van a dar cuenta del momento histórico que enmarca los hechos que aquí se juzgan. Uno de los más reconocidos es el periodista Horacio Verbitsky quien, posiblemente, declare por el sistema de videoconferencia.

De los 20 imputados iniciales, uno fue momentáneamente separado. Once siguen la audiencia desde la sala, en tanto los otros ocho lo hacen a través del sistema de videoconferencia. El Ministerio Público de la Defensa estará ahora representado por Adolfo Bertini quien reemplazará a Manuel Eduardo Bonnin. En tanto Vanessa Lucero seguirá formando parte de la defensa oficial. El cambio, según expresó el secretario del Tribunal, se debe a cuestiones meramente administrativas.

“Tienen la oportunidad de decirnos dónde están.”

Esta semana será el momento de escuchar la explicación de los imputados. Los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y los militantes de los organismos de derechos humanos sostienen que la justicia también está en esta instancia. “Tienen lo que nos negaron”, dicen una y otra vez. Un juicio con todas las garantías. La posibilidad de defenderse. El derecho de ser escuchados. “Tienen la oportunidad de decirnos dónde están”, afirman los que todavía buscan, los que todavía esperan. Las 19 declaraciones de esta semana serán contrapuestas, a lo largo de este año, con los 1400 testimonios. El recorrido recién empieza y más allá de las expectativas sobre este proceso en particular, llegar a este momento es en sí mismo un hecho histórico.