Operativo Independencia: preparando la antesala
/El 5 de febrero de 1975 se hizo público el decreto presidencial 261/75. De este modo el Operativo Independencia era puesto en marcha y las acciones represivas tenían un marco regulatorio. “Lo cierto es que la intervención militar registraba un largo camino de precedentes”, había leído durante las primeras audiencias el fiscal federal Pablo Camuña. Toda esa documentación que respaldaba y organizaba la maquinaria del terror tomó cuerpo en la práctica. Esa práctica dejó más documentación referida al funcionamiento de cada uno de los engranajes del sistema puesto en marcha en la supuesta ‘guerra antisubversiva’.
Sobre la documentación encontrada y la puesta en práctica de las operaciones militares declararon dos testigos expertos en la jornada del viernes: María Verónica Almada Vidal y Luis Guillermo Garay. La licenciada en Ciencias Antropológicas, que además cuenta con una especialización en Archivos y Derechos Humanos y cursa la maestría en Derechos Humanos, fue parte del equipo que realizó el informe sobre el Operativo Independencia para el Ministerio de Defensa. Para dicho informe consultaron una importante cantidad de archivos administrativos de las Fuerzas Armadas. “Se relevó desde el decreto presidencial hasta otras normativas, reglamentos e instrucciones que determinaban cómo llevar adelante ciertas acciones de las fuerzas y cómo se organizan las fuerzas”, indicó Almada. “Se ve a través de la documentación que existió otra documentación con la que no contamos”, dijo advirtiendo que esa ‘otra’ documentación está referida en reiteradas oportunidades en los archivos consultados.
La tortura aprendida y documentada
“Encontramos algo que nos llamó la atención", sostuvo y agregó: "hubo personal que fue a hacer cursos de interrogadores. O sea cursos de técnicas de inteligencia”, recordó Verónica Almada y no hizo falta explicar que 'inteligencia' en ese marco era el sometimiento a torturas. Por medio del sistema de videoconferencia pudo escucharse a la testigo explicar cómo se organizaban y se distribuían la tareas. “En algunas zonas, como el territorio del sudoeste, las fuerzas de tarea tuvieron un accionar preponderante”, dijo. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio en el territorio tucumano fueron cuatro las fuerzas de tareas desplegadas: Rayo, Aconquija, Chañi y San Miguel.
Casi sobre el final de su exposición, el fiscal Camuña preguntó: ¿De los documentos surgen la aplicación de torturas o su ejecución y la desaparición de sus cuerpos?. La respuesta no se hizo esperar. “Sí”, y al monosílabo le siguió la prueba: “reclamos del oficial Dominech hablan de interrogatorios no reglamentarios y los caracteriza como torturas”. Y sin escudriñar demasiado en su memoria agregó: “Recuerdo un oficial comisionado al Operativo Independencia que refiere que su participación había sido hacer desaparecer los cuerpos de los detenidos por izquierda”.
Santiago y Tucumán y la articulación del horror
En Santiago del Estero la preparación para la implementación del plan sistemático de exterminio se avizoraba varios años antes de iniciado el Operativo Independencia. Así lo manifestó el director del Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, Luis Garay. Su minuciosa explicación partió por señalar que ya desde 1972 se recreó un organismo de inteligencia policial. “El organismo fue creado en 1952 durante el gobierno de Carlos Juárez en el marco de la doctrina del control político e ideológico de la población en su intento de frenar la penetración del comunismo”, dijo el testigo. “A lo largo de la historia este organismo había desaparecido” comentó y advirtió que lo cita en el marco de este megajuicio porque considera que “fue central en este proceso que empieza en 1972 y que tenía como misión preparar el terreno para la posterior represión”.
Más adelante, Luis Garay dejó claro cómo el accionar entre este organismo de inteligencia policial, el destacamento 142 (en Tucumán) que dependiera del Comando del tercer cuerpo del Ejército y el Batallón de Ingenieros de Combate actuaron de manera articulada. “En febrero se lanza el Operativo Independencia y sabemos que el Batallón de Ingenieros de Combate va a integrar una fuerza importante con aporte tanto de soldados conscriptos como de oficiales que va a ser trasladados a Tucumán con el nombre de fuerza de tarea Rayo”, dijo el testigo. “Muchas personas detenidas y secuestradas en Santiago del Estero durante el año 75 y 76 fueron trasladadas a esas zonas de intervenciones e incluso trasladados a la Escuelita de Famaillá”, agregó y empezó a dar alguno nombres: “El doctor Lezcano, defensor de presos políticos, secuestrado en Santiago del Estero, su cuerpo fue recuperado en el Pozo de Vargas". “Emilio Ibarra, su cuerpo apareció en el Pozo de Vargas”.
El circuito represivo entre ambas provincias ya fue presentado en otros juicios realizados en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Las pruebas también muestran que algunos traslados se hicieron desde esta provincia hacia Santiago. “Hay un caso muy sonado, el señor Toconás (secuestrado en 1975), cuyo cuerpo fue recuperado hace 5 o 6 años, en la localidad de Pozo Hondo”, señaló Garay. “También puedo mencionar el caso del doctor Pisarello cuyo cadáver fue dejado en el monumento Francisco de Aguirre en Santiago del Estero. Se encontraba atado con alambre de púa y un cartel referido al orden de su asesinato”, recordó.
La prueba testimonial se produce en cada jornada de la megacausa Operativo Independencia. Todavía son los testigos de contexto los que aportan piezas en esta especie de gran rompecabezas. Entre este jueves y viernes se escucharon seis testimonios más. Otros tantos se esperan para la semana que viene. Escuchar cada palabra, conocer cada estudio realizado se hace imprescindible para tratar de entender de qué se habla cuando se habla del Operativo Independencia y tener alguna dimensión de por qué se lo llama la antesala del genocidio. 1400 testimonios se espera a lo largo de este año. Más de 700 serán en la sala de audiencias. Apenas una decena de testigos prestaron declaración. Son apenas una muestra de la envergadura de un juicio histórico.