Operativo Independencia: de números y de historias

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Fotografía de Paloma Cortes Ayusa

Ocho testigos. 40 años. 39 desaparecidos. Tres hermanos. Una patada. Estos son algunos de los números que aparecieron en la última audiencia de la megacausa Operativo Independencia. Números que dicen nada y todo a la vez. Ocho testigos fueron los que declararon este jueves 9 de junio. 40 años son los que Virginia Sosa lleva buscando a su marido. 39 fueron las personas que se llevaron de San José y que Virginia nombró uno a uno. Tres de los hermanos de José Domingo Megía fueron secuestrados. Una patada es la que recibió Don Díaz cuando el ‘Tuerto’ Albornoz pasó frente a él.

La mañana inició con la declaración testimonial de Hugo Aldo Santillán. Su hermano, Atilio Santillán, fue dirigente de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). Su actividad sindical ya había sido mencionada la semana pasada por Silvia Nassif, una testigo de contexto que estudia las luchas obreras en Tucumán durante la década del 70. Lo que la doctora en Historia dijo basada en su investigación científica quedó respaldado por el testimonio de Hugo. “Esto no es algo que empezó en la época de la que estamos hablando”, aseguró Santillán refiriéndose al periodo del Operativo Independencia. “En 1966 con el cierre de los ingenios la cosa no daba para más”, dijo en coincidencia con lo declarado por Nassif. “Los señores que están acusados hoy fueron instrumento del poder económico”, sentenció el testigo dejando claro que hubo un proceso de concentración de capitales de la industria azucarera que significó el cierre de varios ingenios (once, había especificado Silvia Nassif) y el crecimiento de la desocupación.

Horacio Verbitsky fue el último testigo de la mañana. El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se refirió al diario escrito por Acdel Vilas, quien estuviera a cargo del Operativo Independencia. En ese diario, Vilas habla de las operaciones militares que comandó desde Tucumán y Bahía Blanca. “Él lo preparó con intenciones de publicarlo pero se lo prohibieron porque que significaban una confesión de haber cometido delitos”, dijo el testigo refiriéndose a la decisión tomada por el Comando en Jefe del Ejército. El libro de 392 páginas contó con la colaboración del periodista Carlos Tórtora y, según contó Verbitsky, fue el mismo Acdel Vilas quien entregó copias para que sea difundido ante la imposibilidad de publicarlo.

Un párrafo aparte le dedicó el presidente del CELS a la responsabilidad que tuvieron los dueños de los ingenios La Fronterita y Concepción en la comisión de los delitos que aquí se juzgan.  “Ambos ingenios aportaron sumas de alrededor de medio millón de dólares cada uno”, aseguró el testigo respecto al financiamiento de la maquinaria represora en Tucumán. “También aportaron lugar para montar un centro clandestino de detención, información de inteligencia y vehículos”, sostuvo.

Seis fueron los testigos que declararon durante la tarde del jueves. Tres fueron los casos que empezaron a reconstruirse ante el tribunal compuesto por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. En poco menos de cuatro horas la emoción, primero, y el repudio, después, llenaron y vaciaron la sala de audiencias.

“Estuve 40 años buscando a José Zenón Ruiz y nunca lo pude encontrar”, dijo Virginia Sosa cuando le tocó hablar de quien fuera su esposo. Virginia es hoy la presidenta de Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC). Dos de sus hermanas también fueron secuestradas y a ella le tocó hacerse cargo de sus hijos y sus sobrinos. Con esos niños a cuestas buscó a "sus detenidos", como dijera en más de una oportunidad Virginia. “Una vez fui a la ‘Escuelita de Famaillá’ y cuando llegué a la puerta alcancé a ver un camión”, contó la militante. “Vi que de adentro de la ‘Escuelita’ dos soldados salían ‘ramiando’ unas colchas”, y la voz firme de la testigo empezó a temblar. “Yo me daba cuenta que lo que sacaban eran cuerpos de personas muertas… o heridas”, completó después de un breve silencio que pareció eterno.

Virginia Sosa estaba en su casa cuando se llevaron a José Zenón Ruiz. Contó que la golpearon para que se calle y entre llantos pidió que no le peguen porque estaba embarazada. “Hijo de subversivo no vas a tener”, le contestaron y la volvieron a golpear sin importar tampoco el llanto de su otro hijo. Después de llevarse a su esposo, como quien se olvida de algo, los secuestradores volvieron y se llevaron un televisor, un ventilador, el anillo y el reloj de José.

Antes de retirarse, Virginia Sosa nombró una a una a cada persona que fue secuestrada en San José, la localidad al norte del departamento de Yerba Buena donde alguna vez funcionara uno de los primeros cinco ingenios de la provincia. 39 veces se escuchó decir ¡Presente! “Ellos son nuestros detenidos, hoy desaparecidos”, dijo la mujer que reconoció entre los secuestradores a Roberto Heriberto Albornoz.

Fotografía de Paloma Cortes Ayusa

Albornoz fue beneficiado en estos días con el arresto domiciliario por sus condiciones de salud. Con cinco condenas sobre sí, cuatro a prisión perpetua, el imputado en esta megacausa presentó certificaciones médicas que hablan de un hombre enfermo. Apenas se retiró Virginia Sosa pidió hacer su descargo. Decir, dijo lo de siempre. Que niega haber cometido esos delitos. Que no es como lo pintan. Hacer, hizo lo que muchos testigos afirman que hizo siempre. Pasando frente a Don Díaz, el hombrecito de más de 90 años que asiste a todas las audiencias y que tiene a dos hijos desaparecidos, no dudó en darle una patada. El repudio se hizo sentir al grito de “genocida” “asesino”. Con su voz ronca, don Díaz respondió a la agresión. “Hijo de mil puta”, le gritó sentado desde ‘su’ silla en la primera fila. La sala quedó medio vacía. Los familiares prefirieron irse a quedarse callados.

Dos historias más se contaron en el resto de la tarde. La de Ricardo López y la de los hermanos Megía. La hermana de Ricardo tenía 18 años cuando entraron a su casa. Recordó que era la madrugada y los golpes en la puerta despertaron a la familia. Apenas se pudo sentar en la cama cuando se dio cuenta que por la ventana ingresaron tres hombres. “Uno golpeaba violentamente a mi padre. Mi madre lloraba y esta persona le puso el arma en la sien”, dijo Ana María López. “Callate vieja o te vuelo la tapa de los sesos”, amenazó el hombre. “Mi padre lo reconoció, era Heriberto Albornoz”, agregó.

José Domingo Megía habló de sus hermanos. Miguel Ángel, Enrique Darío y Francisco Raúl fueron secuestrados en febrero de 1975. Los Megía vivían en la localidad de Campogrande en el departamento de Famaillá. Miguel fue el primero en ser llevado, pocos días después siguieron Enrique y Francisco. La administración de la empresa Citrícola San Miguel fue el primer lugar donde fueron torturados. Allí funcionaba un asentamiento militar y de allí empezaron a recorrer otros centros clandestinos de detención. En el ingenio La Fronterita estuvieron un par de horas y más tarde fueron trasladados a la ‘Escuelita’ de Famaillá.

La reconstrucción de ese recorrido la hicieron en la sala de audiencias Herminia Moyano, esposa de Enrique, y su hija Noemí del Valle Megía. “Solo recuerdo cuando le pusieron las vendas en los ojos”, dijo Noemí que tenía cuatro años cuando se llevaron a su papá. Graciela Victoria, hija de Francisco Megía, era cuatro años más grande que Noemí. Con sus ocho años de edad apenas si recuerda lo que ocurrió entonces. 41 años después hizo el esfuerzo de aportar lo que pudo en la búsqueda de justicia.

Si de números se tratase, esta megacausa no puede reducirse ni a los 19 imputados, ni a las 271 víctimas, ni a los casi 1400 testimonios. Pero este megajuicio no solo se trata de números, sino también de historias. De historias de lucha, de resistencia, de militancia y de búsqueda. De las historias de 271 familias que no volvieron a ser las mismas y que hoy exigen, más que nunca, justicia.