Milani: su detención y algunos debates
/Fotografía de Elena Nicolay
Finalmente, el ex Jefe del Estado Mayor del Ejército General (R) César Milani está preso. El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena dictó la prisión preventiva luego de escuchar su declaración indagatoria y procesarlo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos sobre Ramón y Pedro Olivera y Verónica Matta en 1977 durante la represión que ejercieron las Fuerzas Armadas sobre la población entre 1976 y 1983. Milani también es acusado por la desaparición de Alberto Agapito Ledo, el joven riojano que desapareció en Tucumán mientras cumplía el servicio militar obligatorio.
Por este último caso Milani concurrió el martes 14 de febrero al Juzgado Federal de Tucumán para prestar declaración ante el juez Fernando Poviña, quien debe resolver la situación procesal del militar retirado. Durante esta audiencia, Milani presentó un escrito y se negó a contestar preguntas del fiscal federal Carlos Brito. Afuera del juzgado organismos de derechos humanos, partidos políticos y movimientos sociales acompañaron la convocatoria que realizó Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido.
En la mañana del martes Graciela sintió que el pedido de justicia empezaba a dar los primeros signos de avance. Esa esperanza se vio opacada por la decisión del juez Poviña de no imputar ni detener inmediatamente Milani. “Que se haya tenido que presentar es un logro, pero lo que deseábamos es que fuera imputado y quedara detenido; pero bueno, esto ha sido un paso. Esperamos que el juez en los diez días que tiene para resolver su situación procesal la defina y lo haga de acuerdo a la ley y a las pruebas que existen en el expediente”, declaraba Graciela luego de que el ex jefe del ejército se retirara del Juzgado Federal. Pero como 41 años de lucha no vienen solos, como esos 41 años sirvieron para retemplar el carácter, para saber que con no bajar los brazos algo se está ganando, Graciela no se desanimó. Sólo unos días después Milani debía declarar nuevamente, esta vez la provincia de los Ledo. La Rioja, allí donde creció junto a su hermano Alberto. Allí donde conocieron al obispo Angelelli con quien Alberto comenzó su militancia, ese cura que, rechazando el oropel y el fasto que suele acompañar a la jerarquía eclesiástica, abrazó la opción por los pobres y le mostró la injusticia y le enseñó la solidaridad. Allí donde su madre, Marcela Brizuela, gastó suelas rondando plazas y juzgados, comisarías y cuarteles, estaciones de tren y de colectivo, pidiendo por Alberto. Allí donde junto a Ramón Olivera, quien vio a un subteniente Milani llevarse a su padre y devolverlo deshecho pocos días después cuando también se lo llevaron a él, pidió y peleó por obtener justicia durante 41 años. Allí debía presentarse el general Milani el viernes 17 para declarar. Y allí quedó detenido acusado de participar de los horrores de la dictadura.
Con la detención del ex militar, esa esperanza que empezaba esfumarse en Tucumán tomó un nuevo impulso. Para Graciela es indudable que tendrá sus efectos en los juzgados tucumanos. “La detención es producto de la lucha de los familiares de presos políticos, de los organismos que nos acompañaron siempre y no dudaron de nuestras denuncias. Los casos están relacionados y muestran el accionar del aparato represivo y el lugar que ocupaba en él el subteniente Milani. Todas las causas en La Rioja y Tucumán lo muestran como parte del servicio de inteligencia y como el ejecutor de detenciones ilegales, allanamientos, torturas agravadas, como en el caso de los Olivera y Matta. Esta detención demuestra, además, que lo que dijimos los familiares era cierto y no operaciones mediáticas y políticas como muchos dijeron”.
Pero luego de que Milani fuera trasladado a la cárcel de La Rioja, el mismo sitio donde sus denunciantes acusan haber sido trasladados ilegalmente y torturados bajo sus órdenes, los fantasmas de las operaciones mediáticas volvieron a reproducirse. Sucede que este hecho se concretó durante uno de los peores momentos del gobierno que dirige Mauricio Macri. El más que extraño acuerdo que funcionarios del Ejecutivo Nacional alcanzaron con las empresas de Franco Macri para saldar las deudas del Correo Argentino, el recorte por decreto en el índice de aumento de los haberes jubilatorios, una nueva Ley de ART que modifica acuerdos en favor de los sectores empresarios y en detrimento de los trabajadores y los ecos del intento fallido por hacer del 24 de Marzo un feriado móvil fueron algunos de los temas que pusieron en jaque la gestión presidencial y que se convierten en amenazas concretas en un año electoral en el que el contexto general es el de una economía que se enfría y hace descender el consumo y el empleo. Es así que la detención del militar a quien Cristina Fernández de Kirchner ungió como jefe del Ejército vino a colarse en una agenda saturada por análisis negativos hacia el gobierno de Cambiemos. La idea de la operación política para cambiar el eje de discusión y golpear a un kirchnerismo que busca levantar cabeza rumbo a las elecciones de octubre empezó a difundirse y a ser eje del debate público.
Pero a Graciela Ledo este debate no le alteró el amperímetro. Para ella estas propuestas sólo pueden surgir de personas que subestiman la capacidad de la gente para comprender la realidad que experimentan. “No se cómo podría haber intervenido el gobierno nacional en la detención —opinó —. Yo veo que a Milani se le acabó el amparo judicial que impedía que le tomen declaración, por un lado; y por otro, el respaldo político que tenía, otra opinión no puedo arriesgar. Pero los desaciertos en materia económica y en otras materias no se tapan con la detención de Milani porque la población sigue sufriendo necesidades, sigue sufriendo falta de trabajo, yo creo que de ser parte de una estrategia del gobierno nacional es una mala estrategia ya que el que está sin trabajo no va a dejar de sufrir porque lo detengan a Milani. La lucha por los derechos humanos busca que todos los genocidas, todos los que participaron en la represión ilegal paguen por sus delitos y es una lucha que no vamos a abandonar esté el gobierno que esté, porque hemos demostrado que somos independientes del poder y de los partidos políticos. Son causas sagradas que no tienen por qué estar mezcladas por otras causas”, sentenció.
Y es que si fuera cierto que desde el gobierno se presionó a la Justicia para que avance con denuncias que constan desde 1979, cuando Milani no era parte del kirchnerismo y el kirchnerismo no existía como movimiento político, poco tendría de importante. El apoyo institucional que el militar tenía se terminó y eso sí parece ser un elemento que precipitó la caída de las estrategias dilatorias en el ámbito de la Justicia. Las denuncias y las pruebas que comprometen a Milani son anteriores a su ascenso bajo el ala de Cristina Fernández, denuncias que fueron tomadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) uno de los pocos organismos ligados al anterior gobierno que impugnaron la designación de Milani.
Para Graciela, para su mamá, para los militantes por la memoria, la verdad y la justicia lo que importa es que se juzgue a quienes pudieron tener responsabilidad en los horrores que sufrieron durante la dictadura y que hoy permanecen latentes en las ausencias. Para Graciela la cosa pasa por otro lado y, como desde hace 41 años, como casi siempre hicieron los militantes de las causas populares, sus palabras sirven de guía: “Yo sigo pidiendo justicia porque, en primera instancia Alfredo, fue mi único hermano; segundo, porque su militancia, su calidad como persona me enorgullecen, me enorgullece que haya sido capaz de militar, estudiar y comprometerse con las causas populares siendo tan joven y querer que esta sociedad sea más justa. Todos esos ideales, esa calidad humana, me obligan. No podemos hacerlo de otra manera. Semejante militante no se merece familiares tímidos, familiares que oculten o que no luchen. Ese militante se merece familiares que luchen hasta el último minuto de sus vidas por él y por todos los desaparecidos por los que hemos luchado siempre”.