La Comunidad Indio Colalao resiste al desalojo

Fotografia de Soledad Arostegui.

Fotografia de Soledad Arostegui.

Tener que dejar sus casas, sus tierras, su medio de vida. Esto es parte de lo que sufrieron hoy cinco familias de la Comunidad Indio Colalao cuando la Justicia de Tucumán los sacó de su territorio. A primera hora se presentó en la comunidad la policía para implementar lo solicitado por el juez Francisco Pisa y la fiscal Adriana Reinoso Cuello. La medida incluyó el desalojo de 16 familias pero hasta el momento solo se concretó en cinco. Así lo explicó Ivanna, secretaria de la comunidad indígena, quien no dudó en resaltar el trasfondo político y empresarial que hay en la medida. Esta medida llega por una denuncia sobre la extracción ilegal de áridos en la zona.

La comunidad está ubicada a la vera de un río y la extracción de áridos los afecta directamente a ellos, ante una posible crecida. La secretaria de la comunidad expresó que “defendemos nuestro territorio y recursos naturales. Esta es una complicidad entre jueces, fiscales, terrateniente e incluso hasta la policía. La fiscal se comunicó con el jefe de la Unidad Regional Norte (Américo Salas) y le preguntó cómo se estaba llevando la medida. Nunca le menciona que la medida se está llevando a cabo sobre un terreno fiscal. Solo trajeron notas, pero ningún plano ni nada”.

Las  cinco familias desalojadas, al igual que las restantes poseen la tenencia precaria de sus terrenos, brindada por la comuna de la localidad de San Pedro de Colalao. Sin embargo, el desalojo se concretó y hay familias que buscan dónde pasar la noche, mientras que las que quedaron rezan para que no los saquen de sus hogares. En el lugar estuvieron presentes referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). “Nosotros desde el cerro bajamos a hacer nuestro reclamo y vamos a bajar una y mil veces porque no queremos más muertes como la del compañero Javier Chocobar. No queremos más desalojos. Queremos vivir tranquilos, en paz y con nuestra familia. Nuestro desarrollo está ahí, ¿qué el Gobierno no quiere vernos crecer?", sostiene Ivanna. Si la medida judicial no cesa, la comunidad organizará una marchar en los próximos días, en la capital tucumana.

No es la primera vez que la Comunidad Indio Colalao sufre el atropello de la Justicia en complicidad con los terratenientes. En el año 2012, la Base Riarte sufrió un fuerte desalojo que se replicó en 2015 en la Monte Bello. “Como comunidad tenemos 525 años de resistencia y continuamos resistiendo con lo que vivimos día a día. Es momento de que la Justicia ponga el foco hacia nosotros, porque estamos reclamando lo que es nuestro”, finalizó.