Justicia por Javier Chocobar: cuando un homicidio no es suficiente

Fotografía de Ignacio López Isasmendi | La Palta

“¿Cuál era el peligro que debía neutralizar Luis Gómez?”, le preguntó la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira a uno de los testigos en la última audiencia del juicio por el homicidio del comunero Javier Chocobar. “Superioridad numérica, reducción del espacio y un entorno hostil, porque estaban hablando fuerte y había reproches”, contestó Justo Danielsen, que se presentó como instructor de tiro. El testigo, además, fue compañero del imputado Luis ‘el niño’ Gómez y, según sus propias palabras, compartieron muchos encuentros de camaradería. 

Luis Gómez es uno de los imputados por el homicidio de Javier Chocobar y las heridas ocasionadas a Andrés y a Emilio Mamaní (los tres comuneros víctimas en esta causa). Su prontuario incluye una detención en 1993 por el caso ‘Salinas’ y registra cargos por apremios ilegales, amenazas de muerte y lesiones gravísimas, entre otros tantos. “Al momento del asesinato de Javier Chocobar era cuñado del entonces Jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, hoy imputado por el crimen de Paulina Lebbos. El abogado de Sánchez hasta hace unas semanas era Eduardo Andrada Barone, que se vio obligado a renunciar por amenazas a un testigo. Hoy es el abogado de Gómez en esta causa”, describen desde la mesa de apoyo a la causa Javier Chocobar y agregan: “Como se puede deducir, el vínculo político y personal sigue existiendo y por extensión a parte de la fuerza policial en funciones”.

Luis Gómez fue uno de los dos imputados que habló en la primera audiencia y aseguró que a Darío Amín lo une una relación comercial, en tanto a José Valdivieso una amistad de muchos años. “Lo que yo hice fue invitar a mi amigo Eduardo Valdivieso a conocer mi campo. Para mí era como tener gente extraña en el living de mi casa”, dijo el imputado en un intento por explicar su presencia en el lugar. 

Según se conoció en la última semana de juicio, el dermotest realizado a Gómez ocho horas después de los hechos ocurridos aquel 12 de octubre dio negativo. Esa prueba hubiera sido definitiva de no aparecer el video en el que se ve a Gómez disparar su arma. Un video registrado por el propio Darío Amín en una cámara que perdió en medio de los enfrentamientos y que, según los testimonios, personal policial de la zona intentó recuperar. Hasta el momento nadie supo explicar quién les había informado sobre el extravío de la cámara que finalmente una de las integrantes de la comunidad entregó a los investigadores de la División de homicidios. “Para mí era peligrosa esa persona, me invadía. Mi visión periférica me hizo pensar que alguien estaba sacando un arma, así que tomé mi pistola y disparé”, había explicado en la primera audiencia Luis Gómez. “Mi arma jamás fue usada como un arma de fuego”, agregó en aquella ocasión. “Si yo hubiera tenido voluntad de matar hubiese habido 18 muertos”, soltó ante la mirada atónita de la sala de audiencias. “Si no hacíamos lo que hicimos probablemente nos mataban”, terminó diciendo quien aseguró que la comunidad estaba armada con piedras. 

En el video presentado como prueba se ve a Gómez cuando saca su arma. Se ve que en el lugar estaban también Javier Chocobar, Andrés Mamaní y Delfín Cata. “Superioridad numérica”, había dicho Danielsen cuando habló del ‘peligro a neutralizar’. “¿Usted está teniendo en cuenta que quien filmaba era Darío Amín que estaba con Gómez?”, le preguntó Carlos Garmendia, el abogado de la querella. Danielsen esquivó la respuesta escudándose en que analiza lo que se ve. “Si Gómez hubiera dejado librado a su entrenamiento le hubiese puesto dos tiros en el pecho”, dijo Danielsen, que aseguró que si fuese una prueba él no le aprobaría el examen. “Al bajar el arma no actuó por el entrenamiento que recibió”, remarcó. “Armados con piedras”, había dicho el imputado en su extensa declaración y, según se observa en las filmaciones, solo Delfín Cata tenía una vieja cámara de fotos en sus manos, los otros tenían las tenían vacías. 

La explotación comercial por sobre los derechos de los pueblos

Darío Amín es el empresario que reclama los derechos sobre la zona conocida como ‘El Chorro’, donde se encuentra ubicada una cantera de laja que pretende explotar comercialmente. La comunidad de Los Chuschagasta, por su parte, exige que se cumpla la legislación que los ampara como propietarios del territorio ocupado ancestralmente. “Nosotros contamos con la Ley 26.160 que dice que somos preexistentes (al Estado Argentino) en el territorio y tenemos un relevamiento territorial catastral y jurídico, tenemos un mapa del territorio, y el Estado provincial sigue sin dar la titularidad de las tierras”, señala Audolio Chocobar, uno de los hijos de Javier Chocobar y dirigente de la comunidad. “En el marco de esa ley, en Tucumán se finalizó el relevamiento de la mayoría de las comunidades indígenas en 2013. Resta proceder a la titulación de las tierras comunitarias para que las comunidades indígenas dejen de ser objeto de graves violaciones de derechos humanos en sus territorios. La comunidad Los Chuschagasta cuenta con el proceso de relevamiento territorial finalizado”, señala un informe realizado por la organización ANDHES – Abogadas y abogados en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

Fotografía de Ignacio López Isasmendi | La Palta

“Yo no conocía la existencia de ninguna comunidad indígena”, dijo Silvia Chiarello, testigo que declaró la semana pasada y que asegura ser propietaria de terrenos en zonas que habita la comunidad de Los Chuschagasta. En el año 2009, la comunidad interpuso una medida cautelar para evitar que esta mujer avance en la explotación de esas tierras como en las que se encuentra la cantera de laja que reclama la familia Amín. “Yo no sabía nada de esa ley que dicen”, sostuvo la mujer cuando le consultaron por la Ley 26.160.

En el año 2005 Chiarello, delegada comunal de Ancajuli e interesada en la posesión de las tierras de la zona, fue denunciada por la comunidad de Los Chuschagasta por amenazas y extorsión. La mujer trazó caminos en pos de la explotación minera en el territorio protegido por la ley que asegura desconocer. El año 2008 se decretó la falta de mérito en esa causa y fue sobreseída definitivamente en el 2012 por el entonces juez Mario Leiva Haro. En febrero de este año, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una dura sentencia contra el accionar del juez Leiva Haro y la Cámara Federal de Apelaciones por no dar curso a las denuncias ni contrastar las pruebas recabadas. “No se advierte por parte del tribunal de la anterior instancia el mínimo esfuerzo por dar respuesta a los embates efectuados por los apelantes en los respectivos recursos de apelación y expresión de agravios. Así pues, no se ha realizado un estudio exhaustivo de los hechos denunciados y su contraste con la voluminosa prueba que se ha recabado a lo largo de la investigación”, sostiene este último fallo que, además, reconoce la propiedad ancestral de las tierras que defendía Chocobar. “La Comunidad Los Chuschagasta cuenta con el reconocimiento del Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, dice el fallo que determina que cualquier intento de desalojo constituye un delito.

A pesar de este fallo, de estos antecedentes, de las pruebas que demuestran el accionar delictivo de Silvia Chiarello, la mujer se sentó frente al tribunal en actitud de congoja y aseguró que la han injuriado. “Decían que éramos unos crápulas, los Amín y yo. No le puedo explicar la sensación de escarnio público que sufrí”, soltó en su extensa declaración sobre un programa de radio emitido en el 2007. “Yo la dejo hablar porque no tuvo oportunidad de limpiar su honor”, le dijo en un momento la presidente del tribunal Wendy Adela Kassar. La misma jueza que la semana anterior le impidió hablar de otros hechos que no sean los ocurridos el 12 de octubre del 2009. La que cortó de tajo la declaración de Delfín Gerónimo, secretario de la Unión de los Pueblos Diaguitas, cuando quiso explicar el trasfondo del conflicto por el territorio y los derechos de los pueblos originarios. 

Alfredo Nieva, cacique de la comunidad de Amaicha del Valle y delegado comunal de esa localidad, también declaró como testigo y trató de explicar cómo es la relación con el territorio para una comunidad como la de Los Chuschagasta. Habló de la cosmovisión de los pueblos originarios e intentó dejar claro, desde su formación como abogado, que esta trasciende la visión ‘civilista’. Se refirió a las normativas tanto nacionales como internacionales que amparan a los pueblos indígenas. Normativas que también están explicitadas en el fallo de casación anteriormente mencionado. 

Los testigos de la comunidad de Los Chuschagasta salen alrededor de las 5 de la mañana y llegan a las 7.30 a San Miguel de Tucumán. Para estar presentes los tres días de audiencias de cada semana hacen un enorme esfuerzo. Casi nueve años de espera y de lucha por llegar a la Justicia hoy los pone en un escenario adverso y hostil donde no solo recuerdan la pérdida de uno de sus líderes. Lo que significan las proyecciones del video ofrecido como prueba se vio en sus rostros, en sus miradas, y uno puede hacerse una idea del dolor que ocasionaron tantos años de impunidad. “Esta defensa tiene que soportar que venga un cacique de otra comunidad y que nos hable de cosmovisiones y esas cosas”, vociferó en la penúltima audiencia Julieta Jorrat, una de las abogadas de Darío Amín. Y, más allá de escenas como esas donde se hace evidente el avasallamiento a las maneras de ver y habitar el mundo de las comunidades preexistentes al Estado Argentino, Los Chuschagasta eligen seguir esperando que sea justicia. Ahora solo le resta a este tribunal demostrar que está a la altura de los avances en la legislación y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en un juicio donde se juzga nada más y nada menos que un homicidio.