Piden sanciones para empleados de una fiscalía: “Quisieron mortificar a la familia”
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Ilustración de Elías Cura | La Palta
El miércoles pasado, a pedido del abogado Carlos Garmendia, se realizó una audiencia para solicitar sanciones a un funcionario del Ministerio Público Fiscal ante su accionar en un allanamiento a la casa de la familia de Luis Espinoza, el trabajador rural asesinado en mayo de 2020. En esa misma audiencia, Garmendia solicitaba la nulidad de la sentencia de ese allanamiento considerándolo, cuanto menos, irregular y arbitrario.
“Fue un salvaje allanamiento con una cantidad desmesurada de policías y móviles en el marco de una acción penal porque un vecino ha denunciado que otro vecino le ha matado un chancho”, dijo Garmendia. Si bien la medida judicial realizada el pasado 29 de marzo no tendría vínculo con el homicidio de Espinoza, llama la atención que se hiciera al día siguiente de que un Tribunal condenara a nueve policías de la comisaría de Monteagudo.
“Para mi no cabe ninguna duda de que se trata de un amedrentamiento y que quisieron mortificar a la familia”, denunció el abogado y se refirió al operativo como “extremadamente desmesurado” en tanto intervinieron más de 20 uniformados y alrededor de siete móviles policiales. Además, y como si todo esto fuera poco, el personal policial estuvo en la casa de la familia Espinoza por casi cinco horas.
La audiencia de este martes, que empezó pasada las 12 del mediodía, resultó fallida porque el juez que intervino, y que debía determinar si procedían las sanciones contra los empleados judiciales, resultó ser hermano de uno de ellos. De este detalle se dió cuenta el magistrado conforme Garmendia relataba los hechos y nombraba a los involucrados. “Esto es, cuanto menos, una desprolijidad y una falta de atención por parte del personal de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias)”, advirtió el abogado representante de la familia Espinoza.
El allanamiento en busca del porcino
Todo empezó cuando el martes pasado, una veintena de oficiales de la policía se presentó en la casa de Gladys Herrera, madre de Luis, con la orden de allanamiento por la denuncia del robo de un porcino. “En esa circunstancia el personal policial ha convocado a una cantidad desmesurada de policías que se le han metido a la casa de doña Gladys. Le revolvieron toda la casa buscando pruebas de que un yerno de ella, que ni siquiera vive allí, había matado un chancho”, explicó Garmendia.
“El allanamiento fue muy violento. A mi me bajó la presión y la policía no me querían dejar salir ni a tomarme la presión”
La casa de Gladys queda en Rodeo Grande -Villa Chicligasta. Los efectivos policiales se desplazaron desde Simoca, lugar donde el dueño del cerdo radicó la denuncia. “Ese vecino, teniendo la comisaría de villa chicligasta a 20 cuadras, se va a 35 kilómetros más allá a hacer la denuncia, a Simoca”, advirtió el abogado.
“El allanamiento fue muy violento. A mi me bajó la presión y la policía no me querían dejar salir ni a tomarme la presión. Se llevaron la moto de mi hija que yo la compré para que mi nieta vaya a la escuela que queda a 5 kilómetros. Tengo muchísimo miedo por lo violento que fueron. Si algo nos pasa a mi familia, ellos -la policía- son los responsables”, dijo la mujer.
Lo desmesurado del operativo no solo tiene que ver con la cantidad de móviles y personal policial que se desplazaron. O con la cantidad de horas que estuvieron en la vivienda de Espinoza. Tampoco con que se haya dado vueltas hasta los cajones de la ropa interior para secuestrar posibles pruebas de la desaparición de un cerdo. Lo desmesurado tiene que ver, además, con lo que Gladys vivió hace unos años cuando el desaparecido era su hijo y nadie le quiso tomar la denuncia.
En 2020, cuando Luis no aparecía, Gladys tuvo que cortar la ruta junto a todos los vecinos del paraje y de pueblos aledaños para que un policía la atendiera. Junto a esos vecinos salió a rastrillar, mientras en la comisaría le decían que Luis se debió haber ido con alguna amante. Más de una semana después el cuerpo de Luis apareció envuelto, con un disparo en la espalda. Los responsables, nueve policías entre ellos el comisario de Monteagudo, fueron condenados por haberlo asesinado y haber ocultado el cuerpo. “Entonces, doña gladys fue a la comisaría de Villa Chicligasta a denunciar que no encontraba a su hijo y no le han querido tomar la denuncia y la han derivado a la comisaría del asesino y no hubo ni un móvil policial que haya salido a buscarlo. Ella tuvo que cortar la ruta para que la escuchen”, recordó Garmendia.
Más que irregular, ilegal
La pregunta del abogado sigue siendo por qué a nadie del poder judicial le llamó la atención que se llevara adelante un operativo de esta envergadura por un cerdo extraviado. Así lo expresó en la audiencia en la que intentó pedir sanciones contra el empleado judicial que, contra todo derecho de la familia Espinoza, impedía que les dejen la documentación del allanamiento.
“Fue Anibal Giménez que le dió la orden al oficial de apellido Leal de que no me dejara el acta de allanamiento. Ese mismo oficial terminó redactando un acta donde no dejaba constancia de esto. Hubo un fiscal que pidió un allanamiento que no correspondía y una jueza que lo autorizó. ¿A nadie le llamó la atención nada?”, sostuvo el abogado en la audiencia de ayer. El juez lo interrumpió para excusarse porque no podía seguir adelante con la audiencia. El fiscal que había actuado es su hermano. Nadie del Centro Judicial de Concepción parece haberse dado cuenta, tampoco de ese detalle.
