Identificación Pozo de Vargas: ellos siguen volviendo

A pesar de que a principios del año pasado se concluyó con la excavación en el Pozo de Vargas (la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina) son más de 30 los restos cuya identidad aún no se había podido establecer. Esta semana se supo que los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunciaron la identificación de dos personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.

Según informan los peritos, se trata de Carlos Alfredo Santillán, desaparecido en julio de 1976, y uno de los hermanos Alfredo y Domingo Arévalo, desaparecidos en marzo de ese mismo año. En este último caso, la falta de precisión de cuál de los jóvenes oriundos de Santiago del Estero se trata se debe a que “desde el punto de vista antropológico, las características etarias observadas en los restos óseos son compatibles (con Alfredo y Domingo Arévalo); sin embargo, por la poca diferencia de edad entre ambos no es posible hacer una distinción”. Así lo informan desde el EAFF que, hasta el momento, ya logró identificar 119 personas.

Las historias detrás de los nombres

Carlos Santillán tenía 28 años cuando fue secuestrado el 11 de julio de 1976 en su casa en la Banda del Río Salí. Trabajaba como jornalero en el ingenio San Juan, en el departamento de Cruz Alta.

Carlos era militante sindical, su lucha por los derechos de los trabajadores la llevaba adelante en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

Alfredo y Domingo vivían en Los Juries, Santiago del Estero. La familia Arévalo fue una de las diezmadas por el terrorismo de Estado. Junto a Alfredo y Domingo también fue secuestrado otro de los hermanos: Alberto Arévalo que tenía 27 años. Anteriormente, el 29 de febrero de 1976, en el conubarno norte, se produjo el secuestro del hermano menor Antonio (de 23 años) y Emilio Confesor (47), padre de los cuatro.

El Pozo de Vargas

Ubicado en la ciudad de Tafí Viejo, en el límite con la capital tucumana, tiene una profundidad de 40 metros. El pozo fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor y se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas. A fines de la década del 90, los testimonios que hablaban de que allí se había ocultado los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura militar.

A fines del 2001 inició el primer relevamiento de la zona, que luego continuó con la excavación a cargo de los equipos periciales locales del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) y el Colectivo de Antropología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) junto al Equipo Argentino de Antropología Forense. Después de dos décadas de trabajo, se logró recuperar restos óseos que corresponde a 149 personas.