Salía de un boliche y la Policía lo baleó sin razón: seis años después, juzgan al acusado
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Fotografía de Alejandro Sarmiento | La Palta
En el hogar de la familia Roldán, situado en el barrio Tiro Federal, no hay espejos. La medida drástica fue tomada porque su hijo Juan, de 25 años, no soporta verse el rostro. Cuando tenía 19, un policía les disparó a él y a su amigo Juan Herrera, de 23, sin motivo alguno a la salida de un boliche, y eso le provocó la pérdida de su ojo derecho. “Nosotros nos arreglamos así no más”, dice su padre, Ramón, mientras se peina y aplasta el cabello con ambas manos.
No tenían antecedentes penales, no estaban armados y se comprobó que tampoco habían estado robando, como alegó la Policía. Los efectos de la depresión llevaron al joven a abandonar sus estudios y las salidas. “Suerte que no me lo han muerto”, expresa el padre, sin minimizar el desconsuelo que atraviesan desde hace años. Es que desde aquel ataque se entregó por completo a una sola causa: lograr que el policía Marcelo Barros llegue a juicio.
El 30 y el 31 de mayo, después de seis años de repetidas dilataciones, la justicia tucumana tendrá la oportunidad de juzgar a Barros, único imputado del caso.
Fotografía de Alejandro Sarmiento | La Palta
Una secuencia desafortunada
Una vez que Ramón comienza a hablar, sentado en el comedor de su hogar, no para. Desde 2016 repite los episodios que trastocaron los sueños de su hijo. No olvida fechas, lugares, conversaciones ni datos. Ni siquiera Tribunales se salva de la meticulosidad de Roldán, quien recorrió esos pasillos con inquebrantable persistencia buscando respuestas y asesoramiento, y empujando de a poco el proceso hacia el juicio. Mientras cuenta la historia con la certeza de haber tenido el viento en contra, su esposa Angelina del Valle Soraire, asiente con la profunda aflicción de saber que no podrán volver el tiempo atrás. Juan, por su parte, prefirió no participar de la entrevista.
“Yo le había prometido a Juan que le iba a regalar una moto”, rememora Roldán, tomándose de las manos y mirando un punto fijo en la mesa. “Mi esposa me dice que no me eche la culpa”, agrega, con un nudo en la garganta. “Mi hijo y un amigo -Juan Herrera, quien falleció tiempo después por otras razones- salían a bailar, iban a ir en colectivo. Y bueno, como mi hijo ya tenía 19 años le he dado la moto para que vayan… y ahí viene el lamento mío”.
El 13 de marzo de 2016, alrededor de las 5, los jóvenes habían salido del boliche Camboriú, en la calle Brígido Terán, frente al Parque 9 de Julio. Estaban junto con dos chicas y se ofrecieron a acompañarlas hasta sus hogares. Ambos se trasladaban en la moto que Roldán le había prestado a Juan, y las chicas, en otra. Mientras manejaban por la avenida Gobernador del Campo al 600, los cruzó de frente una motocicleta que llevaba la luz muy alta, según consta en la declaración de ambos ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal. Aceleraron espantados y pensando que se trataba de un intento de robo, mientras que las chicas se evadieron por la dirección contraria. Durante la marcha apresurada, la moto alcanzó a los jóvenes. A la altura del Club Lawn Tennis, dispararon con balas de goma: seis impactaron en la espalda y cuatro en la cara de Roldán; nueve alcanzaron la espalda de Herrera. Los que venían en la moto eran dos policías: Cristian Andrade, quien conducía, y Barros, el ejecutor de los disparos.
Mientras Ramón narra los hechos, se coloca los anteojos, y busca entre los papeles que tiene en su mano (más de 10 hojas) el respaldo de su relato. A cada palabra, a cada dato y situación que menciona le corresponde uno de esos oficios, que parece saber de memoria: se trata de las declaraciones de Juan y de los testigos, el informe médico, expedientes policiales y la denuncia contra Barros.
“Frené y me cruzaron la moto, recién ahí me di cuenta de que eran policías”, contaba Juan ante la fiscala Adriana Reinoso Cuello hace seis años. El disparo que le hizo perder el ojo fue realizado a 50 centímetros de distancia, según un informe médico. “Nunca dieron la voz de alto, así que no sabíamos quiénes eran, ya que venían con la luz alta”, declaraba Herrera.
Por su parte, las chicas fueron a la casa de la familia Herrera y avisaron que ambos estaban detenidos en la Comisaría 11. Apenas se lo comunicaron a los Roldán, estos acudieron de inmediato, pensando que Juan había tenido un accidente. En la seccional nadie podía ver a los jóvenes. Los tenían encerrados como si hubiesen cometido un delito. La familia de Juan mantenía la calma como podía, pues su hijo no solía meterse en problemas. Fue un policía el que quebró esa serenidad cuando le dijo a Ramón: “buscate un muy buen abogado porque no sé si tu hijo se va a despegar de esta así nomás: lo han agarrado robando una moto”.
Los padres de Juan se contactaron de inmediato con el abogado Sebastián Serrano, que los citó en Tribunales Penales esa misma madrugada. Cuando el abogado citó las características de la moto supuestamente robada, Ramón respondió con desesperación: “esa moto es mía, yo se la presté”. Entonces no existía ningún hecho delictivo: con la presentación de los papeles que certificaban la pertenencia de la moto, liberaron a los jóvenes, quienes dijeron haber sido torturados en la comisaría. "No vimos quiénes porque nos decían que agachemos la cabeza y no los miremos", testificaba Herrera.
Durante casi dos días, Juan sangró del ojo herido y no recibió revisión médica. Fue trasladado al Hospital Padilla y luego a una clínica privada, y en ambos les manifestaron la urgencia de extirpar el ojo. “Lo más doloroso fue cuando había que firmar, ¿no?”, prosigue Roldán y mira a su esposa, quien ya no puede contener su dolor. “Yo le limpiaba las heridas”, manifiesta la mujer cuando decide hablar, mientras se seca las lágrimas. “¿Podemos mostrarles las fotos?”, le consulta a Roldán. Este asiente, con dudas, y la mujer luego trae unas imágenes que evidencian las heridas del joven. Fotos que le han tomado el mismo día del disparo: marcas circulares en el rostro y la espalda, y la sangre fácilmente identificable a pesar de tratarse de copias en blanco y negro. Es ella, la madre, quien ha estado acompañando a Juan y al resto de sus hijos mientras Roldán se embarcó por completo en los trámites judiciales.
“Nos arruinaron la vida”, dice con estremecimiento el padre: desde que todo ocurrió, el hombre perdió su trabajo por sus repetidas salidas a tribunales, y tuvo que vender el auto además de múltiples pertenencias para pagar a los dos abogados que tuvo hasta el momento.
Pero el problema recién comenzaba. La causa que, según la denuncia de la familia Roldán, les armó la Policía sobre el robo de la moto intentó reforzarse manifestando que había una pareja que había denunciado el hecho. Se trata de víctimas que nunca aparecieron, o nunca existieron, por lo cual los jóvenes fueron sobreseídos por la fiscal Reinoso Cuello ese mismo año. Además, a pesar de que la zona donde ocurrieron los hechos contaba con cámaras de vigilancia, los policías nunca entregaron las grabaciones de esa calle, sino la de un lugar cercano, donde nada se puede vislumbrar.
Fue el abogado Serrano quien le dijo con firmeza a Roldán que debían iniciar un juicio a los policías que persiguieron, violentaron y detuvieron a su hijo. Y allí comenzó un proceso de años que probablemente termine pronto. “Yo creo que ya me estoy volviendo loco con todo esto. Pero ya entendí que todo, todo lleva su tiempo”, expresa Roldán.
Fotografía de Alejandro Sarmiento | La Palta
El juicio
Aníbal Atria es el abogado que hoy lleva adelante la defensa de Juan Roldán y quien reunió todas las pruebas para demostrar que Marcelo Barros es responsable de dos cosas: ocasionar lesiones graves al joven y conformar una asociación ilícita con otros policías para crear una historia falsa que justifique el accionar de los disparos. “Es un caso de gatillo fácil. Tenemos pruebas para demostrar que Barros disparó sin motivos. Al no tener justificativos, no le quedó otra que inventarle una causa”.
El caso de Roldán se suma a una interminable lista de jóvenes y adultxs que sufrieron la violencia policial en carne propia, en algunos casos con resultados fatales. “También queremos demostrar que hay una participación necesaria del policía que conducía la moto, Andrade. No hemos logrado que se lo impute, pero es un partícipe necesario. Sin esa persona no le podrían haber disparado a los chicos”, explica Atria.
El juicio se viene suspendiendo desde hace años y algunas de las demoras son, según el abogado, estrategias de la defensa del policía. “Existen pruebas que demuestran que el policía actuó con violencia, que le disparó de la nada a los dos chicos que salían del boliche y que les inventaron una causa”, sostiene.
La situación más compleja es la que atraviesa Juan, que según sus padres se encuentra con miedo y nerviosismo por la proximidad de las audiencias. “Vos tenés que salir, hacer algo, le digo yo. Y nosotros le damos lo que podemos porque él además no tiene trabajo. Nadie lo quiere tomar por el tema del ojo”, reflexiona Roldán.
El juicio transcurrirá entre el 30 y el 31 de mayo, en Tribunales Penales; será oral y público, y estará a cargo de la jueza Wendy Kassar. De ambas jornadas participará activamente la Mesa de Lucha contra la Violencia Institucional de Tucumán.
“Nosotros tenemos la esperanza y la fe de que se condene a Barros a una prisión efectiva”, concluye Atria.
