36 millones para resarcir la pérdida de una hija
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Foto: Ignacio López Isasmendi || La Palta
La reciente resolución judicial que condena a la provincia por el femicidio de Paola Tacacho se basa en un contundente historial de desprotección. La joven presentó 13 denuncias contra su agresor, Mauricio Parada Parejas, a lo largo de cinco años, desde 2015.
A pesar de las constantes presentaciones y una orden de restricción de acercamiento, las autoridades desestimaron o archivaron sistemáticamente sus denuncias. Esta inacción obligó a la víctima a reiniciar una y otra vez procesos legales ante diferentes instancias. El fallo judicial es categórico al señalar que el Estado tenía "conocimiento fehaciente" de la situación de "riesgo real e inmediato" que enfrentaba la joven, pero no actuó para protegerla.
El fallo judicial determinó que el Poder Judicial tucumano no aplicó la perspectiva de género necesaria para abordar el caso de Paola Tacacho. Según la sentencia, esta "forma anómala de organizar el aparato estatal" derivó en una deficiente prestación del servicio de justicia. Como resultado, las medidas de restricción de acercamiento nunca se monitorearon ni controlaron, y la víctima no recibió la asistencia integral que necesitaba.
La sentencia también condenó al exjuez Juan Francisco Pisa por su accionar en 2017, cuando sobreseyó al femicida por "desobediencia judicial". El tribunal sostuvo que su decisión "perjudicó gravemente el sistema de administración de justicia", permitiendo que Parada Parejas continuara acosando a Paola. Aunque el sobreseimiento no fue la única causa del desenlace fatal, se concluyó que la situación podría haber sido diferente si se hubieran actualizado los antecedentes penales del agresor y se hubiera atendido la vulnerabilidad de la víctima.
Millonaria indemnización para reparar el daño
Mariela Fernanda Tacacho, madre de la víctima, había presentado una demanda que buscaba compensación por los daños y perjuicios derivados del femicidio. El fallo consideró que la falta de tutela judicial efectiva y la ausencia de un abordaje con perspectiva de género fueron las causas de los mismos.
Para reparar el daño, se estableció una indemnización total de $36.424.858,93. El tribunal dictaminó que la Provincia de Tucumán es la principal responsable, por lo que debepagar el 100% del monto. Por su parte, el exjuez Pisa deberá responder de manera concurrente por el 10% de la suma.
