Tucumán condena a los profesionales que defienden los derechos de las mujeres
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Amnistía Internacional Argentina / Demián Marchi
Tucumán es una provincia antiderechos. Así lo dejó en claro su Poder Ejecutivo al desproteger y vulnerar a víctimas como Lucía, la niña que fue abusada sexualmente y a quien no se le permitió acceder a una interrupción legal del embarazo. Por eso, organismos de Derechos Humanos y organizaciones internacionales decidieron intervenir en un territorio en el que son frecuentes los crímenes de odio y los femicidios.
Amnistía Internacional, como organización defensora de Derechos Humanos, realizó varias actividades en la provincia en 2016, con el caso de Belén, y este año, con el de Lucía. El objetivo fue exigir que se respeten los derechos de las mujeres y se visibilicen estas causas. De acuerdo con lo expuesto por Amnistía, la violación al secreto profesional en casos de abortos no punibles, la falta de políticas públicas que aseguren la interrupción legal del embarazo, la falta de educación sexual integral en las escuelas y la ausencia de políticas de procreación responsable dan cuenta de un Estado ausente en la protección de derechos de mujeres y niñas.
Estas situaciones de vulnerabilidad se repiten en diferentes provincias como Jujuy, Misiones y San Juan. Son casos que no deberían tomar estado público si el sistema de salud diese una respuesta inmediata. “Cuando esto se hace público empiezan a juzgarse cuestiones que van desde lo político hasta lo jurídico. A esto se suma que los profesionales que acceden y garantizan las prácticas sufren la amenaza del sistema penal”, aclara Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
Este tipo de cuestiones llevan a un retroceso en las políticas públicas, con menos profesionales, de diversas disciplinas, dispuestos a trabajar para garantizar el derecho de las víctimas. De acuerdo con lo expresado por los representantes de Amnistía, el Estado intimida al sistema público de salud para que prohíba prácticas no punibles. “Al mismo tiempo, da lugar en los hospitales públicos a los objetores de conciencia, quienes priorizan sus paradigmas por sobre los derechos de la mujeres”, dice la especialista.
“Tucumán ha estado otra vez a la luz y en los ojos de la comunidad internacional. Nosotros tenemos dependencias en todo el mundo y todas se han sumado a exigir el avance en Argentina de un sistema que defienda los derechos de las mujeres”, comenta. A esto se suman las intimidaciones a abogados, médicos y demás profesionales defensores de derechos humanos. “El uso de estrategias penales o jurídicas para intimidar a quienes ponen el cuerpo para defender los derechos representan amenazas graves. Amnistía cuenta con una campaña en pos de establecer criterios, principios y herramientas para proteger a los defensores de Derechos Humanos”, explica.
En este marco es que Amnistía Internacional participó de una capacitación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en coordinación con las organizaciones feministas Mujeres por Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. En ese espacio se debatió respecto de la denuncia que recibió la abogada Soledad Deza, defensora de Derechos Humanos, por parte del profesor Victor Chocobar, quien está siendo investigado por acoso sexual a tres alumnas de la universidad. Se trata de una denuncia penal por prevaricato a Deza, abogada a cargo del sumario administrativo que las autoridades académicas le abrieron a Chocobar (este tipo de denuncia se realiza cuando se cree que una autoridad judicial da una resolución arbitraria sobre una causa).
“Ser recibidos en la facultad donde se inició esta amenaza y ver a alumnos y referentes de otros sectores debatiendo fue super positivo. Celebramos que se abran las puertas en las universidades para que se den esas instancias de debate”, concluye García Rey.