Cuando la identidad incomoda, la violencia avanza
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Foto: Ignacio López Isasmendi | La Palta
* Por Alejandra Miranda
En las últimas semanas se registraron tres casos de violencia policial contra personas de la comunidad LGBT+ en el país. Estos hechos vuelven a demostrar que para muchas personas de este colectivo, la calle no es un espacio de libertad, sino un territorio donde la policía puede convertirse en una amenaza.
En Buenos Aires, Treinti, una joven trans reconocida por su trabajo como fotógrafa en la escena musical urbana (Instagram: @30y5mm), fue atropellada por un patrullero de la policía bonaerense. Fue trasladada a un centro de salud sin que se respetara el protocolo para resguardar su integridad, y finalmente falleció.
En Córdoba, Samuel Tobares (34), recepcionista en un hotel de Villa Carlos Paz, fue golpeado hasta la muerte por dos policías (Guillermo Serafín Arce y Franco Sebastián Romero). Esto ocurrió el 23 de noviembre en Villa Parque Síquiman, al grito de “puto de mierda”, según testigos.
En Salta, Fernanda Daniela Arias (34), mujer trans de Rosario de Lerma, murió bajo custodia policial, tres horas después de ser detenida el 26 de noviembre en la Comisaría N°2; la versión oficial de suicidio por ahorcamiento con una camisa genera dudas por testigos que la vieron arrastrada y una cicatriz en la cabeza, según su hermana Gladys. El caso lo investiga la UFEM.
Tres casos distintos bajo la misma trama que se dieron en el lapso de 8 días. La comunidad LGBT+ vuelve a alarmarse por la impunidad que rodea a estos hechos, donde las familias reclaman justicia, pero no hay respuestas claras para ninguna de las víctimas.
Patxi Salas, activista trans tucumana, reflexiona sobre estos ataques: “en este caso es claro que la violencia ha sido perpetrada por quienes en teoría están para cuidar la ciudadanía. Da bronca, pero sobre todo miedo por la desprotección que generan estos hechos. Deja una sensación de que no hay lugares seguros o defensa contra la violencia.”
Esta sensación no es aislada, los datos confirman un aumento que preocupa. En el primer semestre de este año, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LBGT+ registró un incremento del 70% en los crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad o expresión de género. Y el dato que más alarma es que en el 52,9% de los casos, la violencia fue ejercida por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.
Esto representa un patrón sistemático, donde el Estado, que debería garantizar derechos, se transforma en un agente directo de vulneración de los mismos. “Claramente hay cierta impunidad y habilitación para cometer actos de violencia contra nuestro colectivo. Los discursos de odio no son sin consecuencias, más si se gestan desde el poder”, expresa Salas.
El avance de discursos anti-derechos y el retroceso en políticas públicas genera un ambiente desesperanzador para la comunidad “la derecha ha traído un clima de miedo y desigualdad en todos los ámbitos. Lo que nos diferencia a nosotras y nosotros es que podemos morir a causa de la violencia por ser quienes somos” reflexiona Patxi sobre este contexto.
En Tucumán la situación no deja de ser crítica, la violencia policial presente en los barrios profundiza la sensación de desprotección y expone a las identidades disidentes a situaciones de riesgo constante. Aunque La Patxi reconoce que “hay cierta voluntad política en algunos sectores del gobierno provincial, pero es claro que no alcanza si los ataques a nuestras identidades y la quita de nuestros derechos son una constante por parte de Nación y avalados por parte de la ciudadanía”.
Foto: Elena Nicolay | La Palta
La violencia institucional contra los sectores populares no es algo nuevo, y mucho menos en torno a este colectivo. Ayelén Gómez, la joven trans tucumana que fue asesinada en 2017, ya había vivido y denunciado situaciones de violencia policial en 2012. “Nuestro colectivo siempre le tuvo miedo a la policía. La institución históricamente ha sido la encargada de violentar nuestras identidades. Hay que hacer un gran cambio en lo que es la institución. La ignorancia y el poder son un gran factor de peligro para los sectores más vulnerables”, explica Patxi.
Para poder generar un cambio, Patxi considera que la formación es una necesidad urgente: “ojalá quienes estén en estos espacios sean capaces de ver la necesidad de capacitación en Educación Sexual Integral, tanto en las escuelas como en todas las instituciones públicas”.
Hoy, 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, es necesario recordar que la igualdad ante la ley no es suficiente sin un Estado presente que garantice su cumplimiento. Los derechos humanos son una responsabilidad diaria de quienes tienen el poder y el deber de proteger a su pueblo.
Frente al avance de los discursos de odio y la impunidad en el accionar de las fuerzas de seguridad hay que preguntarse qué libertad existe para un pueblo que le tiene miedo a quienes deben protegerlo.
La respuesta a esto debe ser más políticas públicas en defensa de los sectores vulnerables y una formación integral en derechos humanos. Sin eso, la violencia seguirá encontrando legitimidad en donde debería haber cuidado.
