La comunidad de Quilmes lucha por su Ciudad Sagrada

 Belén Leguizamón, Sergio Condorí y Delfín Gerónimo.  Fotografía de Exequiel Reinoso

Belén Leguizamón, Sergio Condorí y Delfín Gerónimo.

Fotografía de Exequiel Reinoso

La Comunidad Indígena de Quilmes vive una situación crítica, de violencia y arrebato. Días atrás, un grupo de 70 personas, integrado por 20 comuneros y 50 desconocidos, ingresó con violencia a la Ciudad Sagrada y golpeó a miembros de la comunidad, para tomar posesión del predio arqueológico.

La lucha sobre el predio no es reciente sino de muchos años, donde los intereses económicos y políticos se ponen a flor de piel. En 1992, el gobernador Ramón Ortega concedió la Ciudad Sagrada de Quilmes al empresario Héctor E. Cruz, por 10 años y exigiendo abonar $110, mensualmente.

En el 2002 venció la concesión y dado a que Cruz nunca pagó el importe establecido, el contrato fue rescindido. Sin embargo, a pesar de que la justicia determinó el desalojo, el empresario continuó explotando el predio hasta el 2007. En marzo de ese año, se concretó finalmente la expulsión y la comunidad tomó posesión del lugar. Así, se formó una mesa de negociación con el Ente Tucumán Turismo para trabajar conjuntamente. “La negociación llevó muchas reuniones y debate, ya que había desconfianza de ambos lados porque cada uno aduce derechos sobre la ciudad. Aún así se logró un acuerdo. También que hay que tener en cuenta que es una comunidad de 600 familias, donde hay una autoridad que es el cacique y un Concejo de Delegados, lo que hace que la toma de decisión sea más compleja”, contó Delfín Gerónimo, Secretario General de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán.

El año pasado, junto al Ente de Turismo, se firmó un convenio para instalar un centro de interpretación en la Ciudad Sagrada. La obra fue paralizada por una medida judicial impuesta por Cruz, quien empezó a instigar dentro de la comunidad respecto a la decisión de trabajar con el Ente. Como consecuencia de esta situación, el 13 de noviembre, Santiago Santos junto a un grupo de comuneros se instaló en el predio arqueológico, autoproclamándose cacique de la comunidad.

Santiago Santos abandonó su pueblo en 2004 y en 2008 renunció ser miembro de Quilmes ante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Sin embargo, y como dijo Sergio Condorí, miembro del Concejo de Delegados, su vuelta se debe a intereses económicos y políticos por manejar la Ciudad Sagrada. “Hay fuertes intereses sobre nuestros territorios y el objetivo en sí es político, dada la ambición. Y la única forma de obtenerlo es destruyendo nuestra comunidad, que hoy es la institución más fuerte que tenemos y el objetivo es debilitarnos. Además, la toma del noviembre no fue casualidad sino que formó parte de una estrategia política, dado que el 10 se realizaría la elección del cacique”.

Luego de la usurpación de noviembre, la comunidad siguió el camino de la justicia. Ante reiteradas presentaciones se dictó una orden de desalojo, que se produjo el 5 de marzo. Aquel día, cuenta Sergio, llegó la policía con orden del juez y los ocupantes salieron pacíficamente. Así, la comunidad volvió a tomar posesión de su territorio, que por derecho ancestral le pertenece.

La situación parecía tener un final feliz, pero dos días después llegó la nueva usurpación. Desde la comunidad cuentan que esas 70 personas, lideradas por Santiago Santos y Franco Cruz –hijo de Héctor Cruz– irrumpieron violentamente en el predio, golpeando a 7 personas, de las cuales tres resultaron con heridas de gravedad. Uno ellos se encuentra internado en el Hospital Padilla y se recupera favorablemente.

Un día de violencia

Sergio Condorí fue unos de los quilmeños que se encontraba en la ciudad Sagrada el día del ataque. Él contó cómo vivió la situación, donde desconoció a varios de sus compañeros. “El jueves nos amenazaron y el viernes a las 19.30 fuimos atacados. Dos muchachos subieron arriba del hotel y vimos cómo venía la gente corriendo. Cuando llegaron nos rodearon y comenzaron a hacer tiros con una tumbera. Hombres y mujeres estaban con palos y hierros. Una señora me señalaba y decía que me tenían que agarrar a mí. Comenzamos a retroceder a las mujeres y decíamos que no iban a ingresar nuevamente”, contó.

El momento estuvo cubierto por miedo, agresiones verbales y físicas. “En un momento, un cobarde me pegó un hierro en la frente y comencé a sangrar. Ahí comenzaron a golpearme con palos. En el amontonamiento siento varios disparos, un calor en el costado izquierdo y a mi hermano tirado en el piso en posición fetal. Me levante y fui a ayudarlo. En eso momento estaba todo ensangrentado y, en una reacción de desesperación, quería sacar a mi hermano. Cuando nos levantamos empezaron a robarle las cosas”, recuerda.

Una vez que lograron pararse comenzaron a castigarlos con un látigo hecho con una cadena de bicicleta. Escaparon por el monte, donde se quedaron escondidos hasta que una ambulancia fue a auxiliarlos. Al llegar al CAPS de Amaicha, la policía les tomó la denuncia correspondiente y se realizaron las curaciones.

Por miedo a nuevos ataques, la policía resguarda la Casa Comunitaria y Sergio con su familia buscaron refugio en San Miguel de Tucumán. “La frase "divide y reinarás", lamentablemente, está inserta en la comunidad. Pero sé que este tiempo ya a pasar y llegarán nuevos, positivos. En un reportaje decía que los compañeros y amigos, que estuvieron en el museo arqueológico, reflexionen porque ellos no son así. Queremos que reine la paz y vuelva la tranquilidad a la comunidad”, reflexiona.

Todo está en manos de la justicia

La abogada Belén Leguizamón, quien representa a la comunidad Quilmes y forma parte de ANDHES –Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales–, cuenta que a nivel judicial no se accionó de manera eficiente. Ante la situación vivida se inició una causa por usurpación, tentativa de homicidio y lesiones. “En ese momento no se tomaron las medidas adecuadas para proteger a las personas, dado que continuaron siendo amenazadas en la Casa de la Comunidad. Las medidas judiciales, tanto detenciones y allanamientos, recién se están realizando. La causa esta en la fiscalía 1ª de Monteros”, explica.

A partir de ahora, supone Leguizamón, se procederá a la declaración de los imputados y las víctimas. De acuerdo a la investigación del fiscal, se sabrá si es posible la detención preventiva. También, señala la abogada, hay que tener presente la participación de los autores intelectuales. Estos tienen que ver con los conflictos que siempre tuvo la comunidad con el señor Cruz, quien aprovecha los quiebres internos para dividir la comunidad.

Exequiel Reinoso

ereinoso@colectivolapalta.com.ar