Detención de cultivadores de cannabis y operativos irregulares
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Leandro Campos Bringas, un estudiante de 23 años del profesorado en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y su madre, María Eugenia Bringas, se encuentran detenidos con prisión preventiva bajo cargos relacionados con la tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercio.
El 7 de marzo, la Policía de Tucumán llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la familia Bringas, basándose en una orden judicial emitida por la jueza Isabel de Los Ángeles Méndez, con la supuesta intención de buscar una motocicleta robada. Sin embargo, el resultado de la incursión policial fue carente de relación con el motivo declarado, ya que no se encontraron indicios del delito denunciado. Lo que sí encontraron los agentes fue un cultivo de cannabis destinado a fines medicinales, el cual estaba debidamente documentado y respaldado por prescripciones médicas.
Leandro y su hermana Camila, ambos inscritos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), llevan más de un año cultivando para tratar condiciones médicas como polineuropatía y ansiedad, respectivamente. A pesar de presentar la documentación correspondiente, incluido el REPROCANN de Camila, ya que el permiso del joven estudiante llevaba dos semanas vencido, las autoridades desestimaron los permisos y procedieron a la detención de Leandro y su madre.
Este hecho plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la ética de los operativos policiales teniendo en cuenta que no es el primero ni el único con estas características. Otro caso similar es el de Charbel González Saravia, un cultivador cannábico de 41 años, quien fue detenido en diciembre del año pasado luego de un allanamiento en su domicilio con el fundamento de buscar un lavarropas robado. Charbel fué imputado a pesar de contar con el REPROCANN por padecer hemofilia severa.
Respecto a estas prácticas policiales, Pablo Gargiulo, abogado defensor en una causa similar, ha arrojado luz sobre la aplicación de la Ley N.º 9188 en la provincia. Gargiulo señala que "este tipo de procedimientos vienen siendo reiterados en la provincia, a partir de la puesta en funcionamiento de la Ley de Narcomenudeo. La misma, impulsada como caballito de batalla en su campaña política, por el ahora gobernador Osvaldo Jaldo".
El abogado explica que esta implementación ha generado presión sobre la policía para obtener resultados inmediatos, lo que ha impulsado operativos irregulares basados en causas de delitos contra la propiedad, y de esta manera conseguir órdenes de allanamientos para dar finalmente con estos "hallazgos casuales", que han resultado en estos casos judiciales cuestionables.
Gargiulo manifiesta que antes de la implementación de la ley hubo reiterados planteos, por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, acerca de su inconstitucionalidad. Tales planteos estaban fundamentados principalmente en la falta de recursos, teniendo en cuenta que los once mil millones de pesos que iban a ser destinados para esta nunca habían llegado. Incluso, a partir de una medida cautelar, el MPF logró detener la puesta en marcha de la misma. Sin embargo, la Corte Suprema levantó la cautelar y permitió que la Ley se aplicara desde el 30 de noviembre de 2022.
En su caso en particular, el abogado relata que defiende a un acusado que había sido allanado con este modus operandi y afirma que pudieron demostrar “tanto en el juicio oral, como ante el Tribunal de Impugnación, que esa causa había sido inventada por la policía y lo absolvieron”. Y refiere que si bien “la fiscalía impugnó ante la Corte esa decisión absolutoria, el Tribunal de Impugnación rechazó ese recurso y ahora está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que todavía no se pronunció al respecto”.
Es crucial que estos casos sean examinados con detenimiento y que se garantice el debido proceso para los imputados. Además, es necesario que las autoridades revisen sus protocolos y se aseguren de que los operativos policiales se lleven a cabo de manera transparente y respetando los derechos de los ciudadanos.
