La impunidad tiene fecha de vencimiento

 Fotografía cortesía de Bruno Cerimele

Fotografía cortesía de Bruno Cerimele

El juicio por la Megacausa Arsenales II Jefatura II empezó a recorrer las dos últimas semanas de este año. La extensa ronda de testigos continúa poniendo rostros y palabras a tanto tiempo de silencio y desconocimiento. Una sociedad como la tucumana, cuya memoria intentó borrarse a base de censura, torturas y muertes, necesita que la verdad sea contada desde todos los lugares y con todas las palabras, porque es esta sociedad la que reivindicó las atrocidades del terrorismo de Estado eligiendo democráticamente a un genocida como Antonio Domingo Bussi.

Que este ex militar, que murió degradado y condenado, haya recibido apoyo popular en dos ocasiones es una de las muestras más claras de que el tejido social e histórico de la provincia fue avasallado. Hace evidente que aquí se arribó a un punto clave en los objetivos de la instauración de un gobierno de facto porque se logró quebrantar la voluntad de toda una generación que se atrevió a pensar diferente.

Sin embargo, con el juicio en marcha y la oportunidad renovada para restaurar ese tejido de memoria, verdad y justicia, se demuestra también que aquellas voluntades quebrantadas pueden volver a ponerse de pie. La valentía de los testigos es la prueba viviente de todo esto.

Una colorida mañana de cumpleaños

El jueves 13 de diciembre la entrada de calle Chacabuco del Tribunal Oral Federal (TOF) parecía la puerta de un salón de fiestas. A los ya clásicos carteles de apoyo a los imputados se sumaron ahora globos de colores y carteles de “feliz cumpleaños” dedicados al conocido Padre Pepe, una figura que confirma la activa participación y complicidad de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.

El padre Pepe, cuyo nombre completo es José Eloy Mijalchik, fue capellán de hecho en el Centro Clandestino de Detención (CDD) Arsenal Miguel de Azcuénaga. Fue reconocido por muchos testigos que lo vieron en ese lugar entre los años 1976 y 1977 donde actuó siendo no solo confesor, sino colaborador directo de las fuerzas armadas para lograr que los torturados dijesen lo que estas querían escuchar.

El "prelado de honor", título con que lo nombró Benedicto XVI cuando ya se habían iniciado las investigaciones que lo comprometían, recibió saludos, besos y abrazos de sus fieles y amigos. Privilegio de los que no goza ningún otro imputado en ninguna otra causa. Privilegio que, junto a muchos otros, estos acusados que hoy son juzgados tienen a pesar de la gravedad de los delitos cometidos.

Amiga de la Corte

Una vez iniciada la audiencia se retomó la ronda de testigos, la primera en ser llamada fue Susana Chiarotti. Esta testigo había sido presentada como especialista por la querella de la familia Rondoletto. Su declaración fue referida a los delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado, tema sobre el que se ha explayado con pericia e idoneidad.

De manera concisa, clara y contundente, la testigo aportó datos acerca de lo que se entiende, en primer lugar, por violencia sexual y de género, luego puntualizó en los antecedentes y la jurisprudencia, tanto internacional como nacional, respecto a estos delitos cometidos por un Estado dictatorial.

La exposición, que duró más de una hora, apuntó a sensibilizar al tribunal en cuanto al juzgamiento de estos delitos. Reiteró una y otra vez sobre la necesidad de sacarse las vendas que han provocado durante años lo que ella llama “ceguera de género” y que han llevado a ignorar este tipo de violencia.

Las palabras de Chiarotti fueron valorada positivamente por el tribunal que la llamó “amicus curiae” (amiga de la corte), es decir que fue reconocida como una testigo que vino a echar luz sobre un tema particular. Especificó claramente las acciones que son consideradas delitos en este marco, mencionando por ejemplo: la desnudez forzada, la esterilización forzada, los embarazos forzados, los manoseos, las requisas, las mutilaciones, las violaciones (penetraciones con cualquier objeto o parte del cuerpo del violador) y, lo que no es menor, cualquier amenaza de cometer estas acciones.

Antes de retirarse, con un cerrado aplauso por parte de los presentes, aseguró que una violación, en el contexto del terrorismo de estado, es ya un delito de lesa humanidad y así debe ser juzgado.

La defensa hizo un intento de victimizar a las dos imputadas en esta causa, preguntando si no se estaba ejerciendo violencia de género con ellas al tenerlas recluidas en la cárcel de Villa Urquiza (cárcel de hombres), compartiendo sanitarios con hombres y custodiadas por guardiacárceles masculinos. A lo que Chiarotti respondió que de ser así, como lo planteó la defensa, deberá corregirse la situación.

Al retirarse la testigo uno de los miembros del tribunal, el doctor Gabriel Casas, aclaró a la sala y a los abogados que las reclusas se encuentran en el penal de Villa Urquiza en una situación excepcional, que sí están custodiadas por personal femenino. Además, cabe aclarar, que en la unidad penitenciaria Nº 9 que corresponde a la sección de máxima seguridad, los detenidos no comparten sanitarios, ya que los mismos cuentan con un baño en cada celda.

Testigo víctima: un trato que no corresponde

El segundo testigo de la jornada fue Juan Carlos Clemente presentado como testigo víctima. Clemente fue secuestrado en el año 1976. Estuvo detenido en el Ingenio Nueva Baviera, donde fue torturado y luego fue trasladado a Jefatura de Policía. En este último lugar terminó recibiendo un carnet de policía, le otorgaron la capacidad de portar armas, concesiones que el testigo afirma desconocer por qué le fueron dadas.

La extensa declaración de este testigo, que duró hasta finalizada la jornada aproximadamente a 20.30 h, estuvo plagada de incidentes. Para empezar, se había previsto que se pase la grabación de su declaración prestada en el juicio anterior, pero por razones técnicas esto no fue posible. A pesar del pedido de la Fiscalía de postergar este testimonio hasta que se solucionen los problemas técnicos, y del planteo de evitar que el testigo declare por tercera vez los mismos hechos ya que se lo termina revictimizando, el tribunal decidió continuar con el testimonio de Clemente.

Su narración aportó datos fundamentales y complicó a muchos de los acusados presentes en la audiencia. Además suscitó la reacción de dos de ellos que terminaron por pedir la palabra. El primero en hablar fue Luis Edgardo Ocaranza, que se limitó a leer aclaraciones que había escrito en un papel mientras Clemente declaraba. Estas aclaraciones hacían referencia a los lugares donde él se había encontrado trabajando y los cargos que había ocupado como militar. El segundo acusado en hacer uso de la palabra fue Mario Miguel D'Ursi. Quien más que defenderse lo que hizo fue acusar a Clemente de traidor, entregador y asesino.

El punto en cuestión aquí es que si Juan Carlos Clemente fuese culpable de algo, debería ser juzgado en otra causa ya que en esta él es un testigo y, nada más y nada menos que un testigo víctima. Es por esta razón que tanto la Fiscalía como la querella siguen exigiendo que se cumpla con el protocolo que establece cómo se deben tratar a quienes prestan testimonio en estas condiciones. Lo abogados defensores deben defender a sus clientes, no acusar a los testigos. Pero esto, los letrados parece no tenerlo claro. De ese modo en vez de preguntar, afirman, y cuando el tribunal les exige que elaboren una pregunta, se enojan, gritan y se ofenden.

Amenazas, gestos y advertencias

La jornada contó además con otros hechos y testigos que no estaban previstos. En uno de los cuarto intermedio los acusados no solamente se levantaron, se abrazaron con sus familiares y amigos (que en teoría no está permitido) y pasearon más allá del espacio en que pueden moverse, sino que además se animaron a acercarse a los familiares de los desaparecidos y les hicieron gestos amenazantes. Fue Hugo Javier Figueroa quien con el dedo señaló a una de las personas que se encontraba sentada en primera fila. Luego, cuando los periodistas que desde la sala de prensa observaron todo, denunciaron este hecho, Chuchuy Linares se animó a hacer con el dedo índice una mueca de “desguelle” a los que se encontraban en esa sala.

Laura Figueroa, una de las abogadas querellantes, advirtió al tribunal sobre estos hechos que fueron negados por la abogada defensora Julieta Jorrat. Cabe mencionar que fue ella misma quien trato de tapar con su cuerpo las gesticulaciones de su defendido.

Viernes 14, el juicio continúa con demoras

La audiencia se reanudó alrededor de las 11 de la mañana, la razón fue que la imputada María Luisa Acosta de Barraza presentaba un cuadro de angina de pecho que fue confirmada más tarde por el médico forense del tribunal.

La primera testigo en declarar fue Faride S. que habló del secuestro de su hijo Ismael Adriss, contó su desesperación al no poder encontrarlo, cómo hizo todo lo que estuvo a su alcance y recorrió tantos lugares como pudo. Habló sobre la negación que recibió por parte del tuerto Albornoz y sobre cómo Monseñor Randissi le dijo que no la podía atender mandándola a hablar con quien estuviese a cargo de la parroquia a la que pertenecía. Allí tuvo que soportar que el párroco la increpara diciendo “dónde estuvo usted mientras su hijo delinquía”.

Faride no se dio por vencida y pidió audiencia una y otra vez hasta que el coronel Gustavino le afirmó que su hijo estaba enterrado. Desde entonces no la quisieron atender más.

Más tarde fue el turno de María Cristina quien habló sobre el momento en que fue secuestrada junto a su compañero Juan Ignacio Cativa. En aquel primer momento fue acusada de llenar de “malas ideas” la cabeza de su marido. María era maestra recién recibida y el hecho de poseer libros y una educación formal superior la convertía en sospechosa. Pero pronto los secuestradores y torturadores decidieron que el verdaderamente peligroso era Juan Ignacio por su militancia sindical.

La testigo contó, quebrándose en reiteradas ocasiones, cómo sus sueños y planes de una vida matrimonial que apenas empezaba les fueron arrebatados. Con un hijo en brazos la dictadura militar le quitó la posibilidad de trabajar con su título, además secuestró una y otra vez a su marido dejándolo en las peores condiciones imaginables debido a las torturas infringidas. Esta mujer demostró una fortaleza inigualable más allá de sus lágrimas. Porque hay que ser fuerte para decir que su esposo volvió con moretones por todos los rincones de su cuerpo, con la ropa hecha jirones y que “le faltaban pedazos en la muñeca”. Que sufrió profundas disminuciones visuales y auditivas, que quedó impotente de tantas picanas aplicadas, que tuvo un ACV y que hoy tiene problemas renales, cardíacos y psiquiátricos. Esto último fue determinante a la hora de excluirlo como testigo en la megacausa.

El último testimonio que se escuchó en la mañana del viernes fue el de Julio Rodríguez Anido. Él fue uno de los pocos abogados que se animó a defender en la década del 70’ a todos aquellos que se opusieran a la dictadura. Así redactó y asesoró con Habeas Corpus y otros trámites tendientes a defender los derechos de quienes eran secuestrados y desaparecidos. Esto fue posible hasta que tuvo que exiliarse debido a la bomba que pusieron en su casa.

Por la tarde pasaron los testigos que faltaban declarar por el caso de Juan Ignacio Cativa. Así se escuchó a José Roberto F., a Ana María C. y a Marta Rosa C. Todos ellos ratificaron, desde sus respectivas experiencias, las condiciones en las que vieron a la víctima después de ser liberado tras su último secuestro. Incluso José F. recordó que Cativa presentaba moretones hasta en la zona de los genitales.

Juan Ignacio, como se dijo antes, no puede estar presente para narrar el horror que vivió en carne propia. Pero los testimonios de los que lo conocen y la precaria condición de su salud, consecuencia de las torturas recibidas, dan cuenta de ese verdadero infierno que vivió.

Ese infierno que los genocidas construyeron y recrearon impunemente durante más de 10 años. Que siguieron reivindicando durante los primeros años de democracia donde el miedo y la conveniencia de los gobiernos elegidos jugaron a su favor. La impunidad que creyeron sería para siempre, hoy se les está acabando, porque hubo madres, hijos, familiares y amigos que lucharon y lo siguen haciendo para que ni el olvido ni el perdón les gane la partida. Porque hoy, además, hay una sociedad y una nueva generación que está dispuesta a reconstruir la historia con verdad y con justicia.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar