"Hay un retroceso con los cierres de los talleres"

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Hace unas semanas 80 personas recibieron una noticia que no esperaban: los talleres de Construcción de Ciudadanía y Derechos Humanos se cerraban. Estos talleres son el resultado de un convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia, destinados a todas las personas mayores de edad que estuvieran haciendo la terminalidad educativa, es decir, terminando el primario o la secundaria. Durante el verano los talleres se extendían a los jóvenes del programa ‘Jóvenes por más y mejor trabajo’ y las mujeres del ‘Ellas hacen’, programas lanzados por el gobierno nacional. El objetivo de estos talleres era proporcionarles oportunidades de desarrollar trayectorias laborales pertinentes y de calidad, adecuadas a sus perfiles, a sus expectativas y a sus entornos políticos, económicos y sociales, al tiempo que se trabajaba sobre diversas problemáticas que padecían cada una de las comunidades. Así, temas como la violencia hacia las mujeres, las adicciones, la identidad y la inseguridad aparecían constantemente.

Este nuevo modelo educativo estuvo inspirado en la pedagogía popular de Paulo Freire y daba cuenta de una nueva forma de aprender en la que los jóvenes de cada lugar son protagonistas activos de su proceso de aprendizaje.

El día del cierre de los talleres de verano, les avisaron a los coordinadores de cada una de las zonas que los talleres se cerraban por una decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin más explicaciones, 80 talleristas quedaron sin su fuente de trabajo y cientos de estudiantes sin sus talleres.

“En lo personal, creo que hay un retroceso con el cierre de los talleres. Los espacios que el Estado habilita, en general, son políticas precarias, organismos precarios que se hacen, justamente, intentando que el trabajador mantenga esos programas con su cuerpo, con su plata”, contaba Tito, tallerista desde el año 2009. Y esta referencia tiene que ver con la situación de precariedad en la que se encontraban trabajando. La relación laboral con su empleador, el Estado, se mantenía a través de la figura del monotributo. Así, los talleristas, en su calidad de monotributistas, ven vulnerados muchos de los derechos contemplados por ley, por ejemplo, el derecho a indemnización que deberían tener al cerrar los talleres.

“Para nosotros no es tema menor que se cierren los talleres de construcción de ciudadanía y derechos humanos, no nos da lo mismo dar cualquier taller”, decía Zulma, otra de las talleristas. El reclamo concreto de estos trabajadores es que les paguen los meses adeudados, entre 4 y 6 meses, pero sobre todo que les aseguren los puestos de trabajo. Afirman que son mano de obra calificada y el Estado, ya sea a través del Ministerio de Trabajo o de Educación, debe hacerse cargo porque hasta ahora no han recibido una explicación del cierre inesperado.

Muchas son las preguntas que rondan. ¿Por qué se cerraron los talleres cuya meta era alcanzar en 2016 la estructura curricular modular? ¿Quién, en realidad, decidió el cierre? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de los 80 personas, ahora desempleadas, que trabajaban en condiciones de precariedad? ¿Cómo un Estado que se proclama inclusivo cierra espacios que, en los papeles, resultan fundamentales para “elevar la calidad y la pertinencia de la oferta educativa ampliando la vinculación entre políticas públicas, educación, trabajo, desarrollo comunitario sustentable y construcción de ciudadanía”?

Preguntas hay muchas. Pocas son las respuestas.

Marianella Triunfetti

mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar