Megacausa Villa Urquiza: el tramo final
/La última con testigos, la primera de alegatos. Así fueron las audiencias de los días 9 y 10 de diciembre. La megacausa Villa Urquiza transita ya el tramo final. La fecha indicada para que el tribunal conformado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dicte sentencia es el miércoles 23. Diez son los imputados por los delitos cometidos contra 39 víctimas durante 1974 y 1983 en el penal de Villa Urquiza.
La palabra de los imputados
El martes 9 se escuchó, además de los testigos, a los imputados. El primero en hacer uso del derecho a lo que se conoce como la defensa material fue Pedro Fidel García. Breve y escueto en sus respuestas se refirió al día en que fue asesinado José Cayetano Torrente. “Quería hacer una aclaración, que el día de la muerte de Torrente yo no estuve, yo no estaba de guardia”, explicó el imputado. García fue señalado por los testimonios como la persona que retuvo a José Cayetano durante aquel supuesto motín cuando todos los demás detenidos eran sacados al patio. La muerte de Torrente quedó oficialmente registrada como producto de múltiples heridas de arma blanca, propinada por los mismos reclusos.
Los testigos contaron a lo largo de las distintas audiencias que el motín en cuestión fue fraguado. Que Pedro García le dijo a la víctima que se quedara mientras desalojaban el pabellón. Que a ellos los tuvieron en el patio dando saltos y golpeándolos. Que cuando entraron había manchas de sangre hasta en las paredes y evidencias de un denodado intento por limpiarlas. Que desde entonces no volvieron a ver a José Cayetano. También, algunos recordaron el temor de Torrente, porque había sido amenazado por el mismo Roberto Heriberto Albornoz.
Jorge Omar Lazarte es el único militar imputado en esta megacausa y fue condenado a 10 años de prisión durante el juicio de Arsenales-Jefatura II. En cada una de las 17 audiencias que pasaron se lo podía ver registrando minuciosamente, en su cuaderno de notas, detalles, menciones y fechas. “Pareciera ser que el único integrante del ejército argentino que estuvo en el período de noviembre de 1974 a noviembre de 1975 fue el Teniente Primero Lazarte, y se ha comprobado por los testimonios que hubo jefes de policía y subjefes de policías con capacidades decisorias”, despachó el imputado cuando hizo su ampliación indagatoria. Su extensa exposición buscó dejar claro que no tiene ninguna responsabilidad en ninguno de los delitos que se le imputan. “No soy el único militar que ha estado destinado en comisión, en la policía de la provincia, en el periodo que he mencionado”, insistió en más de una ocasión el imputado que no quiso dar nombres de otras personas.
El tercer y último imputado que pidió declarar fue Roberto Heriberto Albornoz. “Respecto a la señora Nora Spagni de González Paz quiero decir que no tuve ninguna intervención en lo que respecta a esta señora, ni en la detención ni en el alojamiento. Todo lo que ella dice me enteré acá, durante el juicio”, arrancó el imputado. Negó conocer a alguno de los hermanos Ferreyra (César Alberto permanece desaparecido y es víctima en esta megacausa) y desconoce lo que les haya ocurrido.
“Se me vincula con la cárcel en la que no he tenido ninguna participación”, dijo enérgicamente el ‘Tuerto’ Albornoz, quien fuera señalado por decenas de testigos. “Hace 11 años que vengo soportando diversos hechos. Soy inocente señores, tremendamente inocente”, sostuvo ante la mirada atónita de los que estaban presentes en la sala. “Buscan la forma porque soy emblemático, el único que queda, el único viejo de 83 años”, espetó mirando al tribunal. “Yo no tenía facultades, no tenía poder de decisión, yo estaba en una repartición policial y soy un chivo expiatorio”, concluyó el multicondenado Roberto Heriberto Albornoz, que cumple condena firme por la causa conocida como Romero Nicklison.
Con la fuerza de los testimonios
A lo largo de estas 17 audiencias pasaron cerca de 70 testigos. Las palabras que evocaron los recuerdos más dolorosos fueron recordadas por los abogados representantes de las querellas el día miércoles 10. Es que tanto Bernardo Lobo Bougeu, Pablo Gargiulo, Julia Vitar e Inés Lugones realizaron sus alegatos y en ellos valoraron cada una de las pruebas producidas en estos tres meses de juicio.
Los primeros en exponer fueron Bernardo Lobo Bougeu y Pablo Gargiulo. Los abogados son querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y tienen a cargo la representación de la Asociación de ex Presos Políticos –Tucumán-. Gargiulo, además, representa a la asociación ANDHES –Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales y a la Familia de Alberto César Ferreyra. Por su parte Julia Vitar e Inés Lugones están a cargo de la representación de la señora Celina de Kofman, madre de Jorge Kofman quien al igual que Alberto Ferreyra permanecen desaparecidos y fueron vistos en el penal de Villa Urquiza.
El alegato de Bernardo Lobo Bougeu y Pablo Gargiulo comenzó haciendo referencia al contexto de la segunda mitad de la década del 70. Lo primero que hicieron fue mencionar una serie de normas legales que fueron de aplicación anterior al golpe militar de 1976 y que respondía a la denominada ‘lucha antisubversiva’. Luego explicaron cómo se correspondían estas instrucciones generales con la realidad concreta de los casi 40 casos que componen el universo de víctimas en esta megacausa. A esa explicación le siguió el análisis de cada uno de los más de 30 casos que ellos representan desde sus respectivas querellas. Finalmente realizaron la calificación legal, la imputación de cada uno de los imputados y el correspondiente pedido de pena.
25 años para Daniel Arturo Álvarez, Ángel Armando Audes y Pedro Fidel García, fue la pena máxima pedida por los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos. Para el ex militar Jorge Omar Lazarte se solicitó 20 años de prisión, al igual que para Augusto Wertel Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Alejandro Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela. Finalmente, para el imputado Santo González el pedido fue de 15 años de prisión. En todos los casos se pretende que sean de cumplimiento efectivo en el penal de Villa Urquiza.
“Que fueron detenidos es una forma de decir porque en realidad han estado en calidad de secuestrados”, comenzó Julia Vitar. “Villa Urquiza formaba parte del sistema represivo. Era un apéndice del CCD (Centro Clandestino de Detención) de Jefatura de Policía”, explicó la abogada querellante. Durante su alegato, Vitar repasó en las palabras de los testigos las condiciones en las que se encontraban recluidos los denominados ‘presos subversivos’. Una especie de compacto de los tormentos vividos en ese penal dejó claro que cuando se dice ‘condiciones infrahumanas’ no alcanza para dar una idea cercana a lo que allí sucedió.
Las abogadas, además de probar que Villa Urquiza era un centro clandestino más y un eslabón importante en el circuito represivo, buscaron demostrar que allí estuvo Jorge Kofman. Aunque ningún registro oficial reconozca su paso por el penal, su rostro fue reconocido, años después, por uno de los testigos. Lo que se sumó a otros datos que Celina ‘Queca’ Kofman logró conseguir en años de búsqueda incansable.
Las penas pedidas por Vitar y Lugones fueron de prisión perpetua para Jorge Omar Lazarte, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela; en tanto para Ángel Armando Audes solicitaron 20 años de prisión, para Daniel Arturo Álvarez 15 años de prisión y para Santos González 7 años. En todos los casos, remarcaron, sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.
El orgullo de ser y de hacer
“Queca cuando vino a declarar ante este tribunal dijo: ‘Yo estoy muy orgullosa de mi hijo, las madres estamos muy orgullosas de nuestros hijos’”, recordó Julia Vitar. ‘Queca’ Kofman es una histórica militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo –Santa Fe- que en su declaración destacó el compromiso no solo de su hijo sino el de tantos que, como él, dejaron su vida por sus ideales.
Esas palabras que buscaron despojar de estigmas a la militancia fueron retomadas y hechas propias por Vitar. “Nosotras creemos que la sociedad tiene que estar orgullosa de todas las personas que han venido a declarar en este juicio”, compartió la abogada. “De esas personas que a pesar de todos los años de cárcel que sufrieron, de la persecución y la estigmatización que significaba no solamente ser un preso político, sino haber sido un militante, haber sido un perseguido político, de todas maneras se animaron a abrir la caja de pandora de la memoria, a traer sus testimonios a estos estrados para que haya justicia”, rescató la querellante. “Nosotras queremos decirles que estamos muy orgullosas de su entrega, de sus palabras y de su testimonio”, concluyó Julia Vitar y un cerrado aplauso fue el agradecimiento a sus palabras.
El miércoles 17 será el turno de los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores, tanto oficiales como particulares. Los testimonios que pasaron remanecerán y serán sustento para el pedido de pena contra diez imputados. Desde las víctimas sobrevivientes, los familiares y los organismos de Derechos Humanos se espera que haber abierto esa ‘caja de pandora de la memoria’, como dijera Julia Vitar, sirva para alcanzar justicia. La justicia que se buscó por casi 40 años. Porque, a pesar de todo, se siguió creyendo en ella.