"Queremos que el Gobierno nos diga qué harán con los adictos del Bicentenario"

Fotografía de Ignacio López Isasmendi

"Fuerza", le susurró Blanca Ledesma a Ina Casemira Ene antes de tomar la pancarta que encabezó la marcha de las villas para pedir que no haya ni una muerte más por paco. Las Madres del Pañuelo Negro y La Hermandad de los Barrios, un colectivo de siete barriadas humildes, marcharon el miércoles para exigirle a los tres poderes del Estado una política contra el narcotráfico y las adicciones. Se trató de la segunda movilización villera a Casa de Gobierno de Tucumán, la primera había sido el 10 de diciembre en el Día de los Derechos Humanos. En los ocho meses entre las dos manifestaciones, Diego Correa, hijo de Ene, falleció luego de nueve meses internado en estado vegetativo a causa de una sobredosis de pastillas y paco. Su muerte es la décima del año en el barrio Antena de Alderetes. Las organizaciones barriales afirmaron que en 2015 murieron 25 chicos y chicas por sobredosis, ahorcados o en peleas con transas. Este año, aseguraron, ya contaron 20 muertes.

"El objetivo es visibilizar la problemática. Queremos decirle a la sociedad que el consumo aumentó y que el Gobierno hace muy poco. En La Costanera y en Los Vázquez manda a un equipo de cuatro psicólogos. En la Costanera viven 4 mil familias, con la tremenda cantidad de gente que padece por el consumo. No alcanza", explicó Pablo Pérez, uno de los hijos de Ledesma. La problemática de las drogas está presente en todas las clases sociales, pero en las clases bajas es una bomba social, explicaron referentes de La Hermandad de los Barrios. "Marchamos para que de verdad se tomen medidas. Queremos que nos dígan qué políticas públicas van a implementar. Tanto que hablamos del Bicentenario, queremos que nos digan qué harán con los adictos del Bicentenario", arremetió Pérez, mientras marchaba con un cajón de cartón forrado que decía: "ni un muerto más por la droga".

Entre los 400 manifestantes hubo delegaciones de los barrios tucumanos Antena, Costanera, 140 viviendas, Trulalá, Sifón, Ciudad de Dios, Villa Muñecas, Los Vázquez, así como también Madres del Pañuelo Negro de San Pablo y de Yerba Buena. También participaron partidos de izquierda, organizaciones sociales y una congregación católica. En algunos barrios cartonearon una semana para poder cargar las tarjetas para colectivos. Otros llegaron caminando. La marcha partió de plaza Urquiza y se dirigió primero a la sede de la Secretaría de Adicciones, ubicada en calle Monteagudo al 800. Sobre la fachada dejaron pegadas fotos de jóvenes que murieron en los últimos años y casi cincuenta velas. La columna culminó en la plaza Independencia, donde una madre de cada barrio contó su derrotero.

"Lo que más sufrí fue la discriminación. Nos humillan por tener un pariente de la familia adicto. No parí un hijo adicto, no puse gente a venderla en los barrios ni tampoco la entregamos a cambio de un voto cuando hay elecciones", bramó Ene. La mujer marchó llorando, con el rostro en alto. Diego tenía 29 años y trabajó muchos años como maquinista en desmonte y limpieza de ríos. Se había tratado con una Iglesia Evangelista. Tuvo una recaída el año pasado y lo encontró una vecina tras dos días de búsqueda por el barrio. Murió internado. "Ahora lucho por mis siete nietos. No entiendo por qué a las madres de los adictos nos tratan de alcohólicas o drogadictas. Con sufrimiento, dos hijos míos están por recibirse del terciario. Somos humildes pero seguiré luchando. Perdí un hijo por la droga, y eso me duele tanto, pero la humillación que recibimos me duele más", sollozó Ene.

Elsa Juárez, una madre del Pañuelo Negro de El Colmenar, comenzó a llorar cuando ingresó a la Casa de Gobierno y los funcionarios recibieron a un representante de cada barrio. La noche anterior había ido a buscar a su hijo de 29 años a la casa de un dealer. "Pedimos dignidad y trabajo. Nosotras dormimos vestidas, con las zapatillas puestas para poder salir a la calle corriendo de madrugada a buscar a nuestros hijos y nietos. Los dealers y la policía recaudan con la muerte que le venden a nuestros hijos", lamentó.

Pérez fue el último en entrar a la reunión, encabezada por Matías Tolosa, secretario de Adicciones. "Nosotros llevamos adelante un comedor de noche para adictos y el martes de la semana anterior casi 100 chicos se quedaron sin comer porque el Gobierno no nos brinda los alimentos frescos (carne y verduras). Dependemos de donaciones y nos tenemos que rebuscar. Ahí tenés la voluntad del Gobierno, que no giran los frescos porque no ceden estos alimentos a organizaciones o grupos que no tengan personería jurídica. Nosotros no podemos gestionar la personería, si estamos en una situación complejísima. Parece que los funcionarios comen arroz con puré de tomate todos los días que no se los nota afligidos por darle el sustento para sostener un comedor, que además sirve al grupo para acercarnos y empezar el tratamiento de más chicos del barrio. Queremos alguna mejora, los chicos no pueden esperar. Las madres del pañuelo negro llevan ocho años y las llamaban locas. Si se hubiera reaccionado apenas empezaron a marchar no habría tantos adictos, tantos desnutridos, ni tantos muertos", explicó indignado.

Tolosa se comprometió a analizar el petitorio de 15 puntos. Entre los pedidos, se destacaban equipos de asistencia barriales, centros de internación para mujeres y aumentar la capacidad del centro de recuperación Las Moritas, que sólo atienden varones. Además, aumentar las camas para desintoxicación en los Hospitales, puesto que hay sólo una docena en la provincia, entre el hospital Obarrio y Hospicio del Carmen. Aumentar el presupuesto para Adicciones y aplicar la ley de Salud Mental en la provincia. Se acordó una nueva reunión el 20 de septiembre. La respuesta no satisfizo a los manifestantes que se reunirán esta semana para definir si acampan en la plaza Independencia hasta recibir las respuestas esperadas.