Tortura en democracia: una práctica oculta que persiste
/*Por Alejandra Miranda
Ilustración: Elías Cura | La Palta
¿Qué se entiende por tortura? ¿Se puede hablar de tortura en plena democracia? Puede que las respuestas no estén del todo claras. En Argentina, por lo general, la palabra “tortura” se asocia directamente con la dictadura y el terrorismo de Estado, lo cual ha ayudado a construir una memoria colectiva para pensar lo que debe garantizar un Estado para la seguridad de su sociedad.
Con el avance de la derecha y la reproducción de discursos negacionistas, la discusión sobre el Estado como culpable de actos de violencia en contra de la sociedad se refuerza, pero lejos de ubicar esta práctica únicamente en hechos del pasado que deberían estar saldados, la realidad es que, aún en democracia, existen personas que sufren de discriminación, daños y dolores por parte de funcionarios públicos.
Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura porque marca la entrada en vigencia, desde 1987, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se trata de un compromiso internacional que los Estados miembros de las Naciones Unidas asumieron para trabajar en pos de erradicar esta práctica y apoyar a todas las personas que han sido víctimas de tortura.
En la actualidad, la tortura parece que ya no existe, pero la realidad es que sigue presente y está oculta en aquellos lugares que la sociedad prefiere no mirar, lugares que ve demasiado lejanos y que cuando hay hechos que atentan contra la dignidad de ciertas personas miran hacia el costado.
Kevin Nielsen, miembro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, explica que “el gran problema es que no hay una conciencia de la vigencia que tiene la práctica de la tortura en la actualidad. Se piensa que son prácticas del pasado que se asocian con esquemas dictatoriales, pero la tortura sigue plenamente vigente en democracia”.
Lejos del ojo público existen espacios donde el Estado representa un poder absoluto sobre ciertos grupos. Las comisarías, cárceles, dispositivos de salud mental, residencias de adultos mayores e instituciones para niños, niñas y adolescentes representan espacios de encierro y privación de libertad donde ocurren hechos que difícilmente se conocen hacia afuera.
En relación a esto, Nielsen explica que “son lugares donde se ejerce un control absoluto y donde las personas se encuentran en una particular situación de dependencia, porque precisamente no pueden salir a denunciar, a visibilizar ningún tipo de vulneración de derechos”. Agrega “el comité es el único organismo creado justamente para visitar e inspeccionar estos lugares tan oscuros, lugares que no conoce nadie más que los que trabajan allí adentro, y los que están alojados allí”.
Tucumán es una de las provincias que cuenta con un mecanismo local de prevención de la tortura. Sin embargo, las condiciones relevadas por el Comité Nacional en sus últimas visitas revelan una situación crítica particularmente en comisarías y cárceles: hacinamiento, enfermedades y uso sistemático de la violencia en las detenciones.
Como respuesta a esa problemática se abrieron dos penales nuevos, uno en Benjamín Paz y otro en Delfín Gallo, que, lejos de responder a la problemática del hacinamiento, se han presentado como opciones de castigo para las personas privadas de su libertad al alejarlos de sus familias.
La falta de presupuesto, la ausencia de representantes de los tres poderes del Estado en los mecanismos provinciales y la escasa capacitación de agentes de custodia complica más la situación. Precisamente el año pasado, el representante de la Comisión de la Tortura en Tucumán, Fernando Korstanje, sufrió un hecho de violencia cuando se encontraba en una de sus actividades habituales de monitoreo.
Ante este hecho el miembro del Comité Nacional reconoce que suele haber problemas en el ingreso a estos espacios: “nosotros tenemos problemas de obstaculización en el ingreso que se asocia con una falta de conocimiento de la normativa y lógicamente el Comité Nacional siempre insiste en la necesidad de capacitar a todos los agentes de custodia respecto a las competencias de estos mecanismos”, explica. Agrega, además, que esta en particular fue una situación atípica: “lo inédito es que haya una agresión física y amenazas de parte de un agente policial a un comisionado en ejercicio de sus funciones”.
El problema no se termina en estos hechos concretos pues se remonta a algo mucho más estructural, muchos de los espacios mencionados siguen fuera del ojo público y carecen de un control institucional. “Antes de 2017 en Argentina no existía ningún mecanismo que ingresara a estos lugares. Hoy hay 16 mecanismos funcionando en el país, lo cual es un avance, pero aún hay lugares en los que no hay nadie que controle lo que sucede ahí dentro” cuenta Nielsen.
La tortura es un crimen, un atentado contra la dignidad humana. “Cuando el Estado tortura, corrompe sus propias instituciones y genera más inseguridad. En lugar de prevenir esto, muchas veces lo genera e inclusive lo potencia mediante estas prácticas, así que en definitiva prevenir la tortura también es garantizar seguridad pública.” señala Nielsen y agrega: “hay estudios que muestran que las personas torturadas, lejos de reinsertarse, pueden profundizar su exclusión y sus trayectorias delictivas”.
Si se tiene en cuenta todo esto, está claro que la tortura no desapareció, sino que está oculta. Se sostiene únicamente para grupos vulnerados por lo que es importante pensar qué rol debe cumplir el Estado para preservar la dignidad de todas las personas, porque donde no hay control, hay abuso, y para prevenir es necesario cuidar.
