Comienza el juicio por el intento de homicidio de Franco Almirón

Desde hoy, en Tribunales penales de la provincia se realizará el juicio por el intento de homicidio de Franco Almirón. El joven tenía 31 años cuando, a fines de agosto de 2024, recibió un disparo a quemarropa en la cara, con postas de goma. La descarga del arma le afectó la nariz y los ojos a Almirón, quien tuvo que ser trasladado en moto al hospital. Después de 22 días internado en estado crítico, Franco perdió un ojo y sufrió una disminución severa de visión en el otro. 

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir por las declaraciones de los testigos, el 29 de agosto del año pasado, tres agentes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) irrumpieron en avenida Martín Berho al 2000, encapuchados y sin identificarse. Fueron los vecinos quienes vieron que, tras el disparo, los policías se retiraron del lugar sin asistir a los heridos. Por el caso de intento de homicidio se encuentran imputados los efectivos policiales Javier Nicolás Medina Quintana y Héctor Luis Lobo (este último acusado por el delito de encubrimiento agravado). 

Este caso llega a juicio en un contexto de aumento de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza en los barrios populares de la provincia. Este accionar no hace más que reforzar el estigma y perseguir a los que menos tienen.  "En este barrio nací y me crie. Lo veo igual que siempre, no ha cambiado nada. Yo le diría al Gobierno de la Provincia que vengan al barrio a ver cómo está. Aquí hay personas honestas y trabajadoras y ellos lo mismo las detienen”, decía al respecto Myrian Guzmán, hermana de Franco.

Lo ocurrido con Franco forma parte de un patrón de violencia institucional en Tucumán. Este funcionamiento es sostenido por discursos oficiales que legitiman el uso letal de la fuerza. Tanto es así que, un día antes del ataque, el jefe de Policía, Joaquín Girvau había declarado: “Nacieron delincuentes, morirán delincuentes”. Días después ratificó: “El delincuente que se enfrenta a un policía debe terminar muerto”. 

“Últimamente, la policía anda muy agresiva. Ven chicos en el barrio y los detienen sin causa. Algunas veces se los llevan y los sueltan por la noche”, decía en aquel momento Miryam mientras esperaba que su hermano se recuperase. Lejos de cambiar la situación, a partir de este caso los operativos en los barrios populares se multiplicaron y la detención arbitraria de jóvenes se ha vuelto moneda corriente . Esta nota, publicada en noviembre del año pasado, da cuenta de cómo los barrios se convirtieron en foco de razias policiales sin ningún tipo de protocolo institucional.

Desde la organización Abogados y abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), quienes se presentan en este juicio como querella institucional, advierten que estos mensajes “habilitan prácticas de gatillo fácil y abuso policial” y exigen que la política de seguridad provincial se adecúe a estándares internacionales: uso progresivo y proporcional de la fuerza, mecanismos de control y sanción, y medidas efectivas para evitar la repetición de hechos similares.

En ese sentido, la directora ejecutiva de ANDHES, Florencia Vallino, sostiene que, “mientras la máxima autoridad policial sostenga que matar está bien, la policía no nos estará cuidando: estará poniéndonos en riesgo. El juicio por Franco Almirón es una oportunidad para que la justicia marque un límite claro a la violencia institucional en Tucumán”-