Juicio por Franco Almirón: “Quiero que se haga justicia porque me dejaron arruinado”
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Foto: Constanza Celeste Antonio | La Palta
“Quiero que se haga justicia porque me dejaron arruinado. Tengo que andar a los tropezones por lo que me han hecho”, dijo Franco Almirón en la sala de audiencias del Tribunal Penal, durante su declaración.
El pasado lunes se dio inicio al juicio por intento de homicidio de Almirón. En el banquillo de acusados se encuentran los efectivos policiales Nicolás Medina Quintana, imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, y Héctor Luis Lobo, acusado de encubrimiento agravado.
El 29 de agosto de 2024, Franco se encontraba junto a sus amigos en una gruta por la calle Martín Berho al 2000, cuando tres agentes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) irrumpieron en el lugar en dos motos. Una de ellas era conducida por Tomás Gabriel Aráoz, y la otra por Lobo, acompañado de Medina Quintana. Según el relato de testigos, este último bajó del vehículo y disparó con postas de goma a la cara de Almirón. “Sentí un impacto. Cuando me levanté, me toqué la cara y me brotaba mucha sangre. Me levanté, caminé a una casa y todavía veía con un ojo”, recordó Franco.
Foto: Constanza celeste Antonio | La Palta
Testigos coincidieron en que los policías iban encapuchados, vestidos de negro y que, tras el disparo, se retiraron del lugar sin brindar asistencia a la víctima. “Después de un disparo se informa. Si hubo víctimas hay que asistirlas, aun cuando el accionar sea legítimo. Llamar a asistencia médica es una obligación”, declaró Gustavo Palmieri, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El comisionado también agregó que un policía debe dejar registro de la detención y del uso del arma, como así también dar aviso a sus superiores y a los familiares sobre la situación. “A las 10 llama (Medina Quintana) para comentarme la situación. Yo les pregunté si el equipo estaba bien y si había algún herido y ellos me dicen que no, que estaba todo controlado”, aseguró el oficial Javier Gómez, encargado de documentar los procedimientos del GEAM.
En las audiencias, policías y peritos dejaron claro que no se debe disparar con postas de goma a menos de 15 o 20 metros de distancia. “A tres metros sería grave la situación para quien recibe el disparo”, sostuvo Esteban Critto, perito criminalístico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Además, coincidieron en que los disparos no deben realizarse hacia el piso, ya que podrían causar un daño mayor. Desde la parte defensora sostienen que el día del hecho, Medina Quintana realizó dos tiros: uno al suelo y otro al aire.
El disparo dejó a Franco sin un ojo y con disminución severa de visión en el otro. Estuvo 22 días en el hospital en estado crítico. Hoy, ya no puede realizar actividades que para él eran cotidianas y le cuesta identificar el rostro de las personas cuando sale a trabajar por lo que siempre lo hace acompañado. “Aparte de lo que me pasó, mi familia gastó mucha plata yendo y viniendo”, dijo Franco.
Un contexto de violencia policial
Foto: Constanza Celeste Antonio | La Palta
Este juicio se desarrolla en un contexto de recrudecimiento de la violencia policial. Desde hace meses, la Policía de Tucumán lleva a cabo allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en diferentes barrios populares de la provincia. Este accionar es avalado por el jefe de Policía Joaquín Girvau quien, en reiteradas oportunidades, sostuvo que “el delincuente que se enfrenta a un policía debe terminar muerto, porque así debe ser”.
Durante el juicio, policías de la Comisaría Décima en Villa 9 de Julio, declararon que, días antes del ataque a Franco, vecinos de la zona habían denunciado al GEAM. Las denuncias señalaban que policías vestidos de negro entraban a las casas sin ninguna autorización, donde agredían, insultaban y amenazaban a las personas del lugar. Ese accionar estaba encabezado por Medina Quintana, Lobo y Araoz.
“Vamos a demostrar que las fuerzas de seguridad actuaron en uso de prejuicios. La justicia para esta querella no solo es la responsabilidad penal de los agentes, es también la garantía de no repetición”, dijo Florencia Vallino, directora ejecutiva de Abogados y abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), organización que representa la querella institucional en este juicio.
Las audiencias continuarán hoy, lunes 25, desde las 8.30 en Tribunales Penales.
