INCAA, convergencia y movilización

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Acto en defensa del cine argentino - Espacio INCAA de Tucumán | Fotografía de Elena Nicolay

* Por Gustavo Caro

Para poner en claro de qué se trata la crisis generada en torno al INCAA, hay que empezar por los fundamentos de su existencia. Argentina cuenta con una Ley de Cine aprobada en democracia desde al año 1994, modificatoria a su vez de una ley caducada hacía mucho tiempo por su propia naturaleza: la Ley de fomento a la actividad cinematográfica nacional nº 17.741 sancionada en 1968 bajo el régimen de Onganía. Entre las modificaciones que venían a actualizar la legislación a la nueva realidad del sector, la ley de 1994 ­nº 24.377 cambia la denominación del viejo Instituto Nacional de Cine (INC) por el actual Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Por el carácter de su letra y la amplitud de sus objetivos, pensados con proyección histórica, la ley promulgada en 1994 es referencia mundial en su propósito de asentar el rol del Estado nacional frente a la producción cinematográfica y audiovisual en el país. Por eso es considerada como política de Estado, tal vez de las pocas que tenemos en Argentina.

En este marco legal, el INCAA funciona como un “ente autárquico” dependiente de la entonces Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación de Presidencia de la Nación, hoy convertida en Ministerio de Cultura, y de ahí la injerencia de su ministro Pablo Avelluto en este asunto. Tal autarquía se sustenta materialmente a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, incorporado en el art. 21 de la ley, que establece las fuentes de financiamiento del INCAA. Estas fuentes son el impuesto equivalente al 10% del precio básico de una entrada de cine, el impuesto del 10% del valor de un alquiler o compra de DVD o video con contenido audiovisual y un canon del 25% que los canales televisivos de aire y operadores de cable deben pagar al Estado por el uso y la explotación comercial de contenidos audiovisuales. Es decir, ante el rumor instalado maliciosamente acerca de que el cine argentino se financia con un impuesto que paga toda la ciudadanía, la ley lo pone claro: no es así, aportamos al fondo de fomento solo quienes que consumimos cine en salas o mediante alquiler de películas en video o DVD. Respecto de la otra fuente de aporte al fondo de fomento, solo afecta al sector empresarial de las televisoras –y las telefónicas, a partir de su ingreso en el mercado audiovisual– y operadores de cable. Sintetizando, ninguna argentina o argentino que no vaya al cine ni alquile películas en DVD ni sea accionista de un medio televisivo aporta al fondo de fomento cinematográfico del INCAA.

Mirando hacia delante, volvamos al canon de las televisoras y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522 promulgada en el año 2009. En su artículo 97, esta ley establece que el 25% de la recaudación a cargo de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), creada por la ley, se destina automáticamente al INCAA. ¿Por qué poner el foco en esto? Porque para el presente año legislativo el oficialismo tiene previsto impulsar el proyecto de la Ley de Convergencia Digital, modificatoria de la ley del 2009, apenas siete años después de su entrada en vigencia y que venía a reemplazar, tras veintiséis años de democracia, a la Ley de Radiodifusión nº 22.285, dictada en 1980 por la dictadura militar. Todo esto en sintonía con el decreto que Mauricio Macri firmó en diciembre de 2015 para disolver a la AFSCA y reemplazarlo por el actual Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Ante la premura del gobierno por intervenir en el campo comunicacional –el decreto mencionado fue uno de los primeros firmados por el presidente– y ante el escenario burdamente creado en torno al INCAA, la preocupación del sector cinematográfico y audiovisual se dirige a leer estas acciones como una avanzada del gobierno para volver a cubrir de legalidad a la concentración monopólica de sus socios económicos a través de las modificaciones que prevé. La preocupación también se apoya en las medidas de concentración que el gobierno ya tomó a favor de los sectores más poderosos en otros ámbitos. El texto del proyecto de ley macrista aún no conoce la luz pública porque la comisión encargada de su redacción postergó la presentación en dos ocasiones tras más de un año de trabajo, algo que viene reclamando la comisión de cultura del senado. Por otra parte, la reducción o desaparición del canon no sólo perjudicará al cine sino también al Instituto Nacional de Teatro y al Instituto Nacional de la Música, beneficiarios de su cobro.

El escenario creado a través de la denuncia mediática contra el ex presidente del INCAA, Alejandro Cacceta, y el ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito, no rindió en su propósito ya que el sector cinematográfico se movilizó rápida y masivamente alertando sobre las motivaciones de fondo de esta operación sin darle más lugar de lo que realmente representaba. Cacceta, ex ejecutivo de Patagonik, recibió el respaldo de la industria. En tanto, Rovito recibió el respaldo de toda la comunidad educativa y de todo el sector audiovisual en una emotiva despedida. La denuncia acusaba a Cacceta de irregularidades en su gestión, pero las razones esgrimidas luego por Pablo Avelluto se referían a su falta de decisión para limpiar al INCAA de funcionarios heredados de la gestión kirchnerista. Macartismo aparte, en el transcurrir de los días salió otra razón posible. Según la página Cine Argentino, en una reunión con Silvina Giudici, directora del ENACOM, Cacceta se había mostrado a favor de ampliar el cobro del canon en el marco de la Ley de Convergencia. A esta información se suma lo apuntado por Luis Puenzo en el programa online 50 minutos, conducido por María O’Donell, donde afirma que Giudici no había cumplido con el compromiso de convocar a las entidades del sector cinematográfico a las reuniones que el ENACOM viene teniendo con distintos sectores en torno a la Ley de Convergencia. En cambio, dijo Puenzo, sí convocó a la Motion Picture Association of America (MPAA), la asociación de la industria norteamericana de cine. El ministro Avelluto, presente en el estudio, no pudo desmentirlo. Cualquier preocupación está fundamentada.

Como hecho inédito, las movilizaciones iniciadas en Buenos Aires en defensa del cine nacional tuvieron eco en diferentes provincias. En Tucumán, la asamblea realizada el pasado lunes 10 de abril en la escuela de cine convocó a más de un centenar de estudiantes, realizadores, productores y docentes, demostrando un fuerte compromiso del sector local y poniendo en evidencia la gravedad de la situación. Frente a este panorama, el gobierno nacional salió a desmentir un probable plan de desfinanciamiento del INCAA, pero no pudo evitar que las miradas se dirijan al proyecto de Ley de Convergencia Digital, una herramienta capital para sus intereses. El sector cinematográfico lo sabe, por eso sus cámaras están alertas con sus focos puestos en ella. 

* Documentalista. Egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Se desempeña actualmente como docente en la Escuela Universitaria de Cine de la UNT. También forma parte de la asociación DOCA (Documentalistas Argentinos) y es presidente de Tucumán Audiovisual - Asociación de Trabajadores Audiovisuales de Tucumán.