El conflicto en palabras de los afectados

Cacique Lila Delgado

La comunidad de Indio Colalao de Base Riarte continúa en alerta al padecer intentos de represión  por parte de la policía tranqueña, tal como se había adelantado en notas anteriores. El jueves 5 de julio la Cacique Lilia Delgado brindó una conferencia de prensa para aclarar y denunciar los hechos ocurridos el miércoles 6 de julio en el marco de una medida judicial de desalojo y allanamiento emanado por la X nominación y ejecutado por la III nominación a cargo de la ayudante fiscal Patricia Carugati de la fiscalía X, en el cual se aduce a Fredy Moreno Nuñez Vela la propiedad de la finca en territorio de Indio Colalao.

Lilia dejó en claro que la represión se llevó a cabo a pesar de que los hermanos de la comunidad de Base Riarte accedían de manera pacífica a la medida de desalojo provisorio. Represión que llevó a la comunidad a una situación de desolación entre balas de goma, atrincheramientos y desalojos violentos que llevaron a varios comuneros a verse obligados a pasar la noche en el monte.

También la cacique contó que no se cumplió el acuerdo de seguridad que se dispuso a Base Riarte, con la intención de resguardo e integración para ambas partes, puesto que hubo personal de la policía hasta altas horas de la madrugada haciendo el recorrido en camioneta y los dos policías que solicitó el sector comunal, para garantía de su libre pasar, resultaron ser custodios privados de Fredy Moreno Nuñez Vela en el centro cultural de la comunidad a tres kilómetros del portón principal. Por lo cual los comuneros de Base Riarte quedaron solos toda la noche, sin permiso para sacar las pertenencias y rogando por la comida.

Además, la representante comunal de Base Riarte se defendió de las acusaciones de robo y declaró que fueron los terratenientes Fredy Moreno y Jorge Posse los que le robaron a ellos. En relación a esto contó: “nos asesinaban nuestros animales. Ataban nuestros yeguarizos en el cerro en un árbol y lo dejaban secar. Los animales se morían ahí. A balazo mataban nuestro vacuno” a lo que agregó “hace como cuatro semanas hizo una requisa casa por casa pidiendo el archivo de cada comunero para apoderarse de todos los animales vacunos que existen y que son de mi comunidad”.

En la conferencia con los medios, Lilia Delgado aprovechó para denunciar la complicidad de la comisaría de El Jardín de la provincia de Salta diciendo “no sé en el marco de qué actúa Salta. No entiendo. Porque es constante la presión que ellos ejercen. Mañana, tarde y noche llegan hasta el río y hacen sonar la sirena. Esto es una complicidad tremenda con lo que está pasando en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán”.

Otro caso que también fue repudiado por la cacique en la conferencia fue el de Benito Toledo, comunero desalojado sin orden judicial pero con la actuación de jueces. En palabras de Lilia “El juez de paz de Trancas, en complicidad con el juez de El Jardín de la provincia de Salta, con una medida sacaron al delegado de base nuestro, Don Benito Toledo. Hasta el día de hoy el está fuera de su casa, a pesar de que él nació y creció dentro del predio en cuestión. A punta de armas le sacaron sus cosas, le llevaron y le pusieron en guardia en un juzgado que no corresponde”, hecho que  culmina con la causa “Benito Toledo: Tentativa de Homicidio, lesiones, robos y amenazas”, mientras el imputado se encuentra operado en la provincia de Salta, y todavía no ha regresado. La cacique agregó “se hicieron expedientes internos pidiendo a todos los organismos que traten de darle solución a Don Benito. No es cuestión para nosotros como hermanos. Un hermano nuestro que duerma a la intemperie, sin casa y sin cobija para nosotros no es tranquilidad”.

Ante las medidas que se piensan llevar a cabo, Lilia Delgado comentó que seguirán resistiendo en el portón junto al río hasta que la situación se solucione y aclaró  “primero una solución a la apertura definitiva del camino vecinal, no que esté cerrado y que esté gente sicaria pagada por el señor Fredy pidiendo documentos a los míos para entrar a sus hogares, y segundo que la escuela N°31 se abra urgente, porque la escuela fue cerrada en el año 2001 diciendo que no tenemos alumnos y nosotros tenemos alumnos de sobra”.

De una manera u otra, los incidentes en Base Riarte representan un fuerte retroceso en materia de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que vino trabajando en conjunto con Presidencia de la Nación en la revalorización, reconocimiento e integración de las comunidades indígenas en el territorio nacional. Un hecho que hace sonar la alarma que marca la hora de actuar. No con discursos, sino con hechos.

Javier Sadir

jsadir@colectivolapalta.com.ar