Una lucha para proteger el territorio y la cultura de sus ancestros

 Fotografía de Javier Sadir | Colectivo La Palta

Fotografía de Javier Sadir | Colectivo La Palta

La lucha de los pueblos originarios continúa, y no solo contra los terratenientes que intentan apoderarse de su territorio, sino contra un Estado que actúa contradictoriamente. Hace unos años y gracias a la ley Nacional 26.160, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- realizó un censo en la provincia para reconocer y proteger las tierras de las comunidades originarias, patrimonio que ancestralmente les pertenece. La iniciativa determinó que el pueblo indio Solco – Yampa, perteneciente al pueblo diaguita, es poseedora de territorio donde está la “Ciudacita”. A pesar de esto y sin tener en cuenta a la comunidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró este espacio Patrimonio Cultural de la Humanidad, incluido en el “Camino Inca”.

La Ciudacita es una reliquia que conserva la cultura de civilizaciones anteriores. Su reconocimiento por la UNESCO, pretende preservar el lugar y permitir que la gente conozca parte del tesoro arqueológico que allí existe. Sin embargo, la comunidad sería la principal afectada, según contó el cacique Rolando Fregenal. “El temor que témenos es el tema de la contaminación. Yo creo que un parque nacional es para conservarlo como está y no para que se abra el turismo como pasó en Humahuaca. Esta es una forma que usan para engañar a la gente de comunidad, diciendo que es un patrimonio de la humanidad, pero son cosas nuestras. Cosas que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros”, afirmó.

La situación resulta complicada. A partir de ahora, el Estado tendría una mayor participación sobre el territorio. Al convertirse en patrimonio cultural, el gobierno comenzaría a gestionar distintos proyectos turísticos y se teme que no se tenga en cuenta a la comunidad, como pasó en las mesas de diálogos previas a la declaración de la Unesco. Si bien la medida ya no tiene vuelta atrás, Maria Belén Leguizamón, miembro de Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales – explicó que, “como es algo que ya ha sucedido, más allá de cómo fue el procedimiento, que no se respetó el derecho de consulta y participación de los pueblos originarios, lo ideal sería es que se tenga en cuenta el derecho de los pueblos y trabajar junto al Estado”.

Por su parte Rolando dijo que “de las pocos reuniones que hemos participado, nunca estuvimos de acuerdo. Esta es una forma de quitarte autoridad sobre tu propia tierra, donde no tenés ninguna decisión. Nosotros estamos en la lucha para no ser la mano de obra barata de ellos. Ellos nunca nos han dado la participación para que los beneficios sean para la comunidad y no hacia los grandes inversionistas”.

Qué se hará en el lugar todavía no está establecido. Sin embargo, distintas autoridades provinciales, como el titular del Ente de Turismo, habla de una posible revalorización de “La Ciudacita”. Según explicó María Belén, a partir de ahora se buscará que se respete el derecho de participación de la comunidad, a la hora de establecer todo tipo de proyectos. “La comunidad no se va a quedar en el reclamo sino comenzará a hacer las gestiones requeridas para que se cumpla ese derecho. Es así diariamente, las comunidades tienen que estar constantemente accionando cosas para que las puertas se les abra, porque están ampradas constitucionalmente”, agregó.

Con el respaldo de la ley 26.160, la comunidad Solco – Yampa seguirá en la lucha para que sus derechos sean respetados. Para que su voz sea escuchada. Para que la historia de sus ancestros sea preservada y no destruida por intereses económicos.

Exequiel Reinoso
ereinoso@colectivolapalta.com.ar