Seis años sin don Javier, seis años sin Justicia
/Fotografía de Bruno Cerimele
La violencia institucional, aquella ejercida por los organismos del Estado, se manifiesta cada vez que sectores vulnerables son víctimas de un sistema que pondera intereses económicos y políticos en detrimento de derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales. El 12 de octubre de 2009, después del asesinato de un hermano, la comunidad indígena Chuschagasta comenzó el peregrinar por un sistema de justicia guiado por una constante denegación de derechos.
Don Javier Chocobar era un comunero que, como el resto de sus compañeros y compañeras, luchó por el derecho ancestral que tenía sobre la tierra que habitaba. Esta tierra, como todas las que hoy defienden comunidades indígenas a lo largo de esta Latinoamérica, significan una fuente de recursos naturales para los privados interesados en explotarla. Una cantera de lajas, en este caso particular, resultó ser razón suficiente para asesinar a Chocobar y dejar gravemente heridos a otros comuneros que se resistieron a abandonar sus tierras. Los imputados por el caso son Darío Amín, Luis “el niño” Gómez y Juan Valdivieso.
Con la investigación agotada y las pruebas suficientes para que se lleve a cabo el juicio oral, aún no hay fecha y la impunidad sigue ocupando el centro de la escena. Las dilaciones en el proceso se deben a recursos presentados por la defensa a los que la Justicia da lugar, según contó Belén Leguizamón, abogada de ANDHES (Abogados y abogadas en Derechos Humanos y estudios sociales). “La investigación ya está agotada y ya está con la apertura a juicio, eso significa que todo lo demás se tiene que ventilar en el juicio oral”, aseguró.
La falta de respuestas a este caso tiene que ver, según explicó Leguizamón, con el poco encuadramiento respecto a la situación general de las comunidades indígenas argentinas. El asesinato de Javier Chocobar no es aislado y se dio en el marco de la no aplicación de las leyes que reconocen derechos de pueblos originarios. En este punto cabe recordar que el asesinato se produjo cuando comenzaron a realizarse los relevamientos territoriales que establece la ley 26.160. En ese momento varios terceros interesados en los territorios de las comunidades iniciaron procesos judiciales con el objetivo quedarse con esos territorios. “El Poder Judicial, en ese tiempo, dio lugar a esos procesos, ordenó desalojos, retiró algunas medidas de seguridad, tal como fue el caso de la comunidad de Chuschagasta. O sea que estamos hablando de una desprotección total”, contó Belén. Esta situación puso en evidencia, y lo sigue haciendo, que no se están aplicando las leyes que protegen y reivindican los derechos de los pueblos. “La responsabilidad no es solo del Poder Judicial, sino del poder del Estado en general”, dijo la abogada. En este sentido, el especialista chileno en derechos indígenas, José Aylwin, sostuvo la necesidad de llegar a instancias internacionales en caso de no obtener respuestas de la justicia argentina en el corto plazo.
Fotografía de Bruna Cerimele
El caso de Chocobar es, sin duda, el que más fronteras ha trascendido. Esto es así porque se trata de un homicidio en el contexto de la lucha por la tierra donde el homicida está identificado por un video que los mismos imputados grabaron y los comuneros recuperaron luego. Pero, tal como se dijo, no es un caso aislado. En todo el territorio nacional las poblaciones indígenas han pasado o pasan por situaciones de vulneración de derechos. Esto, según Aylwin, tiene que ver con una serie de factores comunes a toda la región latinoamericana. “Muchas veces la adjudicatura representa y está integrada por sectores de poder. Está relacionada con sectores de poder económico, político, y no tiene la independencia necesaria como para impartir justicia en casos como éste. En ocasiones hay injerencias desde el Estado, desde los gobiernos que tienen intereses y que impiden que se haga justicia frente a este tipo de situaciones”, explicó.
Si bien la Argentina, en lo formal, tiene una Constitución que ha tenido una recepción importante de los derechos humanos y los tratados internacionales, existen muchas realidades en que la vulneración de esos derechos es una fija. La realidad de los pueblos indígenas es una de ellas, y para el abogado Aylwin puede tener que ver con la situación demográfica y geográfica de los pueblos originarios. Por un lado, en Argentina, los pueblos indígenas son minoría. Esta es una de las principales diferencias con otros países de América Latina como Bolivia, Ecuador o Colombia, donde las comunidades tienen un rol protagónico y espacios para la autonomía y la participación política porque representan a un porcentaje alto de la población total. Por otro lado, existen grandes distancias geográficas de las comunidades respecto a los centros de poder político. “No caben dudas que en este país los pueblos indígenas no pueden ejercer aquellos derechos que les ha sido reconocidos (…) y se producen estos hechos de denegación de justicia como sucede con el caso Chocobar”, concluyó Aylwin.
Las aristas del caso de Chocobar son muchas. Los análisis abundan. La realidad está trazada por una verdad demoledora: un hermano ha sido asesinado. “Nos han robado una vida preciosa”, dijo Cristina, una comunera que conoció a don Javier desde que tiene recuerdo. Seis años han pasado desde que se lucha para que Javier Chocobar no se convierta en un expediente y sea el puntapié para develar las connivencias entre poderes que no dan lugar a que se haga justicia.