Mucho ruido y pocas nueces
/Fotografía: AIM
El surgimiento del comercio, la acumulación de capital y la propiedad de la tierra y los medios de producción, son fenómenos que se consolidaron con el paso de los siglos. El sistema capitalista, ese mismo en el que están insertas las sociedades actuales, tiene como columna vertebral la propiedad privada. Su defensa está por encima de cualquier otro derecho, siempre. Basta pensar en cómo el Estado, a través de sus órganos, defiende a capa y espada el carácter privado de un terreno cuando un grupo de familias intenta asentarse en busca de un lugar donde vivir. Ni el derecho a la vivienda o a la salud están por encima de la defensa de la propiedad. El Estado, con su brazo represivo, manda a desalojar a ese grupo de personas. Así cumple con su función de proteger ese derecho que se ha erigido como supremo: la propiedad privada.
Las legislaciones occidentales se han construido en base a ese derecho supremo que se mencionaba antes, y por lo tanto, los órganos del Estado actúan en consecuencia. En el caso de la legislación argentina, este hecho entra en contradicción con los derechos reconocidos a los pueblos originarios a partir de la reforma constitucional de 1994. La Reforma reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, lo que dio lugar a un conjunto de leyes que vinieron a reivindicar derechos vulnerados durante siglos. Entre estas leyes se encuentra la 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Esta ley estipula que se realicen relevamientos de los territorios que ancestralmente ocupan las comunidades. En la teoría, los datos obtenidos permiten generar la información necesaria para fundamentar el reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad de los territorios comunitarios de los pueblos indígenas. Este proceso que se inició hace ya algunos años, en Tucumán prácticamente ha finalizado. Cada comunidad ha obtenido (o está pronto a hacerlo) la carpeta técnica de relevamiento jurídico catastral.
En los papeles todo indica que los derechos de pueblos originarios, en especial su derecho a la posesión comunitaria del territorio, están consagrados, pero la realidad es otra. A lo largo del país comunidades indígenas sufren lo que algunos denominan “la segunda colonización”. Manos privadas, con la complicidad de la policía y la connivencia del Poder Judicial, quieren apoderarse de las tierras que son de propiedad comunitaria. Tucumán no es la excepción. Margarita Mamaní, cacique de la comunidad de El Mollar, y Joaquin Cruz Pérez, cacique de la comunidad El Nogalito, así lo denuncian. “Ni siquiera tienen título de propiedad. Han comprado la tierra por dos pesos, como comprar un caramelo. Al comprar y hacer los papeles creen que son dueños. Dentro de ese territorio está la comunidad, familias completas que vivieron toda la vida en armonía, en paz, respetándonos unos a otros”, cuenta Joaquín sobre la situación de su comunidad y en su relato se devela el hartazgo por la situación y la falta de confianza en la Justicia. Una Justicia que no ha atendido sus reclamos ni respetado sus derechos durante años.
En el caso específico de la comunidad El Nogalito, y dado los hechos de violencia y desalojos que vivieron durante los años 2012 y 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó una medida cautelar. La misma exige al Estado argentino que tome medidas urgentes para proteger la vida e integridad de las familias de la comunidad. Además, con esta medida, se abría una instancia de diálogo entre la comunidad y la provincia de Tucumán para resolver los conflictos. Pero desde el 2012, año en que se interpuso la medida, hasta la fecha, El Nogalito sigue sufriendo intentos de apropiación de sus tierras por parte de privados. “Actualmente estamos peleando, legalmente, con un sacerdote de la Congregación Salesiana, Enrique Mansilla. Es un invansor que pretende apropiarse ilícitamente de 250 hectáreas de tierras, cosa que la comunidad no permite. Allí tenemos nuestro espacio de trabajo para la ganadería”, explica Joaquín.
La comunidad El Mollar también continúa denunciando atropellos por parte de privados interesados en los terrenos del pueblo indígena. Margarita comenta que a pesar de tener realizado el relevamiento y entregada la carpeta con la información técnica y catastral, personas ajenas a la comunidad intentan vender territorios que son de propiedad comunitaria. Después de tantos años de caminar los pasillos de Tribunales no logran obtener respuesta por parte de la Justicia.
Estas situaciones se repiten en casi todas las comunidades indígenas de Tucumán. Las leyes representan un gran avance en materia de reivindicación de derechos, pero en la realidad esto no se cumple. Mucho ruido y pocas nueces es un dicho propicio para la situación. Los pueblos indígenas siguen resistiendo, pero la impotencia y el cansancio es evidente en cada uno de sus relatos. Los poderes, privados y públicos, juegan y especulan con ese desgaste.