La comunidad Indio Colalao sufrió el desalojo de 21 familias
/Fotografía: ENOTPO
Hostigamiento, impunidad, complicidad política y violación de derechos. Palabras que hoy, lamentablemente, están sujetas a las situaciones que viven varias de las comunidades originarias de la Argentina, como Cueva del Inca en Jujuy o los Quilmes en Tucumán. A estas palabras se suma otra recurrente y que resume lo que le pasó a la comunidad Indio Colalao: Desalojo.
En los últimos días, la comunidad indígena sufrió el violento desalojo de 21 familias por parte de la fuerza policial de la provincia. Uno de los comuneros contó que a las 6 de la mañana llegaron más de 100 policías en micros, motos y camionetas, que pertenecían a la Regional Norte y del Grupo Cero de Tucumán. Mediante un fuerte operativo, que incluyó amenazas y enfrentamientos, las familias fueron sacadas de sus viviendas, quedando en riesgo sus vidas, pertenencias y el hogar que ocuparon desde siempre.
La orden de expulsión fue emitida por la fiscalía de 2º nominación, a cargo del juez Francisco Pisa y la fiscal Adriana Giannoni. Según denunciaron desde la comunidad, el operativo se efectuó con el simple objetivo de favorecer a una terrateniente, que se llamaría Ana Mascoff. Esta persona, una vez efectuado el desalojo, habría montado una oficina móvil dentro de la comisaría con la pretensión de que los comuneros expulsados de sus viviendas les firmaran un contrato de arriendo para poder vivir un año más en el territorio.
Mediante un comunicado, los Indio Colalao manifestaron que esta no es una situación reciente. “Desde tiempos inmemorables nuestra familias habitan con orgullo el territorio de uso comunitario de Base Riarte, perteneciente a la Comunidad Indio Colalao, y que desde principio de la década del 90 sufre el hostigamiento, amenazas, matanza-robo de ganado, contaminación, desalojos violentos por sicarios y policías contratados por empresarios usurpadores de nuestro territorio, todo esto está denunciado y documentado en el ámbito policial y demás esferas institucionales”, sostuvieron.
Si bien en este hecho aparece el nombre de una nueva terrateniente, la comunidad denuncia desde 1996 el consecuente hostigamiento y persecución de los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse. Estas dos personas ya intentaron desalojar de diferentes formas a los miembros de la comunidad, utilizando estrategias como cerrar el único camino de acceso o presentar una denuncia penal contra 25 integrantes del pueblo indígena.
Para terminar con el avasallamiento de sus derechos, los Indio Colalao están en asamblea permanente y realizaron una marcha por la calles de San Pedro de Colalao. Allí exigieron justicia y la intervención de los organismos nacionales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Social, para que garanticen su seguridad jurídica y territorial.