Sin respuestas y con miedo a ser desalojados

 Fotografía de Exequiel Reinoso

Fotografía de Exequiel Reinoso

“Nos siguen pateando”. Así resumió Alejandra Puertas la situación que viven, desde marzo, los vecinos del Barrio Julio Abraham, de Alderetes. A casi tres años de instalarse en los predios que pertenecerían al Ingenio Concepción, el Poder Ejecutivo provincial sigue sin darles respuestas concretas. La semana pasada, cansados y desbordados por la inacción de las autoridades, marcharon alrededor de plaza Independencia. Allí exigieron que, de una vez por todas, se promulgue la ley de expropiación que fue aprobada en diciembre pasado en la legislatura tucumana.

Al terminar la manifestación, la comisión que representa a las mil familias del barrio fue recibida, como en reiteradas oportunidades, por el fiscal Jorge Posse, pero la respuesta fue que deberían volver esta semana. “Nos dijo que ya van a ver qué hacen. Siempre nos dice lo mismo, desde el día cero, allá en febrero cuando comenzamos a buscar el número de la ley. Por la feria judicial, en enero y febrero no pudimos hacer nada. Desde marzo nos llamaba los miércoles a las 11 pero cuando íbamos nos decían que no tenían respuestas o no querían recibirnos. Fuimos cuatro semanas seguidas, siempre se excusaba. Y es por eso que la gente decidió marchar y exigir. Estamos cansados de ir y venir. Queremos respuestas”, sentenció Alejandra.

La preocupación fundamental de los vecinos radica en el juicio que podría hacer paso a un desalojo de las familias. Para que este termine, ellos necesitan presentar la promulgación de la ley de expropiación, proyecto que presentaron en la legislatura. Según estaba previsto, el juicio tendría que reanudarse la semana pasada pero fue pospuesto hasta que el gobierno provincial se manifieste respecto a la legislación.”Los vecinos están bastante tensionados porque podría haber un desalojo y seguimos en nuestra pelea para saber si la ley está o no. Los vecinos estamos muy enojados porque vivimos en una incertidumbre”, agregó Puertas.

La situación legal que vive el barrio opaca el trabajo en conjunto que se sostiene y promueve desde el primer día que se ocupó el terreno, el 29 de julio de 2012. Gracias a la organización, los vecinos no solo delimitaron sus terrenos, las calles y los espacios verdes, sino también lograron tener el servicio de agua potable y electricidad, mediante medidores comunitarios. Según contó Alejandra, este mes se pagarán las primeras facturas.

Los vecinos del barrio Abraham esperan que el Estado provincial atienda su pedido para que se sientan protegidos. Porque para ellos esos terrenos ya son suyos. Allí construyeron sus casas, se crían sus hijos y formaron el hogar que tanto anhelaban. “Estamos organizados y hemos conseguidos grandes avances. Y si tenemos esta ley, el barrio ya será nuestro por completo. Los vecinos estamos decididos a que, si nos siguen pateando, el lunes haremos un corte masivo del puente. Queremos respuestas concretas”, finalizó Alejandra.