Omisiones
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Archivo Colectivo La Palta
La Asamblea Universitaria (AU) que empezó a sesionar el 30 de octubre de 2014 con el objetivo de reformar la carta orgánica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) comenzó, después de un dilatado proceso de discusión, a tomar algunas decisiones. El miércoles pasado el plenario de asambleístas votó el preámbulo que indicará los principios y valores de la UNT para la nueva etapa institucional que deberá inaugurar este Estatuto.
El documento aprobado generó fuertes discusiones tanto en el seno de la AU como fuera de este. Los principales elementos en disputa fueron la excepción del carácter irrestricto en el ingreso que, según algunos integrantes de la comunidad educativa local, debería tener la UNT, y una frase que la comisión de redacción del preámbulo había incorporado pero la asamblea decidió mantener en suspenso por la posibilidad de la interpretación de la gratuidad de la totalidad de la enseñanza brindada por la UNT, componente que entraría en colisión con los posgrados pagos.
El primer elemento aborda el problema de un Estatuto (el vigente) que arrastra un prefacio formulado hace décadas y que no fue modificado por ninguna de las reformas que se dieron en el ámbito académico en los últimos 50 años (1960; 1968; 1982; 1986 y 1995). El preámbulo original establece en términos generales las finalidades de la universidad en relación a la transmisión e incremento del conocimiento, el aporte a la solución de los “problemas nacionales y regionales” y traza convenciones morales acerca del lugar del profesional en la sociedad. Finalmente apela al derecho de la universidad a ejercer autonomía institucional y autarquía financiera. Noventa y cinco palabras sirvieron durante más de medio siglo para definir los fines y objetivos de la institución educativa más importante de la provincia y del noroeste argentino.
La propuesta aprobada durante la última sesión incorpora elementos que actualizan, en términos ideales, las finalidades y objetivos de la UNT. La doctora Margarita Hidalgo, Decana de la Facultad de Ciencias Naturales, fue la encargada de presidir la comisión que se encargó de la redacción del nuevo texto y explicó los objetivos que se trazaron los asambleístas: “Buscamos elaborar un documento que debía definir los valores esenciales a través de los cuales, el texto que lo va a suceder, pueda ser interpretado ante cualquier duda que pueda surgir. Además es una declaración de principios que se organiza alrededor de tres elementos: a) Orígenes de la UNT y contexto histórico (100 años de la Universidad); b) Objetivos: formar profesionales, ciudadanos con pensamiento crítico que les permita entender que se deben a una sociedad que soporta el peso de esta institución pública que les permitió estudiar; y c) Valores institucionales: universidad pública y gratuita y que trabaja en el marco de confraternidad y el disenso pero con respeto”, informó la responsable de la comisión de Preámbulo.
De hecho, el nuevo texto propone tomar como referencia para la generación del conocimiento a la comunidad que rodea a la universidad, los derechos humanos, el respeto por el ambiente y el desarrollo sostenible, así como supone a la educación superior como un bien público y un derecho humano fundamental. Incluso incorpora el carácter gratuito de la educación que brinda esta institución al menos en los ámbitos de pregrado y grado.
Respecto a la cuestión del carácter irrestricto de la UNT la doctora Hidalgo informó acerca de los debates que se dieron tanto en la comisión redactora del preámbulo como en la sesión plenaria de la AU: “Como lo informó el vicerrector nuestro Estatuto debía tener en cuenta el artículo 50 de la Ley de Educación Superior (LES) que concede a las unidades académicas de más de 50.000 estudiantes la facultad de definir un régimen de admisión. Este es nuestro marco regulatorio, sea buena o mala, es la ley a la que debemos respetar. Bajo ese condicionamiento hubo facultades que tienen un ingreso muy numeroso y que pusieron en discusión la capacidad para poder atender a una cantidad de alumnos que supera a su capacidad tanto de docentes como de infraestructura y plantearon que no se puede coartar la potestad de decidir las condiciones de ingreso en esas unidades académicas, al menos en el preámbulo que tiene un carácter general; después en el articulado se tratarán las cuestiones más específicas, por ejemplo en lo la comisión llamada ‘De Los Estudiantes’. Hay que tener en cuenta que cuando se establecen condiciones para el ingreso no se está coartando la libertad de acceder, sino que se establecen condiciones mínimas basadas en su realidad estructural y desde el punto de vista de los condicionantes que no se relacionan con la discriminación ni la exclusión. Estamos convencidos de que nuestra universidad tiene que ser totalmente inclusiva pero hay condiciones mínimas y elementales que deben ser atendidas desde la autonomía de cada unidad académica”.
Si bien desde algunas facultades se argumenta que esta omisión se debe al marco regulatorio que establece la LES, el concepto aparece en muchos de los estatutos de las universidades nacionales de gestión pública que fueron aprobados con la ley de educación menemista vigente. Aunque suele estar ausente en los preámbulos o declaraciones de principios, el carácter irrestricto del ingreso y permanencia aparece en el articulado de los estatutos de las universidades de La Plata, de 2008 (“Artículo 20º: El ingreso a la Universidad Nacional de La Plata es de carácter libre e irrestricto…”); Río Cuarto, de 2011 ("Artículo 78º: La Universidad Nacional de Río Cuarto garantiza el ingreso y cursado de estudios de grado y pregrado irrestricto, libre y gratuito a todas sus carreras") o la de Salta de 1996 ("Artículo 42°: -(…)Dispone, así mismo, el régimen de ingreso, el que debe garantizar la no existencia de restricción alguna y en ningún caso será eliminatorio, dejando la modalidad de organización académica a cargo de las Facultades, pudiendo tener carácter de obligatorio).
La reticencia a incorporar el carácter irrestricto en el prefacio del Estatuto (elemento que fue propuesto durante la sesión plenaria anterior y que no está contemplado en el preámbulo original) generó protestas en algunos sectores. Desde esta perspectiva, Facundo Arias, Consejero Superior por el estamento estudiantil, expresó que existe un retroceso en términos simbólicos que debe ser revisado: “La universidad argentina se caracterizó a partir de la reforma de 1918 por ser una de las más avanzadas de Latinoamérica. Se consagró la gratuidad de la enseñanza, el rol del Estado como garante del derecho social de acceder a los estudios superiores y se avanzó en la desarticulación de castas docentes a través de los concursos públicos. De la misma manera la universidad le brindó el carácter irrestricto al ingreso y la permanencia de los estudiantes. Ni siquiera las dictaduras pudieron avanzar contra estos pilares fundamentales de nuestra educación superior”. Para Arias la decisión de la AU afecta a la universidad en dos sentidos: “Por un lado está lo simbólico; estas banderas identitarias conforman un capital inmenso sobre el cual se han formado generaciones enteras, representan años de lucha contra los modelos neoliberales y reaccionarios que veían en la educación superior un negocio de alta rentabilidad que no podía ser porque primaban principios de fraternidad y solidaridad. Arriar esas banderas implica resignarse y dar lugar a esas otras ideas. Por otro lado se pone de manifiesto un debate que se mantenía oculto, el de los exámenes de ingreso y los aranceles; un debate fundado en cuestiones materiales, los aranceles existen en la universidad a pesar de que el estatuto vigente (de 1995), en su artículo 91, asegura la gratuidad de la enseñanza superior y asegura que ningún estudiante está obligado a pagar ningún tipo de contribución, un debate que venimos dando los estudiantes y en que no somos escuchados, de la misma manera los exámenes de ingreso sostenidos bajo el argumento de una supuesta excelencia educativa, un criterio ampliamente rebatido por la realidad de facultades de otras universidades que contienen a poblaciones de estudiantes que alcanzan al 60% de la población de toda nuestra universidad; por ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires que tiene más de 42.000 estudiantes, sin perder por ello su prestigio”.
El segundo debate, que quedó en ciernes, es el que se refiere a la gratuidad de todos los niveles de la educación superior. Sucede que el nuevo preámbulo sostiene: “Como institución educativa, que abarca todos los niveles de formación, pública y gratuita, democrática, pluralista y laica… ” lo que, según argumentaron algunos asambleístas, podría interpretarse el sentido gratuito de los posgrados que hoy en día son pagos y significan una importante forma de financiamiento para las unidades académicas. Este elemento, sin embargo, será abordado durante las sesiones plenarias subsiguientes cuando se trate la cuestión de la formación docente.
En este sentido, a pesar del sobresalto que generó en sectores de la dirigencia académica y teniendo en cuenta la proximidad del debate, cabe presentar el artículo 21 del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata como un posible ejemplo a seguir por la UNT para hacer de la educación superior universitaria tucumana un ámbito más solidario e igualitario: “(…) La Universidad Nacional de La Plata establece la gratuidad de sus estudios en los niveles de pregrado y grado. El Doctorado será gratuito para los Docentes, Investigadores y Graduados que desarrollan actividades en esa Universidad”.
Si bien el nuevo preámbulo incorpora cuestiones muy interesantes, los asambleístas decidieron rechazar la incorporación del carácter irrestricto del ingreso basándose en la ley de educación superior que aprobó el menemismo en el auge de las ideas neoliberales que tendían a hacer de un derecho supuestamente universal un servicio privado que generara ganancias. Una ley que el actual gobierno nacional, a pesar de su discurso popular, ha decidido sostener a pesar de la insistencia de diputados de casi todos los bloques (incluido el bloque oficialista) que presentaron propuestas superadoras. Esta omisión demuestra que en la UNT todavía existen estructuras anquilosadas a conceptos que deberían haber sido superados luego de la crisis neoliberal que dejó a más de la mitad de la población argentina en la más vergonzosa exclusión.
La educación superior debería ser parte de un mecanismo de igualación en una sociedad que, lejos de basar el desarrollo personal en las capacidades y potencialidades personales, fundamenta las desigualdades en los recursos familiares cristalizando de forma progresiva las situaciones de exclusión y haciendo de un concepto como la movilidad social una quimera. La universidad, que debería ser un faro que alumbrara un futuro más igualitario, parece dirigir su potencialidad para sostener la base de los poderes establecidos y el statu quo. Así los avances que se perciben en el nuevo preámbulo quedan impregnados de un moho conservador que se justifica en una ley que hace tiempo debería haber sido superada.
Preámbulo vigente
La Universidad Nacional de Tucumán, institución de cultura superior, tiene por finalidades inmediatas conservar, acrecentar y transmitir el conocimiento y propender al desarrollo de la cultura por medio de la investigación científica, técnica y humanística y del trabajo creador. Orienta sus actividades atenta a los problemas nacionales y regionales. Como institución democrática es objetivo trascendente de su labor educativa la formación de hombres con un elevado sentido ético, conscientes de los deberes y obligaciones que como universitarios les incumbe en la comunidad. La plena autonomía y la autarquía financiera son atributos fundamentales de la Universidad.
Preámbulo aprobado por la AU
La Universidad Nacional de Tucumán, a 100 años de su creación, honra los ideales y legado de sus fundadores, reconoce el valor de su tradición y los cambios que en un siglo se produjeron en la región, la Nación y el mundo y proclama la presente declaración de principios y finalidades como un ideal por el que todos sus integrantes deben esforzarse. Considera como su objetivo general formar ciudadanos, con pensamiento creativo, crítico e innovador, comprometidos con el bienestar, la justicia y la paz, que acrecienten con su accionar el patrimonio cultural de la Humanidad, en un contexto de integración regional, nacional, latinoamericana e internacional de la Educación. Se propone generar y transmitir conocimientos tomando como referencia permanente la comunidad, el respeto irrestricto y la promoción por los derechos humanos y el ambiente, la convivencia de las especies, con desarrollo sostenible y equilibrio territorial, sin discriminación alguna, en un marco de progresiva inclusión. Como institución educativa, que abarca todos los niveles de formación, pública y gratuita, democrática, pluralista y laica, de investigación, extensión y desarrollo y cogobernada, considera esencial la defensa de la educación y el conocimiento como bien público y derecho humano fundamental. Asume el compromiso irrenunciable de defender la autonomía y la autarquía institucional de la universidad pública, la libre y tolerante discusión ideológica en sus claustros, la creatividad y libre expresión de todos sus miembros, tomando la responsabilidad de justificar el origen, uso y disponibilidad de sus recursos, su transparencia y de permitir y facilitar su más amplio control.