El derecho del Buen Vivir
/“(…) padecemos siglos de opresión, sufrimos de manera particular la violencia institucional no sólo racista sino también sexista”
El modelo económico del Estado Nacional se ha construido sobre bases de producción capitalista. Empresas nacionales y multinacionales implementan el extractivismo o el mercado inmobiliario sin ninguna consideración por la naturaleza. La vida de los pueblos queda relegada y se consideran efectos colaterales de un modelo que, según pregonan, traerá progreso al conjunto de la sociedad. Este modelo ha excluido y postergado a los pueblos indígenas de todo el territorio. La pobreza, la contaminación y la devastación del territorio es el escenario en el que viven decenas de comunidades que, durante muchos siglos, han padecido en silencio. En esta situación las mujeres originarias, sufren además, los flagelos de una sociedad machista que es producto de la política civilizatoria. Así, la opresión viene dada por su condición de mujeres, pobres e indígenas.
De un tiempo a esta parte, el silencio ha dejado de ser una opción. La organización de los pueblos ha sido la vía para salir de ese mundo que se había vuelto invisible al conjunto de la sociedad. Las mujeres, protectoras y pilares fundamentales para el desarrollo de sus pueblos y sus culturas, han salido a la calle, han marchado para presentar en el Congreso el proyecto de Ley por el Buen Vivir. “El buen vivir involucra la relación de reciprocidad con la naturaleza y entre los pueblos. Esto es fundamental. Estamos en un escenario (…) donde más de 40 mil hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego en la Patagonia producto, justamente, de los intereses mezquinos de las corporaciones extractivistas”, dijo al Informativo FARCo Moira Millán, representante de la comunidad Mapuche.
La marcha que hace unas semanas realizaron en Buenos Aires mujeres de 36 naciones originarias de Argentina fue el corolario de un proceso que vienen realizando hace más de dos años. Los ejes que atraviesan esta organización son el fortalecimiento de los pueblos indígenas y la concreción de una propuesta consensuada frente a la "crisis civilizatoria”, tal como la denominan las integrantes de las 36 naciones, que están convencidas de que un mundo nuevo y mejor es posible desde el Buen Vivir.
Fue en el año 2013 que un grupo de mujeres indígenas comenzaron a realizar talleres participativos en diferentes partes del país, preocupadas por la situación que vivían sus comunidades. Las movilizó la desazón de ver los derechos sobre el territorio vulnerados, la naturaleza destruida, la pobreza de sus comunidades, la discriminación y la violencia hacia mujeres indígenas. “Una de las cosas que nos ha afectado muchísimo es el feminicidio, estamos hablando de homicidos vinculados intrínsecamente a las transnacionales que operan dentro de los territorios de las diferentes comunidades indígenas. Las mujeres somos las principales protectoras que tienen los territorios y, lamentablemente, las principales víctimas de las empresas”, dijo Moira. Fue la necesidad de visibilizar todos estos problemas y encontrar de manera conjunta una solución la que las impulsó a armar el proyecto de Ley que llamaron del Buen Vivir. A partir del diagnóstico de las diversas realidades, articularon una propuesta que aglutine no solo a los integrantes de las comunidades, sino a todo el pueblo argentino.
La propuesta se estructura en base a la cosmovisión y la cultura de los pueblos. Temas como el desarrollo y la implementación de políticas que tiendan a generar formas sustentables de energía, el cuidado del agua y la soberanía alimentaria a través de la creación de un banco de semillas están presentes en el documento realizado. Como mujeres que sufren la violencia racista y sexista de un patriarcado que se encuentra arraigado aún en las propias comunidades creen necesario crear un marco legal que asegure el respeto por sus cuerpos. La recuperación y la puesta en valor de conocimientos ancestrales y la medicina tradicional es otro de los puntos que conforman este proyecto.
El Buen Vivir implica la demanda, sobre todo, del reconocimiento de la legitimidad de las mujeres como actoras sociales y políticas en un escenario que, a pesar de los avances en materia legal, se presenta como hostil.