La justicia, lenta y ciega

 Fotografía de pueblos de la nación diaguita - Tucumán

Fotografía de pueblos de la nación diaguita - Tucumán

La comunidad india Quilmes de Tucumán está en silencio. Y no es un silencio voluntario, sino producto de los últimos hechos de violencia que sufrió la comunidad por parte de las personas que toman, ilegítimamente, la ciudad Sagrada. Hace unas semanas, se vivió en un hecho confuso en la comunidad que tuvo como resultado la detención del cacique Francisco Chaile junto a tres comuneros, incluido un joven menor de edad. 

En asamblea, el pueblo indígena decidió llamarse al silencio para no entorpecer el avance de la justicia. Sin embargó trascendió que Chaile fue hasta la Ciudad Sagrada para mantener una reunión con Santiago Santos, quien usurpó violentamente el lugar el año pasado junto al empresario Héctor Cruz. Vale recordar que Santos renunció a ser miembro de los Quilmes en el 2004 ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

La problemática que vive el pueblo indio respecto la posesión de la Ciudad Sagrada no es reciente. Al ser este un espacio de explotación turística, los terratenientes buscan distintas estrategias para apropiarse del predio. Fue así que, como cuentan desde la comunidad, durante el 2014 Santiago Santos se unió junto al empresario Héctor E. Cruz y tomó a la fuerza la ciudad.“Ante todos estos hechos se realizaron las pertinentes denuncias que iniciaron una serie de causas, las cuales en la Justicia no tuvieron el curso necesario, ya que solamente fue llamado a ratificar un solo denunciante. Se pone de manifiesto aquí la inequidad en el tratamiento de las denuncias cuando vemos la celeridad con que actuó en la detención del Cacique Chaile”, explica la comunidad mediante un comunicado. Así, la comunidad expresa que la Justicia hace vista gorda a las denuncias que tiene el pueblo contra las personas que ocupan hoy la Ciudad Sagrada. Personas que terminan quedando cómo héroes en situaciones como las vividas. 

Hasta el momento la justicia no dio respuestas y las expectativas legales para la comunidad no son buenas. Según contó Belén leguizamon, referente legal de la comunidad e integrante de Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales, se espera que hasta hoy la fiscal dicte presión preventiva a los detenidos. Acción que será peleada por la abogada porque el objetivo es que estas personas queden liberadas sin ningún cargo. 

La comunidad aún se mantiene en asamblea permanente para exigir la liberación del cacique y defender sus derechos colectivos. Mientras tanto, los Pueblos de la Nación Diaguita buscan alternativas para ejercer presión política y la justicia actúe con garantía de derechos. “Los hechos por los que atraviesa nuestra comunidad en la actualidad, y la detención de nuestro Cacique, son la consecuencia de la falta de respuesta de la justicia local que contando con elementos contundentes para dar la razón a nuestra comunidad, que hoy se encuentra ante una clara vulneración de derechos colectivos sobre nuestro territorio ancestral y bienes culturales que ampara la Constitución Nacional (art. 75 inc 17 y 22) y Provincial (Art. 149)”, agrega el comunicado

Al ser un hecho complejo, los letrados buscan que el fiscal y el juez no marquen diferencias en contra de la comunidad y garantizar, de este modo, un acceso a la justicia equitativo. Hasta entonces, el pueblo indio Quilmes seguirá exigiendo la libertad de su cacique, celeridad en las resoluciones de la justicia para restablecer la paz, castigo a los responsables ideológicos y materiales de los hechos ocurridos en las últimas semanas y para garantizar la integridad de los comuneros que son hostigados y perseguidos por los usurpadores de la ciudad sagrada.