Los vecinos de El Manantial exigen respuestas

 Fotografía gentileza de Alejandra Galleguillos

Fotografía gentileza de Alejandra Galleguillos

Los vecinos de El Manantial aún no salen de la sorpresa. Desde hace seis meses, las facturas de los servicios del agua y luz se unificaron para abonarlo en un solo pago, pero denuncian que nunca fueron consultados sobre la disposición en la que participó la Junta Vecinal de Agua Potable y Fomento de El Manantial, organización no gubernamental de la que son socios parte de los habitantes de la comuna. “Con la situación actual, la gente con suerte consigue para pagar un servicio. Imagínate dos”, reflexiona María Rosa Castro, vecina de la comuna.

Los números exactos de cuántos socios tiene la ONG no están claros, dado que los vecinos no pueden acceder a la información, a pesar de presentar una serie de notas dirigidas a la comisión directiva. Al no tener respuestas, las solicitudes tuvieron que buscarlas en el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), organismo gubernamental que también participó en la implementación de la medida.

En diciembre del 2017, Santiago Yanotti, titular del ERSEPT, informó el cambio y dijo a los medios que “la Junta es una ONG de amplia participación vecinal y fueron ellos quienes, en asamblea, votaron a favor de este acuerdo, para que el servicio continúe sosteniéndose”. Pero como explica Alejandra Galleguillos, otra vecina, esto no fue así.  “Fue mentira, según ellos nosotros aceptamos una reglamentación – resolución 104/17. Nosotros estamos al día y nunca nos invitan a las asambleas”, explica.

De 130 pesos, ahora cada familia debe abonar 250, una cifra excesiva y que no concuerda con la prestación del servicio. “Tengo vecinos que no tienen agua porque no pudieron pagar, les cortan”, afirma Teresa Safe. Para desglosar la factura deben ir a una sede de EDET, pero no es garantía porque en la empresa manifiesta que deben cumplir con lo estipulado. También hay vecinos que pagaron anualmente el servicio del agua en enero, pero no fueron contemplados a la hora de implementar el nuevo sistema. Según el estatuto con el que se fundó la Junta, el servicio no puede ser interrumpido, pero la información que consiguieron los vecinos es otra. Cuentan que la actual comisión directiva, encabezada por Germán Carrizo Piskulic, modificó artículos del estatuto para que los cortes sean una realidad y cuenten con el respaldo de la Policía de Tucumán, en caso de ser necesario. Además, modificaron el sistema de elección de autoridades para extender su mandato, dado que es presidente la ONG desde el 2014.   

Desde el ERSEPT manifestaron a finales del 2017 que el nuevo sistema de cobro busca que el servicio tenga mayor sustentabilidad y que fue aplicado a partir de la experiencia que tuvo en Salta y Jujuy.

Las irregularidades dentro de la junta vecinal de agua potable no son un tema nuevo. Desde su fundación en 1969 hasta hoy estuvo marcada por la lucha de los vecinos, quienes orgullosamente protegieron este espacio comunitario, fruto de la organización. La ONG nació en aquellos años para administrar el agua potable en la comuna y que el sistema funcione sin intervención del Estado, siendo una entidad autónoma que se mantiene por el pago del impuesto. Hoy viven en El Manantial más de 30 mil habitantes.

“En los 90 intentaron privatizar la Junta, pero los vecinos estuvimos presentes. En el 2010 intentaron hacerla cooperativa para recibir un dinero que llegaba desde el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, recuerda María Rosa. Debido a las irregularidades, en 2014 los vecinos intervinieron la gestión de la junta directiva y, cuentan, por decisión del delegado comunal quedó al frente Germán Carrizo Piskulic (hasta hoy).

“Obviamente invitan a las asambleas a las personas que ellos le dicen sí, son selectivos”, denuncia Mariana Díaz, otra vecina. El estatuto fundacional establece que con el voto de 10 socios se puede aprobar una decisión; sin embargo, el documento no fue actualizado a la cifra actual de habitantes que tiene la comuna. “No es que no queremos pagar, tenemos que pagar, pero como corresponde. Cuando haya comisión publica tenés que estar al día para poder tener voz y voto. Hay gente que quiere pagar, pero ahora ellos no quieren, quieren que paguen las dos cosas juntas. Encima quieren cobrar más plata por gastos administrativos”, explica Alejandra.

Ante la falta de respuestas y al agotarse las vías legales, los vecinos tienen pensado realizar manifestaciones. Cada jueves se reúnen para informarse de la situación y ver cómo pueden hacer para que sus derechos no sean avasallados. “Ahora la única forma de hacerse escuchar es cortar calles, escrachar, y estamos dispuestos a eso. Sabemos que es una lucha muy brava”, resume Alejandra.