“Queremos respeto y la oportunidad de seguir viviendo de nuestro trabajo”

Llega diciembre y son cada vez más las familias tucumanas que buscan vender en la vía pública para hacer frente a los costos de vida. Ante este panorama, desde el municipio de San Miguel de Tucumán se lanzó el operativo “Espacios para todos”. Se trata de un dispositivo que refuerza la presencia de inspectores municipales y policías en la vía pública. “Estamos tomando medidas preventivas. Hay que prevenir que no se coloquen en las veredas”, dijo la intendenta capitalina Rosana Chahla haciendo referencia al operativo. 

Este sábado al mediodía en Congreso primera cuadra se vivió un ejemplo del operativo. Personal de Vía Pública de la Municipalidad, con apoyo de la Patrulla de Protección Ciudadana, desalojaron a los vendedores ambulantes. “Esto no es nuevo, hace años que los trabajadores del espacio público vienen siendo el blanco fácil cada vez que alguien quiere mostrar ‘orden’”, dice Merry Anastasio, coordinadora del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Históricamente, desde la Federación Económica de Tucumán se ha pedido que se tomen medidas en contra de la venta ambulante. “Cuando dicen ‘competencia desleal’ están defendiendo privilegios. Muchos de nuestros compañeros trabajan porque no tienen otra opción”, señala la referente. 

Desde los sectores de la economía popular cuestionan el hecho de que la venta ambulante, que generalmente es de productos de bajo costo como medias, ropa usada o cargadores de batería, afecte a los comercios que integran la FET. “La realidad es otra: son trabajadorxs que garantizan precios populares y que mueven la economía en los barrios”, destaca Anastasio. 

En sus declaraciones, la intendenta señaló que se iniciarán acciones contra quienes permitan que en sus veredas se instalen los también llamados “manteros”. “Intentan enfrentarnos con los frentistas, como si fuéramos el enemigo. Nos amenazan, nos intimidan, nos quieren correr. Pero lo único que hacemos es trabajar”, señala Anastasio.

Desde hace años, la relación entre la Municipalidad y los vendedores ambulantes se mueve en ciclos de tensión y diciembre es uno de los meses claves. En estos escenarios, distintos gobiernos eligen mostrar gestión con operativos, decomisos o amenazas. El discurso siempre versa sobre las ideas de orden, competencia y recuperación del espacio público. La militante puntualiza que las medidas implementadas con estas excusas solo estigmatiza y se niega a reconocer que “detrás de cada manta, hay familias que garantizan precios populares y que sostienen parte de la economía cotidiana de los barrios”.

La búsqueda de diálogo y respeto

Frente al avance municipal, la expectativa de los trabajadores es que se respete el derecho al trabajo. Que cualquier intento de ordenamiento se discuta teniéndoles en cuenta porque no están dispuestos a aceptar que decidan sobre sus vidas sin escucharles. “Duele que nos señalen como si fuéramos un problema. Somos personas que salen todos los días a pelearla con dignidad. Queremos trabajar, nada más”, remarcan.

Las medidas preventivas, como las llama la intendenta, van acompañadas de una fuerte presencia policial y eso no genera demasiada confianza. Ocurre que se trata de la policía provincial, la misma que viene actuando contra los sectores populares. “Si esta ciudad funciona, es porque miles de trabajadores informales la sostienen. No vamos a dejar que nos borren del mapa con discursos que criminalizan la necesidad. Queremos respeto y la oportunidad de seguir viviendo de nuestro trabajo”, afirma Anastasio al tiempo que remarca que lo único que piden es que se pueda trabajar para llevar el plato a casa.