Importante paso en la reconstrucción de la historia

El Tribunal Oral Federal tucumano fijó como fecha de inicio del debate oral y público de las megacausas conocidas como “Arsenales II y Jefatura II” el día 12 de noviembre del corriente año. En esta ocasión se investiga la responsabilidad de 44 imputados por los hechos cometidos en contra de 235 víctimas que estuvieron cautivas en los Centros Clandestinos de Detención y Torturas que funcionaron en la Ex Jefatura de Policía y en la sede del Arsenal Miguel de Azcuénaga. La principal particularidad de este juicio está dada por la unificación de dos de las causas más importantes que han tenido lugar en la provincia vinculadas a los genocidios realizados durante los años 1975 y 1983. El pedido de unificación de las causas se hizo desde diferentes organizaciones sociales entre las que se encuentran Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC) y la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y fue aprobado en el mes de junio.

Marta Rondoletto, integrante de FADETUC explicó a La Palta que ya desde el año 1985 se advirtió que las causas estructuradas por las víctimas de la dictadura militar, en tanto siguiesen siendo tratadas de manera individual, no podrían prosperar demasiado porque el número de denuncias era cada vez mayor y porque esa "particularización" no permitía dimensionar el verdadero trasfondo que tenían. De este modo es que se decidió, en aquel momento, tratar de agruparlas por un eje en común, como por ejemplo estudiantes de determinada carrera. Con el correr del tiempo se las empezó a vincular por centros de detención.

A partir de estos primeros agrupamientos de causas se pudo ver los delitos de lesa humanidad como engranajes de un plan sistemático que comenzaba con la detención en Jefatura seguido de torturas que en miles de casos terminó con la muerte en el arsenal Miguel de Azcuénaga. Cabe mencionar, además, que hoy se conoce que muchos de los cuerpos identificados en Pozo de Vargas corresponden a personas detenidas en Jefatura. Es así como se hace evidente que cada uno de estos lugares tuvieron una operativa relación unos con otros, convirtiéndose en un verdadero “circuito de represión y muerte” como indicaron algunos de los querellantes en la causa.

Otra particularidad relevante en este caso es que se juzgará, por primera vez, la responsabilidad de un miembro de la Iglesia y de uno de la sociedad civil. Esto es una muestra más que confirma que lo que sucedido fue una dictadura cívico-militar que además contó con la complicidad de la Iglesia Católica.

Después de tantos años de lucha de las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia tener asegurada la fecha de inicio de un juicio tan importante es un aliciente para continuar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y la concreción de este hecho hará más público aún que sí fue un plan sistemático de ejecución, dando claras muestras de quiénes fueron partícipes y quiénes fueron cómplices en las desapariciones y muertes ocurridas desde antes de la instauración de la dictadura, es decir desde la puesta en marcha en la provincia del denominado “Operativo Independencia” en el año 1975.

Gabriela Cruz gcruz@colectivolapalta.com.ar