Los testigos, todavía esperan, todavía los maltratan

Fotografía de Bruno Cerimele

Fotografía de Bruno Cerimele

El reinicio de la audiencia estaba previsto para las 9.30 y siendo las 10 de la mañana el defensor Galleta todavía no llegaba. Cuando el abogado se presentó, el presidente del tribunal, Jiménez Montilla, les aclaró a él y a los otros que ya tuvieron retrasos similares, que eran las partes (defensa, fiscales y querellas) las que debían esperar a los jueces y no a la inversa. Zanjado ese “pequeño” detalle de la impuntualidad la defensa planteó una recusación a los fiscales ad hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira. ¿Las razones? Haber sido miembros de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) por lo que, según ellos, existiría incompatibilidad de cargos. Cabe mencionar que la organización es querellante en la Megacausa y en su página de internet publicaron las fotos de los imputados. Esto fue el principal motivo del malestar de las defensas. Sin embargo debe aclararse que, por un lado, esas fotografías fueron tomadas durante las audiencias del año pasado con la autorización del Tribunal, ya que se trata de un juicio oral y público. Por el otro, los fiscales explicaron que ya no son miembros de ANDHES por lo que no existe tal incompatibilidad. En esta escalada en contra de la difusión de las imágenes de los imputados se llegó a pedir que se clausure el sitio web de la organización. Todo esto provocó que el primer testigo de la mañana empiece a declarar una hora y media más tarde de lo previsto.

Las interrupciones, los improcedentes pedidos y los gritos estuvieron presentes en las dos jornadas de la semana pasada. El abogado Facundo Maggio, quien renunció a su cargo de Fiscal cuando se hizo público su rol como defensor en esta megacausa, no tuvo reparos en pedir una lista del público que ingresa a presenciar el juicio. Según Maggio algunos testigos estuvieron presentes en las audiencias antes de prestar declaración. El problema es que el letrado no supo indicar hasta el momento quienes serían los testigos que cometieron esas irregularidades.

El pedido de la lista del público fue repudiado por el Fiscal Peralta Palma: “esto me recuerda a viejas épocas” dijo oponiéndose rotundamente. Demás está decir que esta insinuación tira un manto de sospecha sobre el accionar de fiscales, querellantes, familiares, incluso sobre el mismo Tribunal que permitiría tales irregularidades. Más allá de esto, son los mismos familiares los que contienen a los testigos que esperan día a día que llegue el momento de su declaración para luego sí poder entrar a la sala y acompañar el debate. Todos ellos aguardan respetuosos, para no entorpecer el proceso, el momento que se les está permitido ingresar y mirar de frente a los imputados, sosteniendo las fotografías de sus familiares desaparecidos. Esperan esa oportunidad de comprobar con sus propios ojos que el juicio está pasando realmente, que eso por lo que tanto lucharon y que esperaron que llegue, por fin llegó.

La intervención de Luis Benedicto, defensor y hermano de Juan Carlos Benedicto, esta vez fue más allá de los gritos que siempre prodiga. Llegaron como corolario de la mañana del viernes. No fue solamente el tono de su voz lo que produjo el malestar sino las palabras que dijo. “Aquí no se presentaron pruebas que digan que los testigos vivieron lo que dicen que vivieron”, fue la frase que ocasionó gritos de dolor y de impotencia entre los familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado. Ante este momento de angustia y estupor las intervenciones de Julieta Jorrat pasaron a segundo plano, intervenciones que plantean una defensa construida sobre la idea de que si las víctimas eran militantes de alguna organización política sospechada de subversiva, tenían merecido todo lo sucedido. Argumento que, dicho sea de paso, es la única defensora que sostiene en estas audiencias.

Testigos que esperan y cuando hablan dicen

“Yo pesaba 48 kilos cuando me liberaron” dijo Raúl Edgardo Elías durante su testimonio del día jueves. Elíasfue testigo en la causa Jefatura por lo que en primer lugar se escuchó el audio de aquella declaración. Allí contó que fue secuestrado en  junio de 1976 y fue sometido a interrogatorio bajo tortura hasta octubre de ese año. Entre sus secuestradores y torturadores señaló a De Cándido, a González Naya y a Juan Flores. En su extensa declaración contó cómo se repartían todo lo que saqueaban en los allanamientos, desde mercadería, ropa hasta objetos de mayor valor. Dijo que dos mujeres que se encontraban detenidas en Jefatura de Policía fueron abusadas sexualmente. Cuando fue consultado por otras personas que hayan estado con él afirmó que vio a Elda Calabró, a Javier Centurión y a Rubén Tártalo. De este último dijo que una mañana amaneció sin vida en la misma celda en la que se encontraba él.

Las interrupciones buscando dilatar el proceso no se hicieron esperar. Esta vez los defensores se opusieron a que se pregunte por algunas personas que el testigo pudo haber visto, cuestión que ya había sido  resuelta en reiteradas ocasiones pero que los abogados insisten en plantearlas con los mismos argumentos. Mientras tanto José Carlos M., de 80 años de edad, que esperó toda la mañana para poder declarar, recién pudo sentarse frente al Tribunal a las 14. José fue detenido en marzo de 1976, fue interrogado y torturado en la “Escuelita de Famaillá” (Escuela Diego Rojas) y fue liberado en mayo de 1976.

El primero en declarar después del cuarto intermedio fue Juan Pablo C. secuestrado en enero de 1976, “Yo lo he perdido todo por culpa de ellos ¿Por qué andan por la calle? ¿Qué no merecen un castigo estos degenerados?” fueron las preguntas que Juan hizo a toda la audiencia. ¿Cómo explicarle a Juan que las personas que lo encerraron durante 6 años, que lo torturaron, que le hicieron ver como manoseaban a su esposa embarazada podían andar con total libertad y que aún exista gente que los llama héroes? Juan fue acusado de hacerles cédulas a “los subversivos” y estuvo internado durante un mes debido a las torturas que sufrió. En 1982 le dieron una especie de libertad vigilada. Recuperó su libertad en 1983, pero dijo una y otra vez que lo había perdido todo.

La sala se desalojó para que dé testimonio Rosario del Carmen R. quien al momento de su secuestro estaba embarazada de 6 meses. Julia Vitar, una de las abogadas querellantes, expresó que fue el relato más estremecedor que escuchó en su vida, que fue un testimonio de violencia de género que verdaderamente conmociona.

Olga Margarita O., Gerardo Alfredo R. y María Luisa F. fueron testigos de tres de los casos que empezaron a contarse la semana pasada. Se trata de Carlos Soto, Enrique Aurelio Campos y Carlos Alberto Gallardo. Olga se refirió a las condiciones en las que fue liberado su esposo, lo deteriorado que estaba y cómo tuvo que vivir sometido a diálisis por las secuelas de las torturas. Gerardo recordó a Aurelio como compañero de militancia y María Luisa confirmó la constante persecución y saqueos de los que fue víctima Gallardo, “Yo estoy aquí porque fui vecina de él y porque quiero que se sepa la verdad, para que no vuelva a pasar nunca más”, dijo María.

Antes de que declarara María Luisa lo hizo Irma Susana Tula, hermana del desaparecido Héctor Gerardo Tula. Su nombre figura en el “índice de delincuentes subversivos” con la sigla DF (Disposición Final) dispuesto por la Comisión Informativa de Inteligencia. Héctor tenía 23 años cuando se lo llevaron y su familia se dedicó a buscarlo desde entonces. “A mi padre se le fue la vida intentando averiguar eso” dijo Irma cuando contaba todo lo que recorrieron tratando de saber dónde estaba su hermano. “Es como que él nunca hubiese existido, no figuraba en ningún lado, no había ningún registro de él”.

La infamia se hizo presente

Lo llamativo de la mañana del viernes fue que por primera vez se empezó en horario con la declaración de los testigos. Así pasó Rosa Paula E., cuyo esposo fue secuestrado junto a otros compañeros de trabajo y llevado en su propio auto. Luis Román estuvo detenido en Jefatura de Policía y luego fue trasladado a la Facultad de Educación Física (entonces Escuela Universitaria de Educación Física).

El segundo testigo en declarar fue Carlos Ernesto P., sobreviviente secuestrado en mayo de 1975, y contó el terror que se vivía en Famaillá. “Desde que llegaron los de la Federal ya no se podía vivir, nos han saqueado a nosotros” contó don Carlos. El trabajador del Ingenio La Fronterita recordó que se habían colocado 3 bombas en la ciudad, una explotó cumpliendo con el cometido de matar a Olmos en tanto las otras dos explosiones no se cobraron la vida de las personas para las que estaban preparadas.

María Beatriz Tula, hermana de Miguel Segundo “Chicho” Tula, fue la siguiente testigo. Nada quiere más que saber dónde está su hermano, aquel trabajador del Ingenio San Juan que figura en el famoso “índice de delincuentes subversivos” con la sigla DF.

A Alcira Santos Ochoa de Racedo y a José inocencio Racedo se los llevaron delante de sus hijos, el menor tenía un año y medio y de no ser por los ruegos de su madre también lo secuestraban. María Angélica narró esa noche de violencia en que ella junto a sus 11 hermanos presenciaron cómo metieron a sus padres al baúl de un auto. Ambos eran cosecheros de los cañaverales Nougués Hnos. y continúan desaparecidos. María supo con posterioridad que su madre estaba embarazada por lo que desconoce si tiene o no un hermano al que no llegó a conocer.

A pesar de estos testimonios y de éste último en particular la defensa pidió la palabra y expuso las objeciones de siempre. Los gritos de Benedicto y su ataque a los testigos dejaron estupefactos a los presentes. Una mujer no pudo contenerse y en medio de la impotencia le gritó “borracho, a mí me mataron a mi hermano”.

Julio César Centurión fue el último testigo de la mañana. Su hermano fue secuestrado cuando tenía 39 años y cursaba el 6º año de la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional. Era militante de la Juventud Peronista. En agosto de 1976 se lo llevaron en un automóvil Torino cuatro puertas, según le contaron después dos amigos que presenciaron el secuestro.

Cuando fue a averiguar sobre el paradero de Javier el comisario Roque Rodríguez le dijo que estaba detenido por averiguación de antecedentes y que lo liberarían pronto, pero llegado el momento Rodríguez no pudo hacer nada porque ya lo habían trasladado. Más tarde supo que Roberto Heriberto Albornoz presenció la muerte de Javier. Su corazón no habría resistido y murió en lo que se conocía como “cámara de agua”. “Después de muerto le dispararon” aseguró Julio que también habló de los reiterados saqueos que sufrió en el taller mecánico dejándolos en la ruina económica además de la desazón por la desaparición de Javier.

Por la tarde declaró el último testigo de la jornada. César Rolando J. Dijo que él no fue “torturado con picanas y esas cosas” pero que sí escuchó gritos y llantos de otros detenidos. Un día lo encerraron en un baño, lo reconoció por el olor que había y porque bajo la venda veía los sanitarios. En esa ocasión lo interrogó un capellán, al que consiguió verle una sotana negra pero que en vez de zapatos llevaba botas.

Declaraciones como las de César dejan claro hasta qué punto el terror y el sometimiento habían calado en las personas. Todavía hoy se piensa que torturas eran las picanas, los golpes que dejaban graves secuelas. Todavía hoy dicen: “A mí me trataron bien” y cuentan que solamente los amenazaban, a ellos o a sus familias. Les hacían pasar hambre, los dejaban por días parados frente a una pared, encerrados en los baños o los hacían dormir en el piso esposados. “A mí me trataron bien, pero escuché lo que les hacían a otros”.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar