Cacería de seres indefensos: Relatos de lo que no fue una guerra

"Estoy acá como última alternativa confiando en los hombres para que se haga justicia…Esas personas tenían derecho a tener una cárcel como la que tienen ellos (los imputados) y nosotros también tenemos derecho, aunque sea tras las rejas de ver a nuestros familiares"
Susana Chamas, hermana de José Chamas, detenido desaparecido.
 Fotografía de Bruno Cerimele

Fotografía de Bruno Cerimele

“Me dijeron que no prenda la luz hasta que toquen bocina en la comisaría” dijo Isabel S., la primera testigo de la semana pasada. Pero no fue la única que en su relato dejó claro el sometimiento que se vivía en aquellas décadas en que el terrorismo de Estado se instaló en la Argentina. A lo largo de todas las audiencias se escucharon frases como estas, algunas varían apenas un poco “Me dijeron que me tape la cabeza con las sábanas”, “Me dijeron que no salga hasta que sienta ni un solo ruido”. Pero todas hacen imaginar esa mezcla de temor y de impotencia del que le tocó quedarse con la angustia de no saber exactamente quienes, cómo y dónde se llevaban al que hasta hacía unos minutos dormía en la misma casa.

Carlos Soldati estuvo entre los que les tocó irse. Durante años fue escarbando en su memoria cada detalle, cada sonido, hasta poder dar con los lugares donde lo tuvieron encerrado. Durante años cargó con esos dolorosos recuerdos hasta que por fin los pudo contar frente a un tribunal esperando un poco de justicia.

Carlos fue el segundo hermano secuestrado de los tres que se llevaron. Los otros dos nunca más volvieron. Cuando empezó a hablar de la noche de su secuestro su voz se quebró al recordar que al bajar del altillo, donde dormía, vio a sus padres parados contra la pared con las manos levantadas y unas personas apuntándoles. “Nunca imaginé que los vería así”, dijo entre sollozos de dolor y angustia. Tras cruzar la puerta y dejar a su familia en esas condiciones lo subieron a un furgón y fue llevado a Famaillá, al Ingenio Nueva Baviera, donde vio personas tiradas en el piso y torturadas. Luego fue trasladado a Jefatura de Policía. “El trato era como más profesional, más parco”, dijo Carlos quien, además, escuchó no solamente gritos de los detenidos torturados sino también niños que jugaban y reían en la vereda, gente que pasaba y conversaba.

Durante su interrogatorio le preguntaban por compañeros de la facultad y le pidieron la dirección de Luis Alberto, su hermano menor que también era estudiante. Este dato demuestra que Luis estaba en la mira desde que tenía 17 años.

La narración de Carlos, tanto la prestada durante el juicio de Jefatura I y la que dio en esta ocasión, dio cuenta de la sistematicidad que se utilizaba para interrogar, torturar y sembrar el terror. “Sentía la corriente en todo mi cuerpo hasta que la rigidez de los músculos me impedían seguir gritando” había dicho en el año 2009. “Nada justifica esta atrocidad, ni siquiera una supuesta guerra… ¿Cómo es posible que el ejército…se haya degradado a tal nivel que se haya convertido en una pandilla sin moral?...Aquí fue una cacería despiadada de seres indefensos” fueron las reflexiones que Carlos Soldati hizo en voz alta frente a todos los presentes.

Siniestros, cínicos y perversos

La tercera testigo de la mañana del jueves fue María Cristina Soldati. Fue a ella a quien Cristina Bejas llamó aquel 6 de julio de 1976 para avisarle que se habían llevado a su hermana Berta. María Cristina buscó a su hermana incansablemente y hoy, 36 años después, la sigue buscando. Llegó a estar frente a Zimmerman que, haciendo gala de su perversión, le mostró fotos de gente asesinada para que vea si la identificaba. “No pude terminar de verlas…eran personas acribilladas dentro de las casas, tiradas sobre los muebles”, dijo María que además tuvo que soportar, como si algo más hiciera falta, el cinismo de Mario Zimmerman al decirle: “Si no está ahí será que se habrá ido a otro lado”.

María Cristina estuvo cuando se lo llevaron a Carlos, la encerraron en un dormitorio con sus dos hijas pequeñitas. También estuvo cuando volvió y vio las condiciones en que lo habían dejado. Recuerda que cuando vio una manga de camisa militar pensó que esta vez venían por ella, pero era Carlos que, apenas entró le dijo que esa camisa se la habían dado para que se cubra. Tenía orden de quemarla inmediatamente.

El último de la familia Soldati en ser secuestrado y desaparecido fue Luis Alberto. Tras el secuestro de Carlos lo enviaron a Chile a vivir con otro hermano para preservar su vida. El padre había gestionado la prórroga del ingreso al servicio militar obligatorio aduciendo que se encontraba estudiando, pero esa prórroga venció a los 2 años. Cuando esto sucedió Luis Alberto decidió volver. “No quería ser un desertor” dijeron Carlos y María Cristina.

Un día miércoles Carlos lo vio en la calle y le había dicho que el sábado tendría franco, que se encontrarían en la casa, pero eso nunca ocurrió. Luis Alberto estuvo cumpliendo con el servicio militar en Arsenal Miguel de Azcuénaga, por lo que fue ese el primer lugar a donde fueron los Soldati a preguntar. Allí fueron recibidos por Pedro Osvaldo Caballero (imputado) quien aseguró que a Luis se le adelantó el franco al día jueves.

Pedro Caballero pidió la palabra cuando los testigos terminaron de declarar. Dijo que Luis Alberto era un chico alegre y atlético tal como lo habían descrito sus hermanos. Aseguró que se le había otorgado el franco el día jueves y como no volvió se lo tuvo que declarar desertor. Lo que Caballero no hizo fue explicar por qué se le adelantó el descanso de un día para otro, tampoco explicó por qué en la lista de 25 conscriptos de aquel momento no figuran las personas con las que, según él mismo reconoce, salió aquel día Luis Alberto Soldati.

La casa de las contradicciones

María Elena Guerra está imputada por la usurpación de la vivienda de calle Frías Silva al 200. Allí se encontraba viviendo el matrimonio de Raúl Carlos Araldi y Diana Oesterheld en el año 1976 y, al parecer, se encontraban en tratativas con sus propietarios, la familia Marini, para adquirir esa propiedad. En julio de 1976 Diana Oesterherd fue secuestrada junto a Fernando Araldi, su hijo de un año y medio. Al niño lo dejaron en el Instituto de Puericultura Alfredo Guzmán (casa cuna) de donde lo retiraron sus abuelos que lo llevaron a Buenos Aires. Diana, que llevaba adelante un embarazo de entre 6 y 8 meses, continúa desaparecida. Raúl fue asesinado y su cuerpo llevado a la Jefatura de Policía en agosto de 1977. No se sabe qué se hizo con él.

La defensa de María Elena está basada en demostrar que el matrimonio Araldi-Oesterheld no vivió en aquella casa. Que la propiedad había sido adquirida por la madre de María Elena en 1979 y que la imputada fue a vivir en aquella casa recién en 1980. Pero las contradicciones en los hechos y en las declaraciones de los testigos presentados por la defensa oficial muestran una historia llena de grietas.

Por parte de la querella se presentaron a Julio César Marini y Guillermo Delgado. El primero aseguró que su padre les alquilaba la casa a los Araldi y que Guerra se instaló allí junto a Heriberto Albornoz en 1976. Guillermo Delgado, por su parte, habló de la investigación periodística que había llevado adelante según la cual esto había sido como lo relató el señor Marini. Entregó además una fotografía de Fernando junto a su madre tomada en aquel año en el interior de la casa. En esa fotografía, que el tribunal aceptó como prueba y concedió una inspección ocular en la propiedad, se puede observar el embarazo avanzado de Diana.

Ciro Lo Pinto, defensor oficial, aseguró que tenía pruebas y testimonios que daban cuenta de que Guerra no vivió en esa casa sino hasta 1979 y entre jueves y viernes presentó sus testigos. Primero fue Aurelia del Carmen Z. vecina de la zona que conoce a la señora Alcira Guerra (madre de la imputada). Dijo que habían compartido retiros espirituales, que era “una señora muy de la Iglesia como yo” y que se había instalado en la casa tras haberla comprado en 1979. También aseguró que la casa había estado abandonada, que era un lugar por donde ingresaban delincuentes por lo que la llegada de la señora Guerra había traído alivio  al barrio. Esta testigo confirmó los dicho por Lo Pinto ya que contó que Alcira estuvo viviendo sola un poco más de un año y que luego llegó a vivir a aquella casa la imputada María Elena Guerra.

El fiscal Leopoldo Peralta Palma le hizo algunas preguntas y las respuestas de la testigo contradecían todo lo probado en el juicio de Jefatura I. Negó rotundamente que allí haya vivido el matrimonio Araldi, que luego haya estado Albornoz conviviendo con María Elena Guerra, que se hayan llevado muebles en un vehículo identificado como de la policía. Ante esto el fiscal pidió fehacientemente que se la detenga por falso testimonio y un careo con Julio Marini, ocasión en la que ambos se mantuvieron en sus dichos.

El jueves se terminó por suspender la audiencia ya que, según informó el personal de salud encargado de atender a los imputados, María Elena Guerra se encontraba con un leve cuadro de hipertensión ocasionado por la situación de stress que vivió.

Las declaraciones de Guillermina G. Enriqueta del Valle P, Mirta y Elba L. no aportaron mayores detalles. Todas estas vecinas dijeron conocer a Guerra del barrio o de la Iglesia, ninguna está segura cuándo fue a vivir en la zona ni saben cómo adquirió la propiedad. Las preguntas del defensor oficial que presentó estas testigos recibieron como respuesta un “no sé”, “no la conozco tanto”, o “casi no tuve trato con ella”

La declaración de Ema Filomena F. fue la que más llamó la atención. Aseguró que había trabajado durante 10 años con la señora Guerra, a la que se refería como “la viejita”, pero no recordaba su nombre ni sus características personales. Dijo que en 1976 empezó a trabajar limpiando esa casa tres veces a la semana, que la casa nunca se había deteriorado, que luego fue a vivir su hija y que dejó de trabajar allí un tiempo antes de que “la viejita” muera. Cuando se le preguntó hasta que fecha más o menos trabajó dijo que no recordaba con exactitud pero que fue en 1986.

La querella manifestó que Alcira Guerra había fallecido en 1980 y pidió que se la detenga por falso testimonio. El defensor Lo Pinto adujo que “es normal confundirse las fechas cuando han pasado tantos años, tal como les sucede a las supuestas víctimas”.

“Lo único que quisiera es saber dónde está”

Ese es el pedido que familiares de desaparecidos hacen una y otra vez. Algunos de ellos todavía pueden ir a las marchas, estar presentes en el juicio. Otros, los que son testigos, lamentan no poder presenciar las audiencias pero esperan y una vez que declaran se quedan a mirar a la cara a los imputados. Pero existen otros que no llegaron, que buscaron toda su vida y cuando la muerte llegó no solamente no encontraron a su gente sino que tampoco pudieron contar lo que vivieron en un juicio.

“Este pañuelo que llevo en mi cabeza era de mi suegra”, dijo Azucena del Valle B., testigo de la desaparición de su esposo Antonio Domingo Paz. Antonio, de 27 años de edad, trabajaba en la fábrica textil Escalada en la localidad de Los Ralos y desapareció como muchos otros compañeros del lugar. Además era estudiante de Ciencias Económicas, cursaba 3° año y tenía un hijo de 4 años.

Josefa Andrada y Susana Chamas contaron, cada una a su manera, lo que vivieron cuando sus respectivos hermanos no volvieron a la casa. Carlos Andrada se habría encontrado con su amigo José Chamas en un bar a tomar algo antes de entrar a la academia donde estudiaba dactilografía. Ese bar en la esquina de Junín y Santa Fe fue el último lugar donde fueron vistos. Ambos habían sido compañeros durante el servicio militar y mantenían una relación de amistad después de haber cumplido aquel período.

Ninguna de las dos supo nada por mucho tiempo. “Simplemente se ha esfumado”, dijo Josefa. Años más tarde un vecino ex policía Juan Benito Moya le aseguró que lo había visto en Jefatura pero que “él no podía hablar porque su vida corría peligro”.  A Susana en cambio el dato le llegó por un taxista vecino que vio cuando a José y a Carlos los subían un vehículo de las fuerzas policiales. Y en una de las tantas gestiones que hizo para dar con el paradero de su hermano Susana contó que la presionaron, le gritaron y le exigieron que firme una declaración asegurando que a su hermano lo secuestraron los guerrilleros.

“Tenía terror”

Víctor S. dijo que después del secuestro de Wilfredo Rodríguez lo tuvo que acompañar a la comisaría a retirar su documento porque “tenía terror”. Marta Silva por su parte contó que cuando se llevaron a su hermana María Ester Silva lo hicieron delante de su hijo, al que luego internaron en un hospital psiquiátrico. El niño tenía síndrome de Down y el momento del secuestro fue sumamente desconcertante para él.

Pedro Roberto C. era ayudante estudiantil en la Facultad de Ciencias Exactas. Fue secuestrado y durante ese tiempo pudo “pasarse nombres” con una de las personas con las que estuvo encerrado. Se trataba de Raúl Edgardo Elías. Pedro habló de su secuestro, las vendas, las esposas, las picanas en las sienes, las patadas con las que los despertaban tras haberse desmayado al no resistir la descarga eléctrica. Los interrogatorios, que incluían todo lo anterior, por los nombres de compañeros, conocidos y hasta gente que no conocía. Las secuelas, esas marcas imborrables que lo acompañan de por vida. Marcas como el terror que tenía Wilfredo o los traumatismos acumulativos de columna vertebral que el mismo Pedro contó que tiene.

La diferencia entre venganza y justicia es una construcción que los familiares y amigos de desaparecidos y sobrevivientes construyeron en años de búsqueda. La diferencia entre el odio y el dolor está presente cada jueves y viernes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. “No queremos la tortura ni la muerte de estos personajes” había dicho en su momento María Cristina Soldati “sino la justicia, y que la sociedad sepa lo que hicieron” continuó.“En semejante oscuridad no podemos seguir adelante”.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar